Viernes 14 de noviembre de 2003

El Partido socialista arrebata a los conservadores la presidencia del principal organismo del poder local español

¿El principio del cambio responsable?

Por Rosa Marejil

El próximo 23 de noviembre Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y militante del del Partido Popular, que preside el presidente español, José María Aznar, abandonará la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el transcurso de la VIII Asamblea General de este organismo. Y, previsiblemente, un socialista le sucederá en el cargo.

La FEMP es una Asociación de Entidades Locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares). La popular Rita Barberá es presidenta desde hace cuatro años. El artículo 17 de los Estatutos de la FEMP establece que la Asamblea General Ordinaria “se reunirá cada cuatro años y, en todo caso en el plazo de seis meses a partir de las elecciones locales”. Estos comicios se celebraron en España el pasado 25 de mayo.

La cita es el 21, 22 y 23 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. La FEMP celebra su VIII Asamblea General. La Asociación de Entidades Locales deberá elegir presidente y todo apunta a que éste será socialista.

Fuentes de la FEMP han informado a Americaeconomica.com de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) va a ser la agrupación política que proponga un candidato. Tienen votos suficientes para hacerlo. Cada entidad local tiene un número determinado de votos en función de sus habitantes. Y gracias a los resultados de las últimas elecciones locales, el PSOE tiene alrededor de 400 votos más que el Partido Popular (PP).

El PSOE no ha presentado todavía, oficialmente, una candidatura. Por os nombres de socialistas que surjan son sólo rumores.

El PSOE tiene la intención de devolver a la FEMP la importancia que hasta hace un tiempo tenía. Y es que fuentes socialistas han denunciado que la Asociación ha perdido su relevancia política. Argumentan que puede deberse a que Barberá ya está dejando la Presidencia. Y han criticado que la FEMP no haya valorado la posibilidad de que algunos ayuntamientos penalicen las viviendas desocupadas así como la ausencia de la Asociación en la negociación con el Registro General del Catastro de un Reglamento de Hacienda que permita aplicar dicha medida.