Viernes, 11 de octubre de 2002

27 de septiembre de 2002

Por Ramón Rangel
(Caracas)

Aunque luzca poco verosímil, el diálogo gobierno-oposición ya comenzó. Dos escenarios distantes sirvieron de marco para lo que pudiera convertirse en el inicio de un terreno proclive al hallazgo de una solución a la crisis política venezolana. En efecto, en los últimos días, se escenificaron encuentros simultáneos entre el oficialismo y los adversarios del presidente Chávez tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Mientras en Caracas se adelantaban los acuerdos políticos alrededor de la Ley Orgánica del Poder Electoral, en Washington y Boston, una misión de 18 parlamentarios venezolanos lograba puntos de encuentro alrededor de lo que, en la Organización de Estados Americanos y en el Congreso estadounidense, se considera como la única salida institucional posible y viable para el país.

De este modo, todo parece indicar que los esfuerzos de oficialistas y opositores van encaminados a prefigurar las bases mínimas para que pueda realizarse una consulta electoral. Una solución que, no obstante, requeriría de condiciones mínimas: Es claro que la viabilidad de la iniciativa de la Organización de Estados Americanos depende, en primera instancia, del visto bueno de quién representa el epicentro de la crisis de gobernabilidad: el presidente Chávez, cuya negativa a aceptar un adelanto de elecciones generales, echaría por la borda el esfuerzo desplegado por la OEA y por grupos del propio Congreso norteamericano, convencidos de que la oposición venezolana, junto con el oficialismo deben transitar el camino de un acuerdo para ofrecerle al país la menos traumática de la salida. Y es que pese al compromiso que los diputados oficialistas -encabezados por Nicolás Maduro- exhibieron ante los facilitadores externos, es claro que a su regreso a Venezuela el ambiente de intensa polarización podría desfigurar los primeros puntos de acuerdo. Asuntos como el placet del primer mandatario y el control de la volatilidad del entorno político, económico y militar, constituyen importantes vallas que deberán superar para hacer viable y creíble la ruta electoral ante la sociedad venezolana. Mas aun, oficialismo y oposición deberán emprender la contención exitosa de los planes de los sectores mas radicales en pugna, cada uno de los cuales ve en la hipótesis de la confrontación violenta la única ruta posible para su supervivencia en el mapa político.

Así, sólo faltan por discutir y aprobar tres artículos del proyecto jurídico que regirá al Poder Electoral. Las conversaciones y cesiones mutuas permitieron el avance del texto legal, que dará paso a la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y a la presencia de una nueva plantilla directiva conforme a lo dispuesto en la Constitución de la Republica. Aunque organizaciones de la sociedad civil hicieron críticas a los acuerdos a los que llegaron algunos partidos políticos de la oposición con el MVR, la realidad es que sólo la conformación de una mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional posibilitaría el visto bueno de la ley, sin cuya aprobación no podría cristalizarse cualquier solución electoral que finalmente sea escogida.

En ese contexto, se explican las negociaciones parlamentarias entre oficialismo y oposición, en las que, por ejemplo, pese a que los emeverristas impusieron el criterio de que el numero de diputados que integrara el comité de postulaciones será mayor que los representantes de la sociedad civil, por su parte, los adversarios del proceso revolucionario lograron imponer la tesis del requisito indispensable de los dos tercios para la aprobación del cuerpo colegiado que dirigirá el CNE (La tesis del oficialismo, en cambio, optaba por una aprobación mediante mayoría simple, lo que habría significado que el MVR, junto con los votos del MAS-oficialista y de los indigenistas, podrían conformar un CNE a su medida). Asimismo, los diputados opositores también impidieron la incorporación de un articulado propuesto por el oficialismo, orientado al desmantelamiento de la estructura profesional y técnica del organismo electoral, donde la oposición ya contaría con un importante margen de influencia. De igual modo, el financiamiento de una porción de las campañas electorales y la presencia de los partidos políticos como "asesores" en el seno de la institución comicial, también fueron otros dividendos que la bancada antichavista sumó a sus haberes.

