Martes, 21 de agosto de 2001

Argentina puede y debe salir de la crisis

Por Guillermo de la Dehesa*

El Plan de Convertibilidad de 1991 que permitió a Argentina salir de una tasa de inflación del 3.000% y de una situación social y económica realmente caótica para adentrarse en un periodo de alto crecimiento, elevada productividad y baja inflación, se ha convertido en un corsé con efectos muy negativos para la competitividad de su economía productiva.

A pesar de que los costes laborales, ajustados por la productividad, han caído un 45% en este largo periodo de éxito, la fortaleza del dólar, que se ha apreciado un 27% respecto del euro, desde 1999, y la depreciación del real brasileño en cerca de un 60% respecto del dólar han dificultado la capacidad de exportar y competir de la economía argentina.

Aunque el Plan de Convertibilidad ayudó a Argentina a soslayar el "efecto tequila" bastante mejor que otros países de la región, la crisis asiática y su efecto de contagio a otros continentes como el latinoamericano, unido a la perdida de competitividad, terminó por llevar a Argentina a una recesión de la que aún no ha salido. Dicha prolongada recesión ha puesto en evidencia la capacidad de pago de su deuda que, a consecuencia del aumento del "riesgo país", se acerca ya al 50% del PIB y ha llevado a los mercados a retirarle su confianza y a que no disponga de mas crédito.

Se ha pasado, por circunstancias, en buena parte externas, de un periodo de círculo virtuoso a otro de círculo vicioso. El Plan de Convertibilidad permitió a Argentina ganarse la credibilidad de los mercados y de sus ciudadanos y por tanto, crecer desde entonces un 230% en dólares, pero más tarde, al cambiar las condiciones externas, ha introducido a Argentina en un periodo de recesión que dura ya tres años.

El dilema actual consiste, primero, en cómo ganar competitividad sin perder credibilidad, es decir, en cómo volver al círculo virtuoso sin devaluar o abandonar la convertibilidad y, segundo, en cómo asegurar el pago de la deuda para recuperar la confianza, reducir el riesgo país y volver a crecer. El primero es un problema más estructural y el segundo más cíclico, pero ambos están estrechamente interrelacionados.

Las alternativas convencionales, es decir, la devaluación o dejar de pagar la deuda, son mucho peores que cualquier otra. Devaluar supondría, de un lado, una dolarización de hecho (y luego de derecho) de la economía, lo que supondría un corsé todavía más duro que el actual sistema en el que el euro y el dólar componen la cesta al 50%, de otro, una caída del peso de proporciones insospechadas que llevaría consigo un empobrecimiento de los argentinos, a través de una enorme caída de sus salarios reales y, finalmente, una probable quiebra de las empresas, familias y administraciones públicas que, en su mayor parte, están endeudadas en dólares, lo que provocaría a su vez una crisis bancaria. Es decir, traería consigo, irremediablemente, tener también que dejar de pagar la deuda. Esta segunda opción (sin devaluación) sería también especialmente negativa para los propios argentinos que detentan mas del 60% del total de la deuda pública, en la que tienen invertidos mayoritariamente sus ahorros y sus pensiones.

Ante este dilema, las medidas ya tomadas por el Gobierno argentino intentan abordar ambos problemas de una forma racional con opciones alternativas de resultados similares pero sin efectos traumáticos, aunque hay que reconocer que se ha actuado muy tarde, cuando la economía se encontraba ya al borde del precipicio. Situación esta que parece ser la única posible para conseguir un consenso político en Argentina.

El problema de la competitividad de las empresas se ha paliado, por un lado, a través de un aumento de los aranceles sobre los bienes finales de consumo y de una reducción de los aranceles sobre los productos intermedios, especialmente bienes de equipo, por otro lado, pagando una subvención a las exportaciones e imponiendo una tasa a las importaciones en función del tipo de cambio euro/dólar del momento en que se produce la transacción y finalmente, introduciendo en el Plan de Convertibilidad al euro con el mismo peso porcentual que el dólar, cuando ambos lleguen a la paridad.

