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POLÍTICA Ecuador

El referéndum constitucional de Correa divide Ecuador

Americaeconomica.com / 01-02-2011
La decisión del presidente ecuatoriano de convocar un referéndum y una consulta popular para reformar la constitución ha ahondado en la bipolaridad política. Su pretensión de sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica así como de limitar el poder económico de los empresarios financieros y de la comunicación, ha provocado la dimisión de dos ministros. A día de hoy, el 57% de los ecuatorianos apoya la reforma, lo que da cuenta de la división en el país.

El referéndum constitucional es, según el propio Gobierno, una consecuencia de la preocupación popular en relación a la seguridad ciudadana. La reforma de la Constitución, centrada principalmente en cuestiones judiciales, buscaría que “la ley la que establezca los plazos razonables para esa caducidad de la prisión preventiva y evitar que los jueces establezcan medidas alternativas ante delitos graves”.

Sin embargo, las medidas que más polémica han causado son las referentes a los medios de comunicación y al Poder Judicial. Como expone el texto que de presentación del referéndum, el Gobierno pretende “sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial”.

Además, aspira a “modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial”. Correa explicó que la idea es establecer un consejo con cinco miembros presidido por el presidente de la Corte Nacional, el fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, un delegado del Ejecutivo y uno del Legislativo, porque ”la justicia es responsabilidad de todos”.

Según Infolatam, con respecto a los medios, el gobierno de Rafael Correa busca “prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”.

La división dentro del país parece clara. A las últimas encuestas, que aseguran que el 57% de la población se muestra favorable a aprobar la reforma, hay que sumarle las últimas deserciones en la ejecutiva ecuatoriana. Tres ministros y cuatro parlamentarios del partido del Gobierno han presentado su dimisión por, según han asegurado, discrepancias con la consulta.
La más significativa fue la marcha de los secretarios de Pueblos, Alexandra Ocles, y de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, por su pertenencia al movimiento Ruptura de los 25, aliados de Correa desde 2005 y que encarna a los “forajidos”, los grupos que lideraron las protestas durante la caída de Lucio Gutiérrez.

Los abandonos son considerables. Representan a la izquierda ecuatoriana que, a diferencia de la oposición, ha venido estando unida hasta este momento.