Mas allá del territorio venezolano, la misión de nueve parlamentarios oficialistas y nueve de la oposición que viajó a Washington y a Boston también arribó a importantes acuerdos bilaterales, a propósito de la mediación interpuesta par congresistas estadounidenses, el Grupo de Trabajo Tripartito y la intervención personal del secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, quien habría fungido como el principal promotor de una intensa agenda de trabajo de los diputados venezolanos, en procura de una salida política y consensuada a la crisis venezolana. En efecto, la misión parlamentaria que en patio neutral consiguiera significativos avances alrededor del dispositivo institucional, aterrizó en Caracas con una propuesta que, coma hemos dicho, deberá contar con la buena pro del jefe del Estado para su puesta en marcha definitiva. Cuatro acuerdos básicos surgieron del foro interparlamentario:

.-La defensa, par parte de oficialismo y oposición, de una salida democrática e institucional que, de acuerdo a las palabras del propio Gaviria en un encuentro con diputados opositores, debe centrarse en la realización de una consulta electoral adelantada.

.-La reorganización de la Asamblea Nacional, para lograr su apuntalamiento como el escenario político desde donde surgirá el dispositivo que permitirá la salida a la crisis. Para ello, se gestionará la aprobación de un financiamiento del organismo interamericano con fondos estadounidenses proporcionados específicamente con ese fin, a objeto de procurar el mejoramiento institucional del Poder Legislativo mediante la asistencia técnica externa.

.-La creación del Grupo de Boston, auspiciado par la OEA, que funcionará como una suerte de foro en el que se producirá el dialogo entre oficialismo y oposición. El primero de los encuentros en Caracas contará con la asistencia, como testigos, de cuatro congresistas estadounidenses: dos republicanos y dos demócratas.

.-El funcionamiento, en Venezuela, de una oficina permanente del Grupo Tripartito Internacional, desde donde se articularán las distintas propuestas tendientes a la materialización y seguimiento de los acuerdos entre oficialismo y oposición. Para ello, la misión presidida par Fernando Jaramillo se apresta a arribar al país en el transcurso de los primeros días de octubre, con el fin de instalarse en la sede la OEA en Caracas. Asimismo, debemos adelantar que esta avanzada diplomática, además de trabajar en la agenda de los encuentros, también viene con una misión encomendada por el secretario general: par un lado, el inicio de una exhaustiva investigación del Registro Electoral Permanente, con miras a su efectiva depuración, y, par el otro, la preparatoria de lo que será la reestructuración del sistema electoral (que implica, obviamente, la desincorporación del sistema de votación manejado por la empresa INDRA y su sustitución por un mecanismo electoral propio, que será rigurosamente estructurado y supervisado por los técnicos externos junto con la colaboración de las universidades nacionales): dos exigentes tareas que serán abordadas por técnicos del Centro Carter y de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA (UPD-OEA), sin cuyo cumplimiento será difícil un proceso electoral transparente.

Sin embargo, fuentes parlamentarias vinculadas a la misión advirtieron que la agenda de trabajo no luce del todo fácil. Todo lo contrario, el camino de este nuevo diálogo se aproxima mas a un campo minado, en virtud de que importantes variables juegan en contra del normal desenvolvimiento de las negociaciones y del cumplimiento del trabajo par parte de los facilitadores. En primer lugar, las dudas que algunos dirigentes de la oposición exhiben frente a la confiabilidad de la palabra de los diputados oficialistas, cuyas opiniones pudieran variar de acuerdo a las posturas del primer mandatario y de quienes actúan como sus mas cercanos colaboradores. A modo de ejemplo, evocan la derrota que sufriera Maduro en Ciudad Bolívar hace un mes, cuando propuso ante la reunión del Consejo Patriótico del MVR la tesis del conteo electoral. Como se sabe, en esa oportunidad se impusieron los radicales, quienes sólo aceptan la celebración de un referendum en agosto de 2003. De este modo, poco se sabe acerca de un cambio, forzado o espontáneo, en las posturas de quienes suscriben la tesis del revocatorio para el año próximo y exhiben simpatías par la ejecución de un autogolpe o por la aplicación de medidas drásticas contra los adversarios del proyecto revolucionario.

