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Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador
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El presidente de El Salvador declara el estado de emergencia ante el déficit fiscal

Americaeconomica.com / 11-10-2016
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, declaró a su gobierno en estado de emergencia ante la situación de carácter coyuntural expresada en una falta de liquidez en la caja única del Tesoro Público, resultado de un déficit histórico.

El jefe de Estado puntualizó, a través de la televisión nacional, “que este problema debe atenderse a través de acuerdos entre los distintos sectores políticos para evitar consecuencias negativas de mayores dimensiones”.

“Es por eso que, como presidente de la República, ante la nación y en el marco de mi política de diálogo abierto y permanente, quiero anunciar, proponer e impulsar una serie de medidas, entre ellas declararnos en emergencia como gobierno”, anunció el mandatario.

Esta decisión permitirá que, antes de cerrar este año, su gobierno pueda atender, discutir y construir los mejores acuerdos que permitan las salidas pertinentes en temas como la aprobación de la emisión de bonos por 1.200 millones de dólares para enfrentar la falta de liquidez y responder a los compromisos de corto plazo del Estado, aseguró.

Subrayó que su administración está dispuesta a consensuar para aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal junto con todas las fuerzas políticas.

Al mismo tiempo, presentó ante la Asamblea Legislativa un Presupuesto Nacional para el próximo ciclo fiscal 2017 con un enfoque cuidadosamente equilibrado, que garantiza el cumplimiento de las políticas de desarrollo social de su plan quinquenal.

Este Plan responde a los grandes desafíos en materia de seguridad, un presupuesto que fortalece el compromiso con la austeridad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado, acotó.

“Tengo la expectativa que este presupuesto, por su solidez, cuente con el mayor respaldo político de las distintas fuerzas que integran la Asamblea Legislativa y se apruebe en el tiempo oportuno”, exhortó el dignatario.

Explicó que el conjunto de medidas fiscales que acuerden, debe integrar una visión que promueva el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.

“La mejor medida fiscal para los próximos años es hacer crecer la economía y la productividad para generar más y mejores empleos, como, además, continuar con el combate a la evasión y elusión fiscal”, enfatizó.

El jefe de Estado anunció una segunda línea de acciones para estimular el crecimiento económico, la productividad y el empleo dentro de ellas “con carácter de urgencia” avanzar en los procesos de simplificación de trámites y promover un mejor clima de negocios y aprovechar las oportunidades de inversión nacionales y extranjeras.

Añadió que también su gobierno potenciará la puesta en marcha de los Asocios Público-Privados, que estimulen a corto y mediano plazo la inversión y el empleo.

Recalcó que “por la importancia y el impacto que tiene para el país el sistema de pensiones, es urgente establecer un acuerdo para corregir el actual sistema previsional”.

“Es conocido que el actual sistema privado es inviable e insostenible y necesita una reforma que garantice con certeza el pago de las pensiones a nuestros jubilados y avancemos a que este derecho sea universal”, manifestó.

Precisó que en representación de su gobierno constituyó “un equipo permanente de diálogo y negociación para alcanzar acuerdos, bajo la coordinación del secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana”.

El funcionario estará acompañado del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; la ministra de Salud, Violeta Menjívar, y la diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña.

Recordó que el país avanza con estabilidad y crecimiento económico, ruta positiva la cual se debe al intenso trabajo de su gobierno con el acompañamiento de todos los sectores.

En estos dos años de mandato la economía del país ha crecido de manera sostenida, de 1.4 a 2.5 por ciento, precisó el presidente.

Aseguró que esta situación tendrá mejores perspectivas en la medida en que se fortalezca la política de diálogo permanente, para así elevar la calidad de vida de la familia salvadoreña.
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