|
|
|
La Justicia argentina rechaza el recorte en los salarios de funcionarios y jubilados La Corte Suprema de Justicia de Argentina (CSJ) declaró la inconstitucionalidad del decreto que dispuso un recorte del 13% en los salarios de los funcionarios estatales y jubilaciones de hasta 500 pesos mensuales (114,1 euros) durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. El fallo, con la firma de siete ministros, responde a la demanda interpuesta por el militar Leónidas Tobar contra el Ministerio de Defensa. Aunque sólo afectaría a este caso, la sentenciasentaría un precedente para que miles de funcionarios del Estado y jubilados se lancen a reclamar a los tribunales la devolución de los montantes recortados. Paradójicamente, la Corte había convalidado en junio de 2000 el recorte salarial dictado en 1995 por el ex presidente Carlos Menem. Votaron por la inconstitucionalidad del decreto los ministros: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Carlos Fayt, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi. En disidencia lo hicieron Augusto Belluscio y Antonio Boggiano. "La ausencia de límites temporales y cuantitativos de las rebajas salariales desarticula todo el sistema del empleo público, pues el derecho de los trabajadores estatales se encontraría en todo momento a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica, afectando los derechos constitucionales de la propiedad y los que tutelan la relación laboral", afirmó el tribunal en los fundamentos de su fallo. El tribunal recordó que si bien ha admitido que "frente a una situación de emergencia son aceptables remedios extraordinarios que aseguren la autodefensa de la comunidad, tales poderes que asisten al Estado democrático no son ilimitados". Fuentes judiciales señalaron que durante el encuentro también se analizaron varias causas relacionadas con la pesificación, aunque no se firmó nada sobre el corralito financiero. El tema principal al que se abocó la Corte fue analizar si era válido el decreto 430/00 firmado a mediados de 2000 por el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea. El 430/00 dispuso una rebaja de los salarios públicos y las pensiones del 12% que después se aumentó en un punto porcentual durante 2001. La iniciativa del Gobierno implicaba en un primer momento un ahorro de unos 200 millones de pesos al mes. Ahora, el problema lo tendrá el actual y el futuro gobernante, ya que el Estado argentino se vería obligado a restituir la parte de los salarios que se descontó durante casi dos años. Por este motivo, colaboradores del presidente Eduardo Duhalde trataban de frenar la decisión. RGT MCR |
||
|
Edita Asesores de Publicaciones
S.L. |
||