Por ello, los diputados opositores advierten que solo la presión de la calle hará posible un adelanto de la consulta cuya modalidad, por cierto, aun no ha sido definida. Algunas voces que integraron el Foro de Boston se mantienen optimistas frente a la posibilidad de unas elecciones nacionales en el mes de febrero (fecha tentativa que fuera discutida en las conversaciones entre la misión parlamentaria venezolana y los congresistas norteamericanos), mediante la aprobación, en la Asamblea Nacional, de una enmienda constitucional para recortar el período del actual mandatario e incorporar la doble vuelta. Otros, en cambio, expresan sus reservas y advierten que el presidente extremara su vigilancia sobre la bancada emeverrista e interpondrá todo tipo de obstáculos, para impedir una votación que pueda desfavorecerle y para retrasar el trabajo de los facilitadores internacionales. Afirman, que la revisión del REP y del sistema electoral consumirá todo el primer trimestre del año 2003, por lo que la consulta electoral solo será posible a mediados de año. Son estos mismos incrédulos de la oposición, quienes advierten acerca de la importancia de la marcha del 10 de octubre y de la realización de un paro cívico limitado a 24 horas, con el objetivo de afianzar lo que, a su juicio, debe ser la única consigna opositora: el adelanto de las elecciones.

No obstante, es claro que la utilidad de estas iniciativas divide al sector opositor. Mientras los diputados aludidos aprecian la marcha del 10 de octubre y el paro de 24 horas como mecanismos que mejoraran exponencialmente las capacidades de negociación de la Coordinadora Democrática a la hora de lograr el adelanto de la fecha, otros segmentos del antichavismo, por su parte, estiman que estas dos acciones constituyen la activación del dispositivo constitucional previsto en el articulo 350° de la Bolivariana. En otras palabras, de la desobediencia civil, que supuestamente seria acompañada de una insurrección militar que debe ocurrir el 10 de octubre o los días inmediatamente subsecuentes, para lograr la renuncia de Chávez o la defenestración forzada vía asonada militar.

De allí que los días del 10 y 11 de octubre sean fechas tan importantes tanto para el gobierno como para el cuadro opositor. Ambos sectores vuelven a prepararse para la escalada, dado que el entorno político se recalentará en grado extremo. Los radicales del oficialismo aprovecharán el escenario para cazar la posibilidad de una derrota política y militar sobre sus adversarios, si acaso logran que la oposición castrense se anime a activar la operación armada contra el mandatario nacional. Ella explica la intensificación de las provocaciones par parte del jefe del Estado, quien nuevamente ha retomado el discurso para avivar la inquina castrense. Los radicales opositores, en cambio, procuraran que el paro cívico se convierta en una acción indefinida con probables ingredientes violentos, con el objetivo de que el llamado "centro institucionalista" de la FAN incline la balanza hacia el mapa opositor. No por nada, han acelerado sus preparativos para una eventual transición(*), con la expectativa de que el para sea un éxito y derive en un nuevo 11A: una hipótesis que, al menos por ahora, carece de garantías. (*)En los corrillos políticos se habla de al menos tres transiciones: la del general Enrique Medina Gómez con Cecilia Sosa a la cabeza, la que tiene lista el vicepresidente José Vicente Rangel y la de los sectores "moderados" que, ante la inevitabilidad de una transición, optarían por apoyar al comandante Francisco Arias Cárdenas. De hecho, se comenta de nuevas reuniones entre el ex gobernador zuliano y el presidente Chávez. Respecto a la versión que atribuye un esquema de transición a la dupla Medina-Sosa, debe advertirse, sin embargo, que en predios militares afirman que, llegado el momento de los acontecimientos, otra figura militar se impondría sobre el ex agregado militar en Washington).

Entre ambos extremos, los sectores moderados intentarán aprovechar la presurización del clima político y los efectos de la aceleración de las dificultades económicas del gobierno para lograr la aprobación de un calendario electoral que, inclusive, pudiera ser respaldado mediante un pronunciamiento institucional de la FAN. En todo caso, un eventual desenlace dependerá del matiz que adquieran las protestas de la oposición y de las reacciones que emprenda el oficialismo, a propósito del paro y de la "toma de Caracas", así como de la evolución que reporte la animosidad social en general, producto de la polarización política y de las precariedades económicas par la que atraviesan las familias venezolanas. No debe soslayarse la posibilidad, como lo hemos advertido en otras entregas, de un estallido social que cambiarla completamente el escenario y que tendría un desenlace insospechado. Tanto mas, si existe la posibilidad de que tal circunstancia sea estimulada por alguna planificación previa.

Finalmente, aunque algunos diputados consultados aseguran que el alto grado de conflictividad no derivará en una defenestración presidencial, sino en una alta presión para provocar la salida institucional, otros, sin embargo, no dejan de exhibir sus preocupaciones ante la abultada incertidumbre. No solo porque se desconoce la reacción de la FAN, sino porque un fracaso de la oposición blindaría la tesis del revocatorio para agosto del 2003.

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