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POLÍTICA Argentina

Los empresarios agrícolas argentinos aún esperan un gesto de Cristina Fernández

Americaeconomica.com / 19-01-2011
Los empresarios agropecuarios de Argentina no descartan que la presidenta del país, Cristina Fernández, dé un paso más hacia la reconciliación. Si bien esta semana el sector no comercializa cereales como muestra de rechazo a la política del gobierno, esta ‘huelga’ no es más que una demostración de su capacidad de hacer daño pero sin hacerlo. Además, los resultados de las encuestas electorales muestran una intención de voto del 34,6% para la mandataria en caso de que se presente a los comicios presidenciales del próximo mes de octubre. Aquí se puede encontrar la clave del siguiente movimiento de la presidenta, sin que nadie sepa si será a favor o en contra de dicho gremio.

El pasado lunes 17 de enero comenzó un paro total en las ventas de cereales y soja en Argentina que continuará hasta el próximo domingo 23. Una semana en la que las patronales del sector agroalimentario protestan contra las trabas a las que se enfrentan a la hora de vender sus cosechas de trigo.

Los analistas consultados por esta publicación han comentado que las consecuencias que tendrá dicha huelga son bastante escasas. “Esta semana, no habrá venta de cereales. Sin embargo, no provocará ningún problema económico ni en el ámbito nacional ni en el internacional. En una semana, no daría tiempo. Por lo tanto, ha sido más una demostración de fuerza, una medida política sin mayores consecuencias”, ha declarado a Americaeconomica.com Rafael Aldazábal, presidente de la casa de valores argentina Aldazábal.

Con la ‘huelga’, los empresarios agrícolas intentan que el gobierno de Cristina Fernández libere por completo las exportaciones, algo que hoy está sujeto a una serie de cupos máximos y que sólo pueden realizar las grandes compañías molineras, empresas a las que los productores venden sus cosechas por un precio que resulta, más bien, simbólico.

Las patronales del gremio aseguran que, si bien los pequeños productores de trigo deberían vender la tonelada a 900 pesos (169 euros), los grandes molinos productores de harina y los exportadores se la compran a 650 o 700 pesos (entre 122 y 131 euros).

El gobierno alega en su defensa que los recortes a las exportaciones ayudan a controlar la inflación y mantienen el mercado abastecido. Es decir, limita la venta al exterior del trigo con la finalidad de controlar el precio del pan en el mercado interno. Por el bando contrario, los agricultores consideran que les impiden aprovechar la alta demanda mundial y mantienen los precios demasiado bajos, y aseguran que el objetivo del gobierno queda lejos de cumplirse.

Los expertos consultados por este diario han explicado la situación. Argentina ha tenido este año una cosecha de trigo que ronda los once millones de toneladas. Aproximadamente cinco millones irán a parar al consumo interno, por lo que hay entre seis y siete millones exportables. El exceso de oferta ha hecho que el precio del trigo baje considerablemente en el mercado interno, a lo que se suma la escasez de compradores de las cosechas y el mal precio que pagan las compañías molineras y las exportadoras.

El pasado 13 de enero, el gobierno de Cristina Fernández autorizó la exportación a los productores de tres millones de toneladas, sin embargo esto no era suficiente para los empresarios del gremio, quienes piden la liberalización total. Aldazábal ha expresado a este diario que “la autorización del gobierno no es más que un acto propagandístico para ganar popularidad”.

Ese mismo día, las patronales del sector declararon la protesta que se extiende durante esta semana. Este paro en las ventas no se prolongará más allá del próximo domingo, según ha confirmado el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. Sin embargo, el responsable ha comentado a la prensa nacional que “si el gobierno no cambia de actitud y toma medidas para liberar las exportaciones de trigo” en las próximas dos semanas, planean otro tipo de iniciativas. Una de ellas es ir a todas las delegaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ofrecer el pago de sus impuestos con granos de trigo y con tractores.

Por su parte, el ministro de Agricultura de Argentina, Julián Domínguez, ha llamado a las patronales a “desterrar los desencuentros y profundizar en el diálogo”. “Yo me he propuesto ser parte de la solución de ese paro y no del problema. Reconocemos que el productor no recibe el precio que tiene que recibir”, ha declarado el titular de la cartera.

Las patronales se han revelado contra el gobierno de Cristina Fernández cuando quedan menos de diez meses para las próximas elecciones generales. La oposición del sector agrícola pude entorpecer la carrera de la mandataria hacia su reelección, en caso de que finalmente decida presentar su candidatura, algo por lo que los expertos apuestan. En el año 2008, una prolongada protesta por un alza de impuestos a las exportaciones de soja, la principal riqueza del país, le causó una dura derrota en las elecciones legislativas del año siguiente a la presidenta.

Sin embargo, la encuesta realizada por la empresa Ibarómetro, una de las compañías líderes del país en la medición de opinión pública, económica y social, da una intención de voto del 34,6% a Cristina Fernández en los comicios del próximo mes de octubre. Su rival más inmediato y anterior alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, recibiría un 18,1%, mientras que Ricardo Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical, lograría un 9,1%. Estos resultados podrían esconder la clave de la senda a trazar a partir de ahora por la mandataria en lo que respecta a su conflicto con el sector agrario.