Viernes, 8 de noviembre de 2002

Chávez y el chador

Por Michela Romani
(Madrid)

El análisis de la situación venezolana propone algunos interrogantes que afectan el mismo concepto de democracia y sus implicaciones en un mundo todavía trastornado por la ruptura de la bipolaridad ideológica que nos gobernó durante medio siglo.

En realidad, la política del presidente Hugo Chávez se presta a ser juzgada a través de las antiguas categorías de derecha e izquierda: la Ley de Tierra, que el presidente emanó por decreto justo hace un año, hizo gritar a los muchos que la consideraron un ataque frontal contra la propiedad privada.

No es un ejemplo casual. Aunque no entraremos en el mérito de la polémica ley, el decreto es un óptimo ejemplo de la manera chavista de concebir el bien del pueblo.

En una decisión tan importante, como los mecanismos de redistribución de las tierras a los campesinos pobres, el mandatario venezolano no consideró necesario consultar a la Asamblea Nacional y, aprovechando los enormes poderes que el mismo órgano legislativo le otorgó con la llamada Ley Habilitante, impuso a Venezuela un nuevo orden en la gestión de la propiedad del suelo.

Repito. No se discute aquí la justicia del procedimiento y ni siquiera la buena fe de Chávez cuando, en defensa de sus decisiones, abogó por la protección de los pobres y el bienestar del pueblo venezolano. La pregunta es otra: ¿se puede imponer al pueblo lo que se considere justo para su bien?

Nadie niega que Chávez llegó al poder de forma democrática, con unas legítimas elecciones que le otorgaron una mayoría aplastante. Aún así, su mandato no fue un cheque en blanco, como nunca debería serlo en una verdadera democracia y muchos de los poderes de los que dispone ahora el presidente son fruto de las modificaciones que él mismo y sus hombres, hábilmente colocados en el Congreso, han aportado a la Constitución.

¿Qué debería hacer un presidente cuando un país entero participa en una huelga general que logra unir los intereses de sindicatos y patronal? Cuando esto pasó por primera vez, en abril del año pasado, las cosas se le fueron de las manos a los opositores del presidente y se llegó a un intento de golpe de Estado, por suerte fracasado.

Chávez salió fortalecido de los hechos del 11 de abril y con razón. La sombra de los militares sobre el país no le gustó a nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela. Incluso desde EEUU, donde Chávez no goza de buena fama, aunque es tolerado por los más o menos explícitos intereses petroleros de Washington, llegaron voces de condena contra los golpistas.

Y el mandatario venezolano, que también protagonizó un intento de golpe frustrado dos años antes de llegar legalmente al Gobierno, pudo ostentar su mejor cara de víctima y asegurar que si alguien quería el diálogo, éste era él.

Pero las buenas maneras se acabaron pronto y tras unos meses de declaraciones conciliadoras y encuentros con los mediadores internacionales (desde Jimmy Carter hasta Cesar Gaviria) el líder del Movimiento V República (MVR) ha vuelto al ataque.

El presidente suele justificar sus frecuentes ataques contra la prensa venezolana con que estos medios estarían al servicio de quien no quiere el bien del pueblo. Bajo su punto de vista, incluso tiene razón. La mayoría de los periódicos del país andino nunca le han prestado su apoyo y tampoco el beneficio de la duda. Sin embargo, en democracia, deberían tener el derecho de disentir.

Aquí está el punto más conflictivo de la cuestión. Chávez lamenta que la oposición, que él considera conservadora y contraria a los avances de la revolución bolivariana, tenga tanto poder mediático y pueda convencer al pueblo a ir en contra de su propio interés.

Es cierto que los medios de comunicación tienen mucho poder. Una reiterada y prolongada exposición a sus contenidos, tanto los que influencian directamente (como los informativos), como los que ejercen una presión más indirecta (por ejemplo algunos programas televisivos de entretenimiento), entra a ser parte de la formación de una persona y modifica sus percepciones.

Pero ¿se pueden comparar estas constricciones con la violencia que ejercen los círculos bolivarianos por las calles de Caracas? ¿Con las amenazas de ocupación de las fábricas que secunden una huelga?

Hace unos años, se desató en Francia y en Italia una virulenta polémica sobre el uso del chador en clase para las alumnas de familia musulmana. Ahora el argumento está de moda en Europa y desde las tribunas de los académicos ha llegado a las conversaciones de bar.

Entonces Miriam Mafai, una estimada política italiana y referencia para el movimiento feminista de aquel país, provocó un avispero al declarar que la imposición del chador a las niñas musulmanas no difiere mucho de la obligación de estar delgadas y bellas que sufren las chicas europeas o estadounidenses. Las primeras, esclavas de Maoma, las segundas de las modelos anoréxicas de las revistas de moda.

De nuevo eludimos el mérito de la cuestión. Pero hagámonos una pregunta. La falta de correspondencia con los cánones estéticos dominantes provoca en nuestra sociedad formas más o menos cautivas de exclusión social. ¿Es lo mismo que recibir palizas y puniciones de todas clases por haber desatendido un concepto coránico retransmitido por el padre/hermano/marido de turno?

Cuando Chávez impide a las televisiones privadas tomar imágenes de las manifestaciones en su contra o en su favor, alegando que alterarían el sentido del evento, ofende a la democracia. Aunque tuviese la razón.

Cuando los opositores reciben amenazas y registros preventivos en sus domicilios y el presidente les llama golpistas sin aportar ninguna prueba cierta, el derecho democrático se ha roto. Aunque algunos de esos opositores sueñen de verdad con un mandatario fantasma en manos de los poderes económicos o militares.

Cuando Chávez intervino para sembrar discordia entre la Policía Metropolitana de Caracas, con subidas de sueldo selectivas y otras maniobras poco claras destinadas a sustraer al cuerpo del mando del acérrimo antichavista alcalde capitalino, Alfredo Peña, faltó al respeto a las autonomías locales.

Y cuando el mandatario se entromete en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusando a los jueces de proteger a la vieja clase capitalista, olvida que la división de poderes es la única forma que las democracias modernas han encontrado para mantenerse vivas.

Gobierno y oposición se han sentado hoy por primera vez en las mesas de diálogo por las que tanto ha luchado Gaviria. Las rígidas posturas de ambos bandos dejan amplias dudas de que el esfuerzo negociador del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) valgan para algo.

Sin embargo, Chávez tiene una ocasión más para demostrar que acepta las reglas democráticas. También cuando las decisiones que el pueblo tome democráticamente no le gusten.

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