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EL NUEVO MODO
Economía transicional (VII)
Santiago José Guevara García*
La relación entre lo político y lo económico en la transición democrática. Para abordar este tema, altamente resuelto por la investigación; o sea, protegido de la discrecionalidad y la improvisación, son necesarios dos atributos esquivos: equilibrio y sincronización. Equilibrio ponderado entre lo económico, lo político y otras esferas; para lo cual, lo primero actúa como componente de facilitación de lo segundo, que es lo prioritario. Y sincronización, para decidir la muy fina y compleja mezcla entre decisiones democratizadoras y cambios en los fundamentos del sistema económico. Nada fácil y en un contexto que no internaliza el tema, pleno de riesgos y acechanzas.

Las reformas legales van antes que nada. Pero, deben ser muy bien formuladas, para poder ser profundas. En nuestras hipótesis, hay dos de naturaleza económica en la posición de inicio del proceso: 1ª) una profunda revisión y adecuación de los temas de los derechos de propiedad y 2ª) la reconceptualización del trabajo. Paralelamente se deberá estar trabajando principalmente en las reformas políticas e institucionales generales; sobre todo, las que preserven al sistema general de riesgos y disfuncionalidades.

En nuestros planteamientos, los derechos de propiedad no admiten mixtificaciones, condicionamientos, supervisión o regulaciones “prudentes”. Ellos deben ser plenos y firmes. Lo cual no significa que no se armonicen inteligentemente con los fines colectivos o sociales. Pesa, para el asunto, una larga y pesada tradición de estatismo y minusvalía de la sociedad frente al omnipotente Estado. Cómo cumplir la tarea es tema para reflexiones posteriores.

El par derechos de propiedad/reconceptualización del trabajo debe ser, entonces, en nuestra propuesta para Venezuela, la primera adecuación selectiva de la transición en la esfera económica. Ameritan una mínima explicación. Sobre todo el segundo componente y la relación entre ambos.

Vayamos a lo primero. El trabajo no vale en sí mismo, sino en su relación, al menos con la constante inversión en capital, los avances tecnológicos y un marco institucional proactivo. La combinación de ellos es la gran explicación económica del progreso de la riqueza social. Es una versión actualizada de los viejos planteamientos del Nobel Solow sobre la función macroeconómica de producción. Él mismo debe ser entendido en términos de capital humano de calidad y creciente. Eso compromete importantes componentes del gasto social. Debe dejarse de tratarlo como un minusválido, a proteger. Debe ser entendido como uno de los cuatro factores explicativos del progreso, para lo cual lo que toca es potenciarlo y permitirle su máxima productividad.
El otro ámbito de necesaria actuación es el de los cambios en la legislación laboral. Es un tema directamente ligado a incentivos: se debe pasar de incentivos perversos, o desincentivos, a positivos. La situación arrastrada es de grandes desincentivos de naturaleza cultural, social e institucional. Mucho más después de la masiva dosis de incentivos parasitarios de la “política social” actual. Como dicho, es un recurso necesitado de cambio de paradigmas: del proteccionismo al impulso.

Claro que una normalización o mejoramiento sostenido de la economía productiva cambia el contexto para el análisis del tema. Asuntos como la inamovilidad, la retroactividad, la Lopcymat, la nueva Ley, etc., hacen rígido y costoso el factor trabajo. La calificación de faltas, por ejemplo, es una posibilidad anulada por la práctica. También contribuiría al cambio, el gran secreto: las ganancias de los trabajadores por la vía de la productividad. Los incentivos a ella deben ser asunto a generalizar. La debilidad del crecimiento a mediano o largo plazo hace depender el tema salarial de la inflación y no de la productividad, lo cual crea una indexación inconveniente. De nuevo, desincentivos. Es apoyarse en el fracaso y no en el éxito. Mal incentivo cultural.

Ahora, vayamos a lo segundo. Lo concerniente a la relación entre los dos factores debe resolverse con el concepto base de la retroalimentación positiva: las ganancias de productividad en uno inducirán progresos en el otro. Establecidos los derechos de propiedad y la nueva conceptualización del trabajo hemos avanzado mucho en el camino de la riqueza social. Queda un punto a tratar en términos de ingeniería institucional.

Hemos dicho que el término clave en la relación entre derechos de propiedad y trabajo revalorizado y los intereses colectivos o sociales es armonizar y no limitar. Es un asunto de la relación entre derecho económico y derecho social. Las normas para la realización de ambos deben definirse de manera muy precisa y los procedimientos para diferendos deben ser de alta eficiencia y no una maraña intraficable de complicaciones. El recurso a instancias profesionales para la mediación y el arbitraje deben privilegiarse frente a la vía ordinaria del litigio.

Pues bien: referimos en este artículo dos importantes factores de producción –y gente con proyectos de futuro- de crucial importancia para la generación de nueva riqueza. Ambos sufren de importantes rezagos y anomalías en nuestro caso nacional. Es sólo un comienzo. Los cambios y las reglas institucionales firmes son necesarios. Toca impulsarlos.

* Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
sjguevaragarcia@gmail.com / @SJGuevaraG1
 
2012-07-27
 
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