La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela decretó el pasado 12 de agosto la emergencia nacional para llevar a cabo la reorganización de todos los órganos del Poder Público. La decisión provocó las críticas de los partidos de la oposición, que han acusado a la ANC de estar institucionalizando la anarquía y un golpe de estado.

Herman Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC (elegida ese mismo día para ir redactando la nueva Carta Magna), precisó que no se trata de declarar el estado de emergencia en Venezuela, sino la emergencia institucional, "por lo que no hay necesidad de suspender los derechos y garantías sociales y económicas, tanto colectivas como individuales".

De esta manera, el Gobierno trató de tranquilizar al sector privado, que se mostró preocupado ante una posible violación de sus derechos. Escarrá declaró además que si el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no aprueba la Ley de Protección a las Inversiones cuando la ANC ponga en marcha la emergencia nacional, la Asamblea emitirá un decreto de "Garantía a las inversiones nacionales y extranjeras".

El Decreto de Declaratoria de emergencia nacional considera que "la República vive una grave crisis política, económica, social, moral e institucional que ha colapsado a los órganos del poder público y mantiene a la población en un inaceptable estado de pobreza que vulnera sus derechos humanos elementales (...). La crisis institucional es de carácter estructural e influye en la imposibilidad de que dichas instituciones puedan superar la crisis por sí mismas". Por todo ello, "la ANC declara la reorganización de todos los órganos del Poder Público".

La ANC se reservó también la potestad de decretar otras medidas complementarias para enfrentar "situaciones específicas de la reorganización y dispondrá la intervención, modificación o suspensión de los órganos de poder que considere necesario", entre ellos el Poder Judicial, el Congreso, las gobernaciones, los organismos públicos y el propio Gobierno, "para reconstruir la República en el marco de los valores democráticos".

El constituyente Nicolás Maduro aseguró que la ANC tiene autoridad para dictar medidas de "prohibición de salida del país" para los dirigentes sindicales y gremiales que puedan haber incurrido en actos de corrupción y que se va a proceder al saneamiento y democratización del movimiento gremial y sindical. "En Venezuela no existe democracia sindical y la participación de los trabajadores en los sindicatos no es respetada", opinó Maduro.

Por su parte, Chávez, juró en un acto simbólico su cargo como presidente de la República el pasado 11 de agosto. El juramento lo realizó frente a la ANC "quien representa el poder Soberano del pueblo" y no ante ningún texto constitucional, como es costumbre.

En esta ceremonia, el presidente denunció la existencia de una campaña de desprestigio de Venezuela en los medios de comunicación internacionales, que presentan a los venezolanos como una "horda de salvajes" y anunció la creación de una oficina especial encargada de contrarrestarla.

La Bolsa venezolana ha agudizado en las últimas jornadas su caída, lo que le ha llevado a perder más de un 2% anual al cierre de esta edición, frente al 10% que ganaba hace tan sólo un mes.

VNZ 13/08/99