Martes 24 de junio de 2003

Crece la tensión entre las petroleras y el Gobierno de Bolivia

Unas declaraciones del ministro de Hacienda de Bolivia, Javier Camboni, han crispado las relaciones ya de por sí tensas con las petroleras que operan en el país andino.

El pasado viernes, Camboni indicaba la prensa que "algunas empresas petroleras evaden impuestos". A pesar de que declinó identificarlas, el hecho de haber sido acusadas de "morosas" ha sentado muy mal a empresas como Repsol YPF, Petrobras, o Chaco.

Es por ello que un día después de las declaraciones del ministro, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, donde están presentes todas las petroleras y compañías de otros sectores desafió abiertamente al minsitro y le instó a que "proceda como la ley indica" si sabe de alguna compañía evasora.

Cambini afirmó que la evasión se da en la "producción de gasolina blanca", pero las petroleras en el comunicado de la Cámara afirman que "existen combustibles parecidos a la gasolina especial y al dieses que no están incluidos en la lista de productos de la ley impositiva".

Americaeconomica.com se ha puesto en contacto con varias de las petroleras para conocer de primera mano su opinión.

Fuentes de Petrobras han recalcado a este periódico, que desde 1996, año en el que llegó Petrobras a Bolivia, "nunca hemos evadido impuestos ni hecho nada contrario a la Ley". Expresaron además su respeto a las opiniones del Gobierno y consideraron que la versión oficial de Petrobras sobre el asunto corre a cargo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

Algo parecido comentaron en Repsol YPF, donde prefirieron no hacer declaraciones "sobre temas políticos".

Tras reiterados contactos con la Cámara, este periódico no pudo charlar con el portavoz, Raul Quicer. No obstante, algunas fuentes señalaron que el propio ministro se ha retractado recientemente de sus palabras y ha dado "un pie atrás". Según dichas fuentes Camboni ha querido dejar claro que "no todas las petroleras han evadido impuestos".

Uno de los gravémenes que ha levantado más ampollas en las relaciones entre el Ejecutivo de Gonzalo Sánchez de Lozada "Goni" y las petroleras ha sido el Impuesto a las Transacciones (IT) que éstas deben pagar por la venta de gas licuado de petróleo (GLP).

Las empresas energéticas argumentan que cuando llegaron al país no existía este impuesto y por ello han interpuesto un recurso ante la justicia ordinaria. Es por ello que la aplicación de este gravamen no se puede realizar de momento hasta que no hay un pronunciamiento de la justicia.

Según la prensa local, de aplicarse el IT, corporaciones como Maxus o la argentina Chaco deberían al Ministerio de Hacienda, 13 millones de dólares (11.229 millones de euros).

En los últimos meses el Gobierno ha insistido en la necesidad de efectuar cambios en la Ley de Hidrocarburos, para poder determinar si las empresas petroleras cumplen o no con sus compromisos de inversión.

BLV NPM

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