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Solicitud de investigación al Ministerio Público venezolano

 

Ciudadano
José Benigno Rojas Lovera
Fiscal Especial del Ministerio Público con Competencia Nacional en materia de Salvaguarda, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.
Su Despacho.-



Expediente FBSNN-0128-2003


Yo, EDGAR JOSÉ QUIJANO LUENGO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Licenciado en Relaciones Industriales y titular de la cédula de identidad número V.- 6.819.832 asistido en este acto de acuerdo a lo previsto en el ordinal 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por los abogados JUAN MARTIN ECHEVERRIA BECERRA, GREGORY ODREMAN ORDOZGOITY y JOSE OCTAVIO CARRILLO HEREDIA, todos venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad números 10.337.064, 11.025.969 y 12.554.752 e inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 61.464, 58.717 y 80.165, ambos respectivamente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de uno de los derechos del imputado consagrado en los artículos 125 en su ordinal 5°, 281 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las garantías judiciales enunciadas en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, ocurro muy respetuosamente ante usted con el objeto de solicitar que se practiquen diligencias probatorias con el fin de desvirtuar los señalamientos hechos en mi contra y a través de los cuales se me atribuye la comisión de hechos punibles durante el Paro Cívico Nacional, en tal sentido y con la finalidad de establecer la verdad de los hechos, expongo:


I ANTECEDENTES

Esta representación del Ministerio Público dio inició el 14 de enero de 2.003 a una investigación por comisión especial del Fiscal General de la República, la cual fue signada con el número FBSNN-0128-2003, en virtud de la denuncia presentada por el ciudadano ALI RODRIGUEZ ARAQUE en contra de las Asociaciones Civiles “GENTE DEL PETRÓLEO” y “UNAPRETOL” por hechos relacionados con el “Paro Cívico Nacional”.

Lo anterior dio origen a que el día 24 de febrero de 2.003, esta representación Fiscal presentó ante el Juzgado Quincuagésimo (50°) de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas una solicitud para la realización de una “audiencia para escuchar a los imputados”, la cual no se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico venezolano.

La misma noche del 24 de febrero de 2.003, se le dio entrada al expediente y se le asignó número, asimismo se ordenó librar boletas de citación a siete (7) empleados de PDVSA y sus filiales, dentro de los cuales me encuentro yo EDGAR JOSÉ QUIJANO LUENGO, además de Mireya Ripanti de Amaya, Juan Antonio Fernández Gómez, Juan Luis Santana, Horacio Francisco Medina y Lino Carrillo. Inmediatamente se enviaron las boletas de citación a la División de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, organismo que intentó de manera irregular practicar seis (6) de las siete (7) citaciones requeridas.

No obstante lo anterior se convocó a una supuesta audiencia para el día 26 de Febrero de 2.003 a las 11:00 AM. Debe tomarse en consideración que esta audiencia no está prevista en ningún instrumento normativo venezolano.

El 26 de Febrero de 2.003, esta representación del Ministerio Público solicitó medidas preventivas por ante el Juzgado Quincuagésimo (50°) de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, emitiera en mi contra Orden de Aprehensión y Prohibiciones de Salida del País, así como en contra de Horacio Medina, Juan Santana, Mireya de Amaya, Gonzalo Feijoo, Lino Carrillo y Juan Fernández.

En fecha 17 de Marzo de 2003, la Sala Dos (2) de las Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró la Nulidad Absoluta de todas las actuaciones realizadas por el Juzgado Quincuagésimo (50°) de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Posteriormente en fecha 21 de Marzo de 2003, esta representación del Ministerio Público presentó por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Acción de Amparo Constitucional con solicitud de Medida Cautelar Innominada en contra de la decisión de la Sala Dos (2) de la Corte de Apelaciones que declaró la nulidad absoluta de todo lo actuado, incluso de las ordenes de captura y las prohibiciones de salida del país.

