Viernes 7 de noviembre de 2003

Aparentemente fuera de juego, la candidatura del ex dictador Ríos Montt

La violencia ensombrece las elecciones de Guatemala

Por Michela Romani

Desde que la pasada primavera comenzó la campaña para las elecciones presidenciales que Guatemala celebrará el próximo 9 de noviembre, en el país se han producido 29 asesinatos políticos, además de secuestros y amenazas a candidatos, periodistas y simples militantes. La violencia, la intimidación y el miedo a los fraudes electorales son los principales obstáculos para el desarrollo de estos comicios en los que dos empresarios se perfilan para alcanzar la segunda vuelta, dejando fuera de la competición al ex dictador Efraín Ríos Montt, que sólo cuenta con una intención de voto de entre el 11% y el 14%.

El favorito para sustituir al actual presidente, Alfonso Portillo, es Oscar Berger Perdomo, empresario relacionado con la industria azucarera, quien fue alcalde de Ciudad de Guatemala entre 1991 y 1999. Berger encabeza la alianza GANA, conformada por los derechistas Partido Patriota, Movimiento Reformador y partido de la Solidaridad Nacional. Las últimas encuestas le atribuyen una intención de voto del 33,8%, cerca de 14 puntos porcentuales menos de los que contaba en las encuestas del pasado mes de septiembre.

En segunda posición se coloca Alvaro Colom Caballeros, a la cabeza del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El movimiento se auto-define de centroizquierda, según manifestó a Americaeconomica.com el coordinador de prensa de la campaña de UNE, Ramiro Macdonald. Sin embargo, los observadores consideran a este movimiento como representante de la derecha moderada. UNE fue creada en 2002 por Colom, después de que éste saliera de la coalición izquierdista Alianza Nueva Nación, a la cabeza de la cual alcanzó el tercer puesto en las presidenciales de 1999. Las encuestas más recientes sitúan a Colom en la segunda posición con el 23,5% de las intenciones de voto.

En el tercer lugar, con menos del 14% de las preferencias, se sitúa el ex dictador Efraín Ríos Montt, del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y actual presidente del Congreso. La candidatura de Ríos Montt ha desatado las protestas de las organizaciones de derechos humanos (DDHH) dentro y fuera del país centroamericano. El ex presidente de facto entre 1982 y 1983 es considerado responsable de diversas matanzas de la población indígena perpetradas durante su gestión por las Patrullas de Autodefensas Civil (PAC), las fuerzas paramilitares que lucharon al margen de la legalidad contra las guerrillas izquierdistas durante los 36 años de guerra civil que azotaron a Guatemala hasta 1996.

La Constitución guatemalteca aprobada en 1985 establece en su artículo 186 que ningún individuo que haya participado en golpes de Estado u otras sublevaciones destinadas a revertir el orden democrático del país puede participar como candidato presidencial en elecciones regulares. Sin embargo, el pasado 14 de junio la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano dio el visto bueno a su candidatura, yendo en contra de las sentencias precedentes de la Corte Suprema de Justicia.

Ante los intentos de apelación de la sentencia de los adversarios de Ríos Montt y las organizaciones de DDHH, los seguidores del ex dictador protagonizaron uno de los episodios más siniestros de la historia reciente del país. El pasado 24 de julio, fecha conocida como el jueves negro, los partidarios del candidato presidencial llegaron en decenas de autobuses a la capital. Armados y con las caras cubiertas, cientos de hombres ocuparon Ciudad de Guatemala y realizaron violentas manifestaciones para asegurarse de que Ríos Montt fuera inscrito en las listas electorales. Durante los incidentes, murió un periodista a manos de los facinerosos.

El jueves negro no es más que un episodio emblemático de la atmósfera que se respira en la nación centroamericana en vísperas de los comicios del próximo domingo. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y el Centro Carter han hecho públicas sus preocupaciones sobre el proceso electoral.

Todas estas organizaciones han denunciado que el Gobierno de Portillo no ha respetado su deber de neutralidad ante las fuerzas que concurrirán a las elecciones. El ejemplo más relevante es la utilización de las indemnizaciones a los ex paramilitares de la PAC para fines de campaña electoral. Estas compensaciones, que tanto revuelo han provocado entre los familiares de las víctimas de la guerra civil ya que todavía no han recibido ningún resarcimiento por parte del Estado, están siendo utilizada por el Gobierno del FRG para ganar afiliados.

