Viernes 27 de junio de 2003

Reforma fiscal en Brasil

La patronal da un toque de atención a Lula

Por José María G. Langa

La mayor parte del empresariado brasileño protestó esta semana en la capital del país, Brasilia, contra la reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Lula da Silva. La patronal considera que los cambios defendidos en Planalto implican una subida de impuestos que no están dispuestos a asumir.

El pasado miércoles, unos 300 empresarios de todos los sectores económicos protagonizaban en Brasilia, una manifestación contra la reforma tributaria. En 15 autobuses de lujo y organizados en un plataforma denominada "Acción empresarial", llegaban a la Explanada de los Ministerios, donde se dirigieron a la Cámara de Diputados y al Senado. Una vez allí, donde se discuten estas medidas en una comisión especial, entregaron un documento de queja titulado: "Reforma Tributaria sin aumento de carga fiscal", a los presidentes del presidente del Senado, José Sarney (del PMDB-AP), y de la Cámara de Diputados, João Paulo Cunha (del PT-SP).

Los presidentes de las Confederaciones de Industria (CNI), Agricultura (CNA), Comercio (CNC), Instituciones Financieras (CNF), Transportes (CNT) y de las Asociaciones Comerciales (CACB) mantuvieron además un encuentro con el ministro de Hacienda, Antonio Palocci.

A pesar de que los empresarios insisten en que no tienen una posición "radical" y que su portavoz, Jorge Gerdau, ha asegurado que "básicamente compartimos con el Gobierno la necesidad de emprender la reforma", no cabe duda de que la marcha del miércoles es un pulso a la política de reformas impulsada por Lula da Silva.

Jorge Gerdau, presidente del Grupo Gerdau, que tiene fábricas siderurgicas en varios países de Latinoamérica, se ha alzado como portavoz de "Acción Empresarial".

Quizás las distensiones en materia fiscal sean la causa de la sonada ausencia del mismísimo Lula da Silva en la celebración de la asamblea general de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp). El que sí acudió al encuentro fue Palocci, quien negó tajantemente la posibilidad de incrementar los gravámenes y valoró positivamente que los empresarios se hayan manifestado, "en líneas generales, a favor de la reforma". En su opinión, la marcha del pasado miércoles es un "refuerzo" a la medida gubernamental. Palocci invitó a todos los patronos integrados en la Fiesp a que trabajen "junto al Gobierno".

En un tono muy poco idealista y con los pies en el suelo, Palocci aseguró que, "es mejor dar una paso al frente que seguir patinando en procesos ideales". En este sentido matizó que, "el nuevo ICMS (Impuesto al Valor Agregado sobre Productos y Servicios) traerá ganancias para todos, también para las clases pobres". El propio Palocci ha afirmado recientemente sobre este asunto que el Gobierno está estudiando unas medidas para reducir la tributación de los bienes de primera necesidad.

Desde que el Congreso aprobó el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo el pasado mes de mayo, los patronos han comenzado a cerrar filas y a presionar para que se produzcan modificaciones. Precisamente fue la poderosa Fiesp la primera en descalificar el proyecto. A principios de mayo emitía un comunicado en el que afirmaba que la propuesta resta incentivos a la economía brasileña y permite el aumento de la carga tributaria.

La intención del Gobierno de Planalto es modernizar el anticuado sistema tributario del país. Uno de los puntos más importantes es la unificación en toda la Federación del ICMS. Actualmente la cuantía de dicho gravamen, al igual que la de muchos otros, es diferente en los 27 estados que integran la Federación.

Los empresarios consideran que la unificación de las tasas vigentes en los diferentes estados va a implicar un incremento de las tasas en los lugares en los que están mas bajas y en modo alguno la reducción de los impuestos más altos. Jorge Gerdau ponía un ejemplo el pasado jueves. En declaraciones a la agencia pública de noticias Estadao, Gerdau señalaba que en el caso de la telefonía, hay estados donde los impuestos son de un 20%, 25% o un 32%. "Está claro que los estados donde se cobra la tasa del 32% sobre la telefonía no van a estar de acuerdo en reducirla" concluyó Gerdau.

Además del ICMS, hay otros impuestos como el Confins (Contribución a la financiación de la Seguridad Social) o el PIS (Programa de Integración Social) que han sido reiteradamente incrementados y que han contribuido al aumento de la carga tributaria. En este sentido, la patronal ve como un objetivo primordial evitar que la carga fiscal, no supere el actual 35% del Producto Interior Bruto (PIB). Algunos empresarios van más allá y auguran que la reforma que auspicia el Gobierno podría elevar la carga tributara al 41% del PIB.

Sin embargo no todos son divergencias, uno de los puntos de encuentro entre las partes es la Contribución sobre Movimientos Financieros (CPMF), un impuesto que el Gobierno quiere fijar en un 0,08%.

El choque con los empresarios es uno de los muchos "jarros de agua fría" que han recibido el Gabinete de Lula en sus intenciones reformistas. A la presión de los patronos se une la de los sindicatos metalúrgicos, que demandan mejoras salariales en base a la inflación, el descontrol a la hora de gestionar la política energética y la desobediencia de las órdenes del Gobierno por parte de la Agencia Nacional de las Telecomunicaciones (Anatel).

El ente que regula el mercado de las comunicaciones ha aprobado este viernes un fuerte incremento de las tarifas telefónicas. A partir del domingo los precios de las llamadas crecerán de media un 28,75%. La tarifa para los consumidores privados crece un 24,5%, mientras que para las empresas se incrementa en un 41,75%. Las llamadas interurbanas aumentan un 24,85%, y las internacionales lo hacen en un 10,54%.

Desde que Lula llegó a Planalto, se ha mostrado en contra de incrementar dichas tarifas. Antes de que la Anatel tomará su decisión, el ministro de Comunicaciones, Miro Texeira, se puso en contacto con el presidente del organismo regulador, Luiz Guilherme Schymura, para invitarle a que reflexionase sobre el elevado incremento de la inflación que supondría la medida. A pesar de todo, Schymura ha manifestado que la intención de Anatel "no era enfrentarse con el presidente de la República, sino cumplir con el contrato mantenido con las operadoras de telefonía".

Desde hace casi un mes, la Anatel ha mantenido reuniones con los representantes de las compañías: Telefónica, Embratel, Brasil Telecom y Telemar. El 11 de junio ya se creaba un grupo de trabajo entre las operadoras, los ministerios de Hacienda y Comunicaciones y Anatel para estudiar las medidas.

El contrato firmado entre el Estado y las empresas de telefonía presentes en Brasil, al igual que lo que sucede en otros países de Iberoamérica, implica que cada año se debe proceder a negociar incrementos de las tarifas, sin embargo Lula da Silva considera "que ahora no es el momento".

A seis meses de su nombramiento como presidente de Brasil, Lula ve como los problemas se le multiplican. Es previsible que ante las presiones del lobby empresarial el Gobierno se replantee su postura. Aún así, no hay nada concreto y el Ejecutivo ha recibido el aviso con cautela. De momento, el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, se ha limitado a "aceptar" las protestas de los empresarios y a afirmar que "todo lo que han dicho los empresarios va a ser examinado por el Gobierno en el Congreso". Sólo con el paso de tiempo se vislumbrará el poder que tienen hoy los empresarios brasileños en su país.

BSL MCR PTC FZM