Esa Acción de Amparo originó que en fecha 25 de Junio del año 2003, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera en sentencia Nº 1737, declarara nuevamente La NULIDAD ABSOLUTA de “todo lo actuado en el Proceso Penal en cuestión”. Dicha sentencia se encuentra en copia certificada en poder de esta representación Fiscal, tal y como se evidencia de la cuenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 7 de Julio de 2.003 donde se evidencia que el Magistrado Iván Rincón remitió copia certificada de misma con oficio 03-1765. A pesar de lo anterior, y a los efectos del desarrollo del presente escrito, transcribimos parte de la sentencia que expresó lo siguiente:

“No obstante la anterior declaratoria, observa la Sala, que ciertamente en el proceso penal que se adelanta existe una evidente subversión del orden procesal, originada por la solicitud del Ministerio Público al Juez de Control respecto a la fijación de una audiencia oral entre las partes para oír, entre ellos, al ciudadano Gonzalo Feijóo Martínez, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 49 de la constitución y los artículos 125 y 130 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, la norma constitucional señalada refiere el derecho que tiene toda persona a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por su parte, las normas de la ley procesal penal dan cuenta de los derechos del imputado y en especial a su declaración en las distintas fases del proceso; no obstante, en ninguna de ellas está establecida como acto procesal “la audiencia oral entre las partes para oír al imputado”, (que de paso no lo era).

A juicio de la Sala, mas que la solicitud, el decreto judicial de un acto que no está expresamente establecido en la ley, constituye una flagrante violación de los trámites de procedimiento que infringe el debido proceso, lo cual conlleva forzosamente a declarar su nulidad.

Por último, acota la Sala, que de existir en las actas del proceso elementos de convicción que hagan presumir la participación en los hechos de los investigados, el Ministerio Público, en uso de las atribuciones conferidas por la ley procesal penal, deberá proceder a imputarlos, observando en todo caso los derechos establecidos a su favor” (Destacados y subrayados de quien suscribe)

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, realiza los siguientes pronunciamientos:…


2. ANULA todo lo actuado en el proceso penal en cuestión, dejando a salvo la facultad del Ministerio Público de efectuar el acto de imputación y demás actos procesales consiguientes, con base en las investigaciones realizadas, dependiendo del valor y mérito que de ellas se deriven, y ante el Tribunal de Control a quien le corresponda conforme a la Resolución N° 1924 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

3. Se EXONERA de toda responsabilidad a los integrantes de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese. Regístrese. Cúmplase lo ordenado.” (Destacados y subrayados de quien suscribe)


II HECHOS QUE DEBEN SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN

A través de los señalamientos hechos en mi contra por parte de esta representación del Ministerio Público, se me atribuye la comisión de distintos hechos punibles, supuestamente perpetrados durante el “Paro Cívico Nacional”, que tuvo lugar en todo el territorio venezolano en los meses de Diciembre de 2.002 y enero de 2.003. Pues bien, son múltiples y muy contundentes los elementos que demuestran fehacientemente que la autoría y participación en los hechos delictivos cometidos durante el Paro Cívico Nacional corresponde a las personas que tomaron el control de la industria petrolera nacional y por el contrario no le es imputable a las personas, que como yo son hoy imputados en la presente investigación. Tales elementos no han sido investigados por esta representación fiscal, en contravención con lo previsto en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que de haberlo hecho sólo existirían en el expediente, fundamentos que desvirtúan por completo cualquier señalamiento en mi contra, por lo tanto solicito que los hechos que se mencionan a continuación sean investigados exhaustivamente y se deje constancia de ello conforme a lo establecido en el artículo 281 del texto adjetivo penal, norma que nos permitimos transcribir a continuación:

“Artículo 281.- Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado lo datos que lo favorezcan.”

A. LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR LOS REPRESENTANTES DE
GENTE DEL PETROLEO Y UNAPETROL:

El 08 de Abril de 2.003 a las 9:10 a.m. se presentó formal denuncia por parte del ciudadano Edgar Paredes y otros, dirigida al ciudadano Julián Isaías Rodríguez en su condición de Fiscal General de la República, la cual quedó registrada bajo el número 000507, la cual anexamos en copia simple marcada “A”. Esta denuncia según he sido informado en la Dirección de Secretaría General, Unidad de Registro del Ministerio Público, fue remitida a la Vice-Fiscalía General de la República para su consideración. Hasta la fecha la misma no ha recibido ningún trámite y por lo tanto jamás han dado información alguna al respecto.

En esta denuncia se refiere específicamente los hechos ocurridos antes, durante y con posterioridad al PARO CIVICO NACIONAL del mes de Diciembre de 2002; es decir los mismos hechos que investiga esta Fiscalía en virtud de la denuncia presentada por ALI RODRIGUEZ ARAQUE en Enero de 2.003 y cuya comisión se me atribuye.

