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Se espera avanzar hacia el cierre definitivo de las negociaciones para modernizar el TLCUEM

La UE y México abordan sus diferencias en torno a 340 denominaciones de origen
Americaeconomica.com / 08-01-2018
Bandera de México

Bandera de México

Hoy comienza en Ciudad de México la octava ronda de negociación para modernizar el tratado de libre comercio entre el país azteca y la Unión Europea (TLCUEM). Unas conversaciones que se extenderán hasta el próximo 17 de enero y abordarán como uno de sus principales asuntos las exigencias del bloque comunitario en materia de denominaciones de origen. 

En concreto, la UE solicita que México reconozca hasta 340 denominaciones que afectan a productos como quesos, cervezas, vinos, licores y embutidos. Por ejemplo, tan sólo en materia de lácteos, el bloque comunitario ha exigido la exclusividad en 57 denominaciones, según cifras que recoge el diario Milenio. 


Y es que, después de cerrar acuerdos ya en seis capítulos, la propuesta europea de reconocer sus denominaciones de origen se presenta como el principal inconveniente a ese nuevo acuerdo que busca impulsar con un nuevo marco un TLCUEM que, durante sus  17 años de vigencia, ha triplicado el intercambio comercial entre México y la UE desde los 20.800 millones de dólares a 61.700.


Asimismo, según cifras que recoge EFE, las empresas con capital de la UE fueron responsables del 35,9% de la inversión extranjera directa recibida por México en dicho periodo. Pero desde los dos bandos se considera que ha llegado el momento de ir más allá. Y que el nuevo impulso no podría ser más oportuno ante la amenaza involucionista en materia de apertura comercial que ha supuesto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.


Así, en esta nueva ronda se espera avanzar hacia el cierre definitivo de negociaciones y el acuerdo político llegará, previsiblemente, durante los primeros meses de 2018; pese a que también existen avances pendientes en materias como acceso a mercados de bienes, obstáculos técnicos al comercio, mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación pública o empresas propiedad del Estado.


O a que también quedan por tratar asuntos como subsidios, comercio de servicios, inversión, mejoras en el proceso de solución de diferencias comerciales, anticorrupción y aspectos legales e institucionales.