Jueves, 14 de agosto de 2003

La criminalización de Chávez

Por Luis Méndez Asensio*
(Madrid)

La polarización social que ha partido a Venezuela en dos mitades, cuenta también con culpables de primer grado en las filas de la oposición, por más que los adversarios del presidente Hugo Chávez proclamen a los cuatro vientos su condición de mártires.

Siendo de una complejidad extraordinaria lo que está ocurriendo en el país de Bolívar, uno de los pocos hechos irrevocables es que la autoridad de Chávez procede de las urnas y que su legitimidad sólo puede ser cuestionada por los mismos ciudadanos que lo eligieron abrumadoramente en 1998 y luego en 2000.

A pesar de que la oposición ha estado en condiciones de apurar al máximo todos los márgenes constitucionales para que el presidente se someta cuanto antes, quizás en septiembre, a un plebiscito que podría revocar su mandato y a pesar de que el Gobierno se ha mostrado dispuesto a respetar el resultado del mismo si los organizadores consiguen juntar las firmas necesarias (20% del padrón electoral), la figura presidencial sigue siendo pasto de todos los mentideros de Caracas y los francotiradores no dejan de apretar el gatillo. 

En cualquier país medianamente democrático, los tribunales ya se habrían empleado a fondo contra los que encienden a diario el ventilador para arrojar contra Chávez todo tipo de infundios y descalificaciones más propias de una pelea de cantina que de un debate público. Este acoso cotidiano reviste una gravedad extrema cuando se practica desde los medios de comunicación que, salvo muy contadas excepciones, se han convertido en la vanguardia de un proyecto desestabilizador con el que se persigue que las aguas retornen a su antiguo cauce, mucho más propicio para la engorda de las fortunas y los poderes fácticos que, sobre todo, emergieron en el país en el ecuador del siglo XX coincidiendo con el despegue petrolero, la corrupción de las clases dirigentes y las políticas de despilfarro (ideas y dinero) que los dos partidos tradicionales, socialdemócrata y demócratacristiano, practicaron sucesivamente hasta acabar con la credibilidad del sistema.

La beligerancia con la que los medios de comunicación privados combaten a Chávez en nombre de las libertades que, según ellos, se han ido perdiendo y la impunidad con la que ejercen el asedio, hay que encuadrarla en un contexto de debilidad institucional y no de autoritarismo a ultranza que es precisamente el pecado que con mayor frecuencia se le atribuye al mandatario venezolano. Sólo desde un complejo de clase alimentado por varias generaciones, temeroso de que cualquier diligencia administrativa contra los medios de comunicación sea interpretada como un preanuncio de los funerales de la democracia, puede Chávez aguantar el diluvio de improperios que está cayendo sobre el Palacio de Miraflores sin que sus hacedores respondan ante la Justicia.

El diplomático español Emilio Menéndez del Valle, quien acaba de visitar Venezuela como miembro de una Comisión del Parlamento Europeo, reproducía en fechas recientes dos párrafos aparecidos en la prensa de ese país, firmados por columnistas de renombre, y en los que se pedía, simple y llanamente, la muerte del presidente por sus insoportables despropósitos. Por supuesto, ninguno de los dos ha respondido ante los tribunales por incitar al magnicidio. Ni siquiera han sido amonestados por sus colegas más escrupulosos. Todo vale con tal de sacarse de encima al tirano que amenaza con “cubanizar” al país.

Ciertamente, Chávez ha cometido errores durante su mandato, sucumbiendo demasiadas veces al caudillismo parlanchín, retocando innecesariamente el mapa constitucional y desdeñando el diálogo con una oposición resentida por su doble fracaso en las urnas, mientras asustaba a los burgueses advirtiéndoles que, ahora sí, había llegado finalmente el turno de los desposeídos. Pero ninguno de estos errores amerita el paredón. Todos ellos se pueden manejar dentro de las fronteras institucionales.

Por el contrario, son algunos líderes de la oposición y, con ellos, los propietarios y editores de los medios de comunicación los que se han situado desde hace tiempo fuera de la legalidad democrática al invocar el linchamiento del presidente por todos los altavoces del país y sin reparar en gastos sociales.

* Periodista y Escritor. Agencia de Información Solidaria

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