En la denuncia presentada en representación de GENTE DEL PETRÓLEO y UNAPETROL se puede evidenciar el cronograma establecido por los trabajadores de PDVSA antes del mes de diciembre de 2.003 en relación al inminente Paro Cívico y el Plan de Contingencia que garantizaba las operaciones de la industria ante los eventuales acontecimientos. Forman parte de la denuncia los siguientes anexos: Nota de PDVSA donde se aprueba el Plan de Contingencia, Plan Maestro de Contingencia de Servicios de INTESA y Plan de Contingencia de Soluciones de Outsoursing, los cuales están identificados en la denuncia como anexos “A”, “B” y “C” respectivamente.

Se explican en el contexto de la denuncia, los motivos por los cuales muchos de los trabajadores se vieron forzados y en algunos casos obligados a retirase de sus puestos de trabajo, señalando que las principales razones fueron los siguientes:

“…agotamiento físico por la aplicación del plan de contingencia y por no contar con personal de relevo, la militarización de las instalaciones, la inseguridad personal por presencia agresiva de grupos oficialistas, las designaciones injustificadas de nuevos gerentes a partir del 07-12-2002, el impedimento de ingresar a sus sitios de trabajo, la violación de normas y procedimientos de la empresa, especialmente en materia de seguridad; se vieron obligados a retirarse progresivamente de las instalaciones de la industria para sumarse al Paro Cívico Nacional, manteniendo en ejecución el mencionado plan de contingencia que garantizaba el suministro necesario de productos como la gasolina, gas domestico, el cloro para el tratamiento de aguas potables y los plásticos utilizados como empaques de los productos de la cesta básica alimentaría.”

Igualmente se expresan los motivos por los cuales el Plan de Contingencia no pudo llevarse a cabo a partir del día 7 de Diciembre de 2003, a saber:

1. ALI RODRIGUEZ ARAQUE, Presidente de PDVSA, ordenó a los empleados de INTESA bloquear las claves del sistema STARS (sistema que apoya los procesos de nominación y embarques de crudos y productos al exterior y que sirve de base para su facturación) lo cual impidió el normal funcionamiento de los sistemas señalados y el desempeño de los empleados de la industria. La denuncia contiene los anexos respectivos que evidencian lo anterior.

2. En fecha 8 de Diciembre de 2.002 fueron militarizadas la totalidad de las instalaciones de la División de Producción de Occidente. El Ciudadano FELIX RODRIGUEZ había sido designado como Gerente General de Occidente el día anterior.

Es preciso acotar, que altos funcionarios del gobierno nacional, dieron declaraciones a la prensa para la toma de las instalaciones petroleras por parte de grupos afectos al gobierno y emitieron órdenes a la Fuerza Armada Nacional en este mismo sentido.

3. ALI RODRIGUEZ ARAQUE, Presidente de PDVSA, en fecha 11 de Diciembre de 2002, ordenó la desactivación de todos los códigos RAS (acceso remoto a PDVSA) del cual dependía el Plan de Contingencia, lo cual impidió de forma definitiva el normal funcionamiento de los sistemas señalados y el desempeño de los empleados de la industria. Adicionalmente es necesario señalar que dicha orden comprometió gravemente la integridad de los sistemas de información y demás componentes tecnológicos. La denuncia contiene los anexos respectivos que evidencian lo anterior.

4. Inseguridad personal de los Trabajadores por la militarización de las instalaciones y operación por parte de personal sin formación, experiencia o autorización.

En la denuncia antes referida se hace mención a las actas de entrega de las instalaciones por parte de los trabajadores de PDVSA a las nuevas autoridades tanto militares como civiles designadas discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional, las cuales tomaron posesión de las mismas a partir del día 7 de Diciembre de 2.003. Para mejor ilustración y facilitar la labor investigativa de esta representación Fiscal, consignamos informe detallado en relación a las entregas de las instalaciones, que anexo marcado “B”.

Por último y nuevamente haciendo referencia al contenido de la denuncia presentada hace mas de diez (10) meses, en la misma se detallaron los múltiples accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega de todas las instalaciones petroleras a los agentes del Gobierno Nacional los cuales deben ser investigados de forma objetiva y profesional, lo que seguramente evidenciará quiénes fueron los verdaderos responsables de los daños ocasionados a la Industria Petrolera Nacional y al País, para lo cual anexo marcado “C” resumen de los incidentes mas relevantes ocurridos a partir del 7 de Diciembre de 2.002.

