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POLÍTICA México

El secretario mexicano de Hacienda renuncia en plena ofensiva panista contra la española OHL

Americaeconomica.com / 09-09-2016
Luis Videgaray, secretario mexicano de Hacienda

Luis Videgaray, secretario mexicano de Hacienda

El presidente mexicano ha perdido a uno de los miembros de gabinete de más estrecha confianza: el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Éste ha renunciado al cargo de manera inesperada en plena ofensiva de sus opositores panistas en el Senado por el supuesto trato de favor concedido por el Gobierno del país a la española OHL.

La renuncia del hombre fuerte de Enrique Peña Nieto ha llegado con la polvareda levantada tras el encuentro de este último con el candidato presidencial estadounidense Donald Trump. Una cita detrás de cuya preparación habría estado el mismo Videgaray del que seis senadores panistas exigían explicaciones por la supuesta connivencia con las “violaciones de OHL México y sus subsidiarias a la Ley del Mercado de Valores”, tal y como recoge la Gaceta oficial de la Cámara Alta mexicana.

Como si se tratara de una premonición de lo que podía estar por venir, los seis senadores del Partido Acción Nacional (PAN) habían registrado su propuesta para debate en el Senado de la República como “punto de acuerdo con carácter de urgente resolución”. Tras considerar las multas que OHL México ha recibido en el país latinoamericano por discrepancias con el supervisor de los mercados, así como ciertas incoherencias en sus libros de contabilidad con respecto a los de las administraciones públicas licitantes, los opositores al equipo de Peña Nieto centraban sus sospechas en la reciente ampliación de la concesión de la autopista Amozoc-Perote.

El tercer punto de acuerdo propuesto por los panistas planteaba que el Senado exhortase “respetuosamente” a Videgaray, en su condición de secretario de Hacienda y Crédito Público, a informar del “estado que guarda el proceso de análisis que lleva a cabo para determinar si denuncia o no penalmente” las ilegalidades que atribuyen a la concesionaria española. Juntamente con el dimitido ministro, en equivalencia a los cargos del Gobierno español, se requería también la rendición de cuentas del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Función Pública.

Los firmantes de la solicitud fueron Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel y Héctor David Flores Ávalos, según recoge la Gaceta del Senado de la sesión del pasado 6 de septiembre. En ella se apunta al “alcance” y “resultados” de las auditorías sobre la contabilidad de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, la principal vía de peaje del país norteamericano que desembocaron en la exigencia de la CNBV de publicar una contabilidad proforma además de una primera multa que luego se ha seguido de otra por desavenencias con la administración en el registro de inversión del Viaducto Bicentenario, otro de los proyectos emblemáticos de OHL en la nación azteca.

En el texto de la propuesta, los senadores panistas acusaban a la presidida por Juan Villar Mir de Fuentes de “reclamar de manera infundada sobrecostos en los proyectos a su cargo” como “comportamiento habitual”. Una situación que explican habría tenido lugar ya en lugares tan distantes como Canadá, Argelia, Catar, Gibraltar y “la propia Comunidad de Madrid”. Una situación ante la que denuncian la pasividad de las autoridades mexicanas donde más allá de la sanción de la CNBV “no parece que otras autoridades estén investigando a esta empresa”, recoge el documento registrado el 2 de septiembre para su trámite en la Cámara Alta para su tratamiento cuatro días después.

Estas acusaciones se suman a las que hace apenas una semana lanzaba Infraiber, la firma mexicana de conteo de tráfico rodado que se ha convertido en el azote de OHL en el país. La sociedad acusó al secretario de Transporte, Gerardo Ruiz Esparza de haberse saltado la ley vigente desde el pasado 8 de junio para ampliar la concesión a la concesionaria española en la Amozoc-Perote sin haber requerido la “opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto” de un experto independiente ni contar con un informe en detalle de “las contraprestaciones que el concesionario debe pagar” o el pertinente programa de inversiones a futuro que exige la norma.