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Tras la orden de la Fiscalía colombiana de embargar el 82% de las acciones de Inassa en Triple A

La Comunidad de Madrid recurrirá el embargo de Inassa
Americaeconomica.com / 05-10-2018
Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid

Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid

Tras la orden de la Fiscalía colombiana de embargar el 82% de las acciones de Inassa en Triple A de Barranquilla; el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Pedro Rollán, ha anunciado hoy que el Canal de Isabel II planteará "los recursos y la defensa que corresponda" para "defender el patrimonio de los madrileños". 


En esta línea, Rollán, quien es además presidnte del Consejo de administración del Canal de Isabel II, matriz de Inassa, ha explicado que la Comunidad va a plantear los recursos necesarios, siempre "desde el máximo respeto a la justicia".


Asimismo, a través de un comunicado, desde el propio Canal de Isabel II se ha manifestado hoy la "enorme preocupación" de la entidad "por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas adoptadas por la Fiscalía de Colombia para los servicios públicos esenciales que su filial lleva prestando desde hace 17 años en el distrito de Barranquilla con total eficiencia y responsabilidad".


Y es que ayer mismo, en el marco de una investigación que tiene como fin esclarecer la sustracción de recursos de la citada compañia de servicios públicos  de Barranquilla; el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció que Triple A quedaba bajo la administración del Gobierno nacional y del Distrito de Barranquilla.


Con todo, Martínez Neira recalcó que ahora el Estado colombiano habrá de "decidir quién se encargará de la administración de una empresa” cuyas acciones requisadas ascenderían a un valor de más 200.000 millones de pesos colombianos (unos 58 millones de euros).


En este sentido, el fiscal destacó que a partir de que las acciones queden a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dicha entidad estatal podrá vender las acciones incluso cuando aún no se haya extinguido el dominio de las mismas.


De acuerdo con el material probatorio que tiene en su poder la Fiscalía colombiana, desde el año 2000 hasta el 2017 se detectaron dentro de la Triple A aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habrían causado un detrimento patrimonial del orden de 236.853 millones de pesos.
 
La supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica nunca se habría producido y, en su lugar, se habría producido una desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, utilizando las sociedades Canal Extensia S.A. –empresa del Grupo Español Canal Isabel II– y Slasa (compañía panameña), a través de giros a una cuenta de compensación en Miami.