B. DE LA ALOCUCIÓN DEL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HUGO CHAVEZ FRIAS EL 15 DE ENERO DE 2.004, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL:

El 15 de Enero de 2.004 el Presidente de la República, HUGO CHAVEZ FRIAS se dirigió a la Asamblea Nacional en la oportunidad de la presentación de la Memoria y Cuenta del año 2.003, que fue transmitida en cadena nacional a todo el país. Se encontraban presentes los representantes de todos los Poderes Públicos: Fiscal General de la República, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República, entre otros. En la mencionada cadena, cuya transcripción anexo en copia marcada “D”, luego de disertar sobre la historia Nacional y Cubana, el Presidente de la República expresó en referencia al Paro Cívico Nacional y la toma de PDVSA, lo siguiente:

“Que si perdimos 10 o 15 mil millones de dólares, bueno, pero es que ahora vamos a recuperados” y, “Toda crisis trae eso, por eso es que las crisis muchas veces son necesarias, muchas veces son necesarias, incluso a veces hay que generarlas, midiéndolas, por supuesto. Lo de Pdvsa era necesario aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos, porque cuando yo agarré el pito aquel en un “Aló, Presidente” y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis; cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto y aquí estamos hoy. Era necesaria la crisis.” (Destacados y subrayados de quien suscribe)

III DILIGENCIAS PROBATORÍAS

El derecho que invoco y que sustenta mi solicitud de diligencias probatorias está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se garantiza el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, en particular el artículo 49 establece lo siguiente:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.” (Subrayado de quien suscribe)
De igual forma, la Constitución Nacional en su artículo 51 establece el llamado “Derecho de Petición y Oportuna Respuesta” en los siguientes términos:

“Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.”


Lo anterior me faculta plenamente, a dirigirme a esta representación del Ministerio Público y realizar peticiones con el objeto de ejercer el derecho a la defensa que me asiste y en tal sentido, exhortar a esta fiscalía a que ordene la practica de la diligencias que sirvan para desvirtuar los infundados señalamientos hechos en mi contra, y reforzar la presunción de inocencia consagrada en el artículo 49 de la Constitución Nacional. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal enumera en su artículo 125 los derechos del imputado, de cuya lectura se puede evidenciar claramente mi derecho a solicitar al Ministerio Público que durante la investigación en mi contra se practiquen de las diligencias de probatorias que yo señale y que son pertinentes a los efectos de comprobar la temeridad de la imputación, todo orientado a demostrar mi incuestionable inocencia. Este artículo contempla lo siguiente:
“Artículo 125. Derechos. El imputado tendrá los siguientes derechos:
5º. Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen;”
En ejercicio de la facultad que consagró el legislador en la norma en comentario, solicito que los hechos referidos en el capítulo anterior, sea objeto de investigación por parte de esta representación fiscal, no sólo porque demuestran lo infundado de cualquier señalamiento en mi contra, sino que además permitirán establecer la verdad de los hechos y determinar las personas responsables de los hechos punibles que se me imputan. En ese mismo orden de ideas, los artículos 281 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen la obligación de los fiscales del Ministerio Público, de investigar y dejar constancia de los elementos de convicción que sustenten la presunción de inocencia que me favorece, a saber:
“Artículo 281.- Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso estará obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan.”

Artículo 305.- Proposición de diligencias. El Imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al Fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.”
El Ministerio Público debe llevar a cabo todas las diligencias solicitadas, ya que su pertinencia y utilidad es incuestionable, toda vez que todas y cada una de ellas, se refieren a los hechos ocurridos antes, durante y después del Paro Cívico Nacional y en especial al manejo irregular de la industria petrolera durante ese periodo de tiempo, lo que trajo como consecuencia hechos de suma gravedad, algunos de los cuales revisten carácter penal y son atribuibles a las personas cuyos testimonios aquí se solicita, todo lo cual es, insisto, un derecho de rango legal y constitucional, consagrado no sólo el instrumentos normativos nacionales, sino en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por la República y en particular el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”:
“Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.” (Destacados de quien suscribe)

III PETITORIO
Con base en todos los argumentos de hecho y de derecho expresados anteriormente, con el objeto de desvirtuar la infundada imputación hecha en mi contra y en ejercicio de mis derechos constitucionales a la Defensa y a Petición consagrados en los artículos 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de uno de los derechos del imputado estipulado en los artículos 125 en su ordinal 5°, 281 y 305 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las garantías judiciales enunciadas en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, solicito a esta representación del Ministerio Público que ordene inmediatamente la practica de las siguientes diligencias probatorias y establecer así la verdad de los hechos:


1. Solicite a la Asamblea Nacional, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL” y a Venezolana de Televisión (Canal 8), copia certificada de la transcripción del discurso pronunciado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, en fecha 15 de enero de 2004, durante la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2003, con el fin de evidenciar la confesión realizada por el ciudadano Presidente de la República, en cuanto a “haber generado la crisis” en la industria petrolera nacional.