El problema del pago del servicio de la deuda se ha aminorado, por un lado, retrasando pagos durante cinco años, a cambio de mayores tipos, a través del llamado "mega canje" de deuda y posteriormente, de otro de letras, para ganar tiempo e intentar crecer entre tanto y tener mayor capacidad de pago y, finalmente, introduciendo otro nuevo plan de convertibilidad, esta vez fiscal, a través de la "ley del déficit cero", mediante la cual el sector público sólo podrá gastar lo que consiga recaudar trimestralmente, teniendo prioridad absoluta el pago de la deuda sobre el resto del gasto público.

De momento, esta regla ha supuesto, para el tercer trimestre, una reducción de los salarios y pensiones del sector publico del 13% (salvo para las pensiones menores de 500 pesos mensuales), pero si la recaudación es menor de la esperada, como ya ha ocurrido en julio, la reducción porcentual será lógicamente mayor. El decreto inicial del déficit cero, al igual que la convertibilidad en su día, se ha convalidado como ley en ambas cámaras legislativas para darle mayor fuerza legal y de cumplimiento. Dicha regla va a suponer gastar, en lo que queda de año, 3.000 millones de pesos menos de lo previsto actualmente y otros 4.500 millones de pesos menos de lo estimado en el 2002. Los mercados han acogido muy favorablemente estas medidas, especialmente esta última, pero todavía no se fían del todo y se mantienen a la espera de que realmente se cumpla, dada su transcendencia política.

El FMI y los principales países de la OCDE, especialmente EEUU, España y el Reino Unido, han apoyado firmemente el déficit cero y están a la espera de que se empiece a cumplir, para aportar más ayuda, si es necesaria. Finalmente, buena parte de los argentinos (el 64% según una encuesta reciente) que trabajan en el sector privado están muy a favor de estas medidas y de mantener la convertibilidad porque son ellos los que, en estos últimos años, han estado ajustando sus salarios o ingresando en las filas de los parados, mientras que el sector público seguía aumentando su gasto, que ya alcanza el 29% del PIB, y los salarios de sus empleados, cuyo número excede ya los dos millones, aumentando el diferencial de los salarios públicos sobre los privados.

A pesar de apoyar las medidas, la incertidumbre de su tramitación e implantación ha hecho que se den retiradas intermitentes de depósitos bancarios por un 12% del total. El principal problema está ahora en poder aguantar algún ataque especulativo mientras se empieza a aplicar el déficit cero y se reinicia el proceso de recuperación de la confianza internacional en la economía y la política argentinas.

En los mercados financieros siempre se dan ataques que, de triunfar, pueden aportar importantes ganancias a los especuladores a costa del banco central del país atacado. Si el ataque inicial muestra debilidad por parte de las autoridades monetarias nacionales, será apoyado inmediatamente por otros inversores y será muy difícil de atajar.

Este problema plantea otro dilema importante, a corto plazo, para las autoridades económicas argentinas. Aunque está claro que Argentina no necesita financiación en lo que queda de año y no tiene vencimientos importantes en los meses siguientes, sí necesita acumular unas reservas suficientes en el banco central para poder repeler cualquier ataque contra el peso. Para ello necesita que bien los organismos financieros internacionales o algunos países de la OCDE adelanten fondos ahora con cargo a una futura ayuda, nueva o ya prometida. Si éstos esperan un par de meses para ver cómo se aplica el déficit cero y, mientras tanto, se da un fuerte ataque especulativo contra el peso, ponen en peligro el déficit cero y la salida de la crisis.

De ahí que dichos organismos y países deben ser conscientes de este peligro y actuar cuanto antes sabiendo que los 1.200 millones de dólares del FMI pueden no ser suficientes. Si no lo hacen, el riesgo de una crisis con su correspondiente contagio en el resto de Latinoamérica y otras regiones tendrá como resultado el que todos salgamos perdiendo, menos los especuladores. En un momento, además, muy delicado en el que la economía mundial está en plena desaceleración.

En definitiva, está en manos del Gobierno argentino y del programa de déficit cero el aprovechar esta oportunidad de volver a ganar la confianza de los mercados, nacional e internacional, pero también necesita, a corto plazo, un apoyo financiero temporal de los organismos internacionales o de algunos países de la OCDE para asegurar que lo consigue.

* Presidente del Center for Economic Policy Research (CEPR).

RGT