Viernes 7 de noviembre de 2003

Recurren a los organismos legales internacionales como última alternativa

Una bomba de tiempo

Por Sofía León

Dentro de cinco semanas se cumplirán 11 meses desde que fueron despedidos los primeros trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tras el polémico paro cívico que sufrió Venezuela y que cambió el destino de la empresa y de sus trabajadores.

El 13 de febrero de 2003, Horacio Medina y Edgar Quijano, que habían creado medio año antes la asociación cívica Gente del Petróleo y el sindicato de petroleros Unapetrol, del que son presidente y secretario, respectivamente, fueron despedidos después de más de una quincena de años trabajando para la empresa. A partir de ese momento dirigieron sus acciones a defender, según ellos, los derechos de todos los trabajadores expulsados de la compañía. Este nuevo camino les ha llevado a recurrir a las instancias legales de su país, sin haber logrado una respuesta definitiva. Ahora han elevado su denuncia al Comité de Libertad Sindical en Ginebra y a la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Más de 20.000 trabajadores petroleros han sido despedidos ilegal e injustificadamente y todavía no nos han pagado nuestros derechos. Por ello, debemos agotar todas las posibilidades, reiterando nuestras denuncias", ha manifestado a Americaeconomica.com, Edgar Quijano.

Consecuencias del paro cívico. Los desalojos de los campos residenciales, los bloqueos laborales, las dificultades para exportar directamente el petróleo a sus clientes, entre otras cosas, demostraron que la huelga de dos meses tuvo una clara víctima y esa fue Pdvsa. Posteriormente, el comité formado por miembros de los Círculos Bolivarianos desató tras el paro una "cacería de brujas" contra los trabajadores que lo secundaron.

Tras despedir a un gran número de trabajadores, Pdvsa ordenó la expulsión de sus casas a algunas familias de los petroleros que vivían de alquiler, en los campos residencias de la compañía, debido a su desvinculación con ella tras los despidos. "En horas de madrugada, sin contar con la presencia de un fiscal que avale estos procedimientos, les segregan y echan de sus casas", ha explicado a este diario Edgar Quijano.

Sin embargo, llama la atención que, hasta el momento, el número de familias desalojadas no haya llegado a más de 70, repartidas entre los estados de Monagas y Anzoátegui, según informó la defensora de los derechos humanos de la Asociación Gente del Petróleo.

¿Y la Justicia? A pesar de que los ex trabajadores de Pdvsa, encabezados por Unapetrol, acusaron a la Justicia de Chávez de colocar en jurisdicciones concretas a jueces afines al Gobierno, dificultando fallos que les fueran favorables, continuaron denunciando su situación ante todos los organismos del país que estaban a su alcance. La Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Primera en lo Contencioso y Administrativo... Según ha contado Edgar Quijano, secretario del sindicato, la respuesta de la Inspectoría y el Ministerio de Trabajo fue desfavorable a los ex trabajadores. Ahora, mientras esperan agotar la instancia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, han elevado sus protestas a los organismos internacionales.

Según Horacio Medina, presidente del sindicato Unapetrol, la denuncia que presentarán ante estos organismos internacionales, explica que: los trabajadores de Pdvsa tuvieron conocimiento de su despido a través de una información emitida por televisión el 7 de abril de 2003, sometiéndoles "al escarnio público y lesionando el honor de la familia"; el Gobierno les acusó de golpistas y terroristas, cuando "en ningún caso ha sido comprobado su relación con el golpe de estado de abril de 2002"; el Gobierno les obliga a los desalojos de los campos petroleros de Los Semerucos, Monagas y Anzoátegui.

Finalmente, Medina denuncia una violación de la relación laboral, pues los trabajadores no consideran que ésta haya terminado, por lo tanto, siguen gozando de los beneficios que ofrece la industria, entre ellos vivienda, salud y educación. "Hasta que no tengamos el último fallo que diga que la relación entre empresa y trabajador se rompió, nos mantenemos como trabajadores de Pdvsa en conflicto, esa es nuestra posición", afirma el presidente del sindicato de petroleros.

Con respecto a las liquidaciones sencillas que ha ofrecido Pdvsa a los ex petroleros, después de que Pdvsa hiciera pública su intención de cancelar las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores despedidos, los dirigentes de Unapetrol han afirmado que no se deben aceptar, ya que supondría que el trabajador renunciaría a la posibilidad de cobrar liquidación doble si el despido es considerado injustificado, así como salarios pendientes. "Exigimos, antes de aceptar la liquidación sencilla, que se nos informe de dónde está nuestra caja de ahorros, fideicomiso, ley de Política Habitacional y Plan Contributivo de Jubilaciones", dice Horacio Medina.

De momento todos ellos esperan que el veredicto de los organismos internacionales. Si con todo, no logran una solución a su problema, Quijano ha evidenciado que la salida pacífica puede dar lugar a otra violenta y concluyó diciendo: "Si ocurre un estallido social, se verá que nosotros no hemos sido los causantes, sino las víctimas de una situación insostenible que se han visto obligadas a recurrir a la violencia. Estamos sobre una bomba de tiempo".

Hasta aquí, la versión de los ex trabajadores de Pdvsa, pero también se hace necesario conocer la opinión de la empresa. Próximamente, Americaeconomica.com sondeará su posición al respecto.

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