2.- Solicite a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL”, copia certificada de la alocución que hiciera el ciudadano ALI RODRIGUEZ ARAQUE, transmitida por Venezolana de Televisión, el 6 de Diciembre de 2002, donde realizó un llamado a las Fuerzas Armadas y a los Círculos Bolivarianos para la toma de las Instalaciones Petroleras en todo el País.

3.- Solicite a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL” copia certificada de todas las alocuciones del Presidente de la República, durante los meses de diciembre 2002 y enero 2003; igualmente copia certificada de las declaraciones rendidas a los medios de comunicación por el Ministro de Energía y Minas, Vicepresidente de la República, Ministro de la Defensa y Diputados del partido MVR, todo con el objeto de evidenciar las instrucciones impartidas por esta vía.

4. Que se tome declaración testimonial al ciudadano HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal, para que se le formulen las siguientes preguntas:

Primera: ¿Diga usted si el 15 de Enero de 2004 estuvo presente en la Asamblea Nacional y realizó una Alocución Presidencial de presentación de la Memoria y Cuenta del año 2003?

Segunda: ¿Diga usted si el 15 de Enero de 2004 en el contexto de su alocución expresó lo siguiente:
“Que si perdimos 10 o 15 mil millones de dólares, bueno, pero es que ahora vamos a recuperarlos” … “Toda crisis trae eso, por eso es que las crisis muchas veces son necesarias, muchas veces son necesarias, incluso a veces hay que generarlas, midiéndolas, por supuesto. Lo de Pdvsa era necesario aun cuando nosotros, bueno, no es que no la generamos, sí la generamos, porque cuando yo agarré el pito aquel en un “Aló, Presidente” y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis; cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos respondieron y se presentó el conflicto y aquí estamos hoy. Era necesaria la crisis.”

Tercera: ¿Diga usted qué instrucciones impartió al Ministro de la Defensa en relación a la toma militar de las instalaciones petroleras?

Cuarta: ¿Diga usted, cuál era el plan para provocar la crisis a que hace referencia en su alocución del 15 de Enero de 2.004 y si estaba en conocimiento de la toma de algunas instalaciones petroleras por los Círculos Bolivarianos?

Quinta: ¿Diga usted quiénes participaron en la elaboración de este Plan?

Sexta: ¿Diga usted qué instrucciones impartió para la elaboración de este Plan y a quiénes?

Séptima: ¿Diga usted si las pérdidas a que hace referencia, afectaban el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela?

Octava: ¿Diga usted qué partidas del presupuesto del año 2003 resultaron afectadas por estas pérdidas?

5. Que se tome declaración testimonial a los ciudadanos:

5.1 RAFAEL RAMIREZ, Ministro de Energía y Minas, quien puede ser ubicado en Parque Central, Torre Oeste, Caracas;

5.2 General en Jefe (r) LUCAS RINCON ROMERO, Ministro de Interior y Justicia, el cual puede ser ubicado en sede del Ministerio de Interior y Justicia ubicado en la Esquina de Carmelitas, Caracas;

5.3 General (r) JOSE LUIS PRIETO, Ex Ministro de la Defensa, el cual puede ser ubicado a través de la Secretaría del Ministerio de la Defensa;

5.4 ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE, presidente de PDVSA, quien puede ser ubicado en el Edificio PDVSA, Torre Este, Pent House, Avenida Libertador, La Campiña, Caracas;

5.5 GASTON PARRA LUZARDO, Directivo del Banco Central de Venezuela, quien puede ser ubicado en la sede del Banco Central de Venezuela, ubicado en la esquina de Carmelita;

5.6 IVAN HERNANDEZ, Gerente General del Centro Refinador de Paraguaná, quien puede ser ubicado en el Edificio sede Amuay, Avenida Juan Crisóstomo Falcón, Judibana, Municipio Los Taques, Estado Falcón;

5.7 FELIX RODRÍGUEZ, Gerente General de PDVSA Occidente, quien puede ser ubicado en Avenida Padilla, Edificio PDVSA, Centro Miranda, Apartado 19, Maracaibo, Estado Zulia;

5.8 LUIS MARIN, Presidente de CITGO, quien puede ser ubicado en la sede de la empresa, ciudad Tulsa, Oklahoma, USA.

Para que se les formulen las siguientes preguntas:

Primera: ¿Diga usted qué instrucciones recibió del Presidente de la República en relación al Paro Cívico y a quién o quiénes se las transmitió?

