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POLÍTICA Argentina

Cristina Fernández usa los casos de evasión fiscal como nueva arma en su guerra contra los empresarios agrícolas argentinos

Americaeconomica.com / 22-03-2011
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha anunciado la suspensión del registro de operadores a tres cerealeras por haber triangulado operaciones utilizando paraísos fiscales. Las compañías señaladas son Louis Dreyfus, Bunge y Oleaginosa Moreno, que en adelante tendrán serias dificultades para operar en el mercado interno argentino. Por otra parte, la justicia federal ha detenido a 16 personas vinculadas con el sector acusadas de evasión fiscal por una cuantía e 430 millones de pesos (76 millones de euros).

"Las cerealeras realizaban triangulaciones nocivas de operaciones, utilizaban paraísos fiscales y registraban maniobras financieras con el exterior", ha asegurado la AFIP en un comunicado público sobre el caso de las empresas suspendidas. De esta forma, 3 nuevas empresas se unen a ADM Argentina SA, Cargill SA y Alfred C. Toepfer Int. Arg, que ya habían sido sancionadas con anterioridad. Ahora las cerealeras deberán regularizar su situación ante el fisco. En caso de no hacerlo, serán excluidas del Registro de Operadores de Granos, un pilar para el control de la evasión por parte del ente recaudador.

Analistas consultados por Americaeconomica.com consideran que esta es una medida de fuerza más para que las cerealeras regularicen sus cuentas. Desde el punto de vista impositivo, si una firma está suspendida del registro de operadores de la AFIP, las retenciones del impuesto a las Ganancias se mantienen igual, pero aumentan las de IVA. Es decir que si normalmente al vendedor le retienen el 2% de Ganancias sobre el excedente por encima de 12.000 pesos y un 8% en el caso del IVA, cuando la empresa está suspendida se le retendrá el mismo porcentaje de Ganancias, pero el 10,5% del IVA.

Por el contrario, en cuento a las exportaciones que pudieran emprender las cerealeras suspendidas, los impuestos se mantendrían igual, por lo que la medida de fuerza no tendría un impacto serio en este caso. Ahora bien, la AFIP podría ampliar las medidas punitivas si considerase que la declaración de beneficios de la cerealera no es correcta. En ese caso, el impuesto sobre las Ganancias se elevaría hasta el 15% y en cuanto a las exportaciones, pasaría por el filtro de Aduanas, lo que incrementaría notablemente el costo de las operaciones.

En otro orden de cosas, aunque en el mismo contexto de presión a las empresas agrícolas, la Justicia de la región de Córdoba ha desmantelado hoy un grupo económico que habría comercializado 650.000 toneladas de soja y maíz en el mercado negro. Dicho negocio habría alcanzado un valor de alrededor de 430 millones de pesos (76 millones de euros). Como resultado, 16 miembros de la empresa podrían ser detenidos.

Según el comunicado oficial, "la investigación apunta a un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile". "El grupo económico investigado registró un importante y llamativo crecimiento patrimonial en los últimos años, con la incorporación de dos plantas de acopio y procesamiento de soja y maíz, dos grandes granjas destinadas a la cría de aves, una flota de 70 camiones destinados a la logística de cabotaje e internacional y autos importados en los que se movilizan los empresarios", señala el comunicado.

Cristina Fernández viene manteniendo una relación tensa con el campo. A inicios de mes acuso de “evasores” a los empresarios agrícolas, mientras que desde el sector se han llevado a cabo multitud de movilizaciones en protesta contra las medidas de la presidenta argentina.