El Centro Carter ha informado de que en algunos departamentos guatemaltecos las indemnizaciones son otorgadas, en vez de por los funcionarios públicos, por miembros del FRG que reciben a los ex paramilitares en sus casas privadas o en sus despachos en la sede del partido. Además, algunos de los ex PAC han denunciado que para recibir esa compensación tuvieron que acompañar a los candidatos oficialistas durante sus actos de campaña e incuso pintar sus propias casas con símbolos del partido de Ríos Montt.

Las elecciones del próximo domingo serán las más "vigiladas" de Guatemala. La OEA y la UE han enviado más de 200 observadores, el Centro Carter ha establecido una oficina de observación en la capital con un equipo de seis expertos en cuestiones políticas, mientras que la Procuraduría de DDHH de Guatemala y la organización no gubernamental (ONG) guatemalteca Mirador Electoral han preparado a cerca de 3.000 jóvenes voluntarios del país para controlar de cerca el desarrollo de los comicios. EEUU ha otorgado al Estado guatemalteco 2,3 millones de dólares para la organización y el control de los comicios, mientras que el aporte total de la UE, Noruega, Suecia, los Países Bajos, Suiza, Canadá y Japón asciende a 6,3 millones de dólares.

Pero hay indicios de que este despliegue podría no ser suficiente.

Según aseguró a este diario el coordinador de UNE, muchos candidatos y partidarios de esta formación política han recibido amenazas, incluso el aspirante presidente Colom fue amenazado de muerte esta misma semana. Macdonald manifestó que, pese a las intimidaciones, ningún candidato de UNE ha renunciado a luchar porque el objetivo del partido "es buscar la pacificación nacional y luchar contra la violencia que atañe hasta a las más altas esferas del Gobierno".

No se trata de los únicos casos. Fuentes de la Coordinadora Nacional de las Viudas de Guatemala (Conavigua) han revelado a Americaeconomica.com que sus integrantes han recibido amenazas e intimidaciones durante todo el curso de la campaña electoral y que esta situación ha ido empeorando en las últimas semanas. Además, las combativas mujeres guatemaltecas denuncian que muchas de las personas que viven en aldeas aisladas en el interior del país no podrán ir a las urnas por la falta de medios de transporte. Sin olvidar que, en un país donde el analfabetismo afecta a poco menos del 40% de la población, hay serios riesgos de que los sufragios de los analfabetos sean manipulados por las autoridades en favor del candidato del Gobierno, Ríos Montt.

Conavigua, una de las organizaciones más activas de la sociedad civil guatemalteca, también teme que los cortes de suministro eléctrico, que en los últimos días han azotado la nación, puedan repetirse el próximo domingo, lo que facilitaría la posibilidad de fraudes electorales.

Estas mujeres consideran que ninguno de los candidatos a la Presidencia les representa, así como que no hay nadie que represente a los indígenas que constituyen el 42% de la población, según cifras oficiales, y el 63%, según datos de las asociaciones indígenas. Ellas no han pedido el voto para un candidato en particular, pero sí han hecho una campaña en contra de la abstención pidiendo a todos los guatemaltecos que voten según su conciencia, pero "acordándose del pasado". Es decir, que no voten a Ríos Montt, "el responsable intelectual del genocidio de los indígenas guatemaltecos".

En una conversación telefónica con Americaeconomica.com, el responsable de la misión del Centro Carter en Guatemala, John Tyynela, ha manifestado que "en el ámbito nacional no hay indicios de un fraude electoral organizado en gran escala. Sin embargo, en algunas regiones del país se registran situaciones de gran incertidumbre debido a las amenazas, las presiones y las intimidaciones". Tyynela ha explicado que en muchos municipios guatemaltecos el tejido social todavía sufre por las graves laceraciones de la guerra civil, sobre todo porque los Acuerdos de Paz firmados en 1996 no se han cumplido. Y en estas zonas es donde algunos partidos, especialmente el FRG de Ríos Montt, "han ejercido presiones y comprado votos".

Aún así, el Centro Carter reconoce el buen trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para permitir unos comicios limpios. Además, las protestas de la oposición y el llamamiento de los organismos internacionales en el país, han obligado a Portillo a retirar, a sólo cuatro días de las elecciones, la polémica ley aprobada por el Congreso que preveía tres días de feriado laboral obligatorio para los comicios. La paralización de las actividades laborales habría afectado también a la prensa, impidiéndole hacer el seguimiento de los comicios, lo que ha sido criticado por la OEA y todas las fuerzas opositoras.

El responsable del Centro Carter destaca el activismo de asociaciones de la sociedad civil para promover el voto consciente. Gracias a este activismo, según Tyynela, es posible augurar que el abstencionismo no sea la nota dominante del próximo domingo. Y es de esperar que los guatemaltecos puedan expresar libremente su deseo de renovación política.

GTM PLT