Segunda: ¿Diga usted si conocía que el Presidente de la República generó la crisis y si usted formó parte de tal estrategia?

Tercera: ¿Diga usted si tiene conocimiento de otras personas que hayan participado en la provocación de la crisis, atendiendo instrucciones del Presidente de la República?

Cuarta: ¿Diga usted si estuvo de acuerdo con la militarización de las instalaciones petroleras y la intervención de los Círculos Bolivarianos?

Quinta: ¿Diga usted si tiene conocimiento de a cuánto ascienden los daños en la industria petrolera, como consecuencia de la crisis provocada por el Presidente de la República?.

6. Se recaben los registros de operación de fecha 7 de enero de 2.003 con el objeto de determinar quien era el personal a cargo de Sala de Control de las Estaciones de Flujo EF-LL44 y EF-LL16, ubicadas en el Lago de Maracaibo y los registros de operación y se solicite un informe al personal de Seguridad Industrial de las Instalaciones de Lagunillas en relación al incidente ocurrido el 09-12-2.002 a las 10:00 am en la válvula para toma de muestras del pozo # 4789 ubicada en Carretera Y con Av. 54, pozo 4789, Lagunillas ; y una vez identificados se le solicite un informe sobre lo ocurrido, que debe contener:

a. Descripción del hecho
b. Identificación plena del personal de guardia
c. Causa del incidente
d. Acciones tomadas
e. Daños ocasionados a las instalaciones, la comunidad y el ambiente

7.- Se recaben los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación de:

7.1 Remolcador “Apure” que navegaba el día 15/12/2.002, cuando se incendió la sala de máquinas de la embarcación en el lado de babor; los registros de operación y se solicite un informe al personal de guardia del día 17-12-2.002 de la Estación de Flujo EF15 del Bloque V;

7.2 Los registros de operación del día 03-02-2.003 en la Planta de Inyección de Agua de “Lagomar” y se solicite un informe al personal de guardia; los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación del buque “Irene” que navegaba el día el 09-12-2.002 cuando encalló este buque perteneciente a la flota de PDV Marina en el Canal de Navegación del Lago Maracaibo;

7.3 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación del buque “Marshall”, que navegaba el día 10-12-2.002, cuando el buque tanque impactó su ancla y la cadena del mismo en la quilla del remolcador “Civitavecchia”, mientras realizaba operaciones de atraque en las instalaciones de La Salina;

7.4 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación del remolcador “Civitavecchia” que navegaba el día 10-12-2.002; los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación de la gabarra de ripios base aceite C -que navegaba el día 12-12-2.002 a las 8:00 am cuando tuvo lugar un escoramiento el muelle sur de Tía Juana;

7.5 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación de la Lancha Nelson 36 asignada a la Gabarra RIG 61, que navegaba el día el 13-12-2.002 y se recabe comunicación de la MAERSK Drillin de esa misma fecha;

7.6 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación gabarra plana C-2162, que navegaba el día 17-12-2.002 cuando se hundió en la salida del muelle La Salina;

7.7 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación de la gabarra GL 0359, que navegaba día 17-12-2.002, cuando sufrió un escoriamiento en el muelle La Salina, del Municipio Cabimas;

7.8 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación de la gabarra “GLC 333” que navegaba día 17-12-2.002; los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación de la gabarra “GLC 250” que navegaba día 17-12-2.002;

7.9 Los registros de operación y se solicite un Informe del incidente ocurrido el día 08-02-2.003 cuando el buque “Yavire” presentó problemas con las maquinas mientras navegaba en las aguas del Lago Maracaibo;

7.10 Los registros de operación y se solicite un informe al personal de guardia del día 19 de Diciembre de 2.002 cuando ocurrió un taponamiento de tuberías en la Refinería de Azuay;

7.11 Los registros de operación y se solicite un informe a la tripulación del Buque Tanque “Pilín León” del día 30 de diciembre de 2.002, cuando hubo un derrame de gasolina con plomo en la Refinería de Cardón.

Todo lo anterior con el objeto de determinar quien era el personal a cargo para esa fecha y los informes deben contener:

a. Identificación de los tripulantes
b. Causas del incidente
c. Daños ocasionados a la embarcación

Es Justicia que espero en la ciudad de Caracas a los nueve (09) días del mes de febrero del año dos mil cuatro (2.004).

 

   

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