Viernes 6 de febrero de 2004

El Gobierno subirá los impuestos por explotación

Bolivia quiere arreglar sus cuentas gracias a las petroleras

Por Ryan O'Connelly

El Gobierno de Bolivia está dispuesto a arreglar sus cuentas a costa de las petroleras. En un movimiento calificado de populista por algunos observadores, el Gabinete ha enviado al Parlamento un plan económico en el que figura una subida hasta el 50% de los impuestos que gravan a las empresas energéticas.

Con la nueva tasa, denominada Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), la presión fiscal sobre las petroleras pasará desde el 18% hasta el citado 50%. Todo dependerá de la superficie de sus campos y el volumen de producción.

El presidente Carlos Mesa, que presentó el plan en un mensaje televisado, aseguró que con la creación del ICH se recaudarán más de 50 millones de dólares al año. Según él, cuanto mayor sea la producción, mayor será la recaudación fiscal.

Además, Mesa ha procedido ya a la anulación de algunos artículos del decreto promulgado por el Gobierno del presidente Sánchez de Lozada durante su primer mandato en el año 1997, que concedía a las petroleras la propiedad de los yacimientos.

La nueva política de Mesa ha recibido el apoyo de diversas organizaciones políticas y sociales bolivianas. Incluso algunas todavía siguen insistiendo en que el Estado recupere el control del gas. "El presidente Mesa está en la dirección correcta al derogar ese decreto que fue perjudicial para el estado boliviano," afirmó el líder de la oposición, el diputado cocalero Evo Morales.

También Roberto Fernández, jefe del grupo parlamentario del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR), mostró su apoyo a la decisión. "Mesa fue valiente para derogar ese decreto maldito que entregaba nuestros recursos a las petroleras".

Ahora las dudas se ciernen sobre el futuro de las petroleras presentes en el país, entre las que figura la española Repsol YPF. La portavoz de Repsol no quiso hacer comentarios sobre el asunto.

Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía dijeron a Americaeconomica.com que la subida de impuestos hasta el 50% no afectará a la empresa. Incluso, estos observadores van más lejos e insisten en que la reforma del Gobierno de Mesa es más de forma que de fondo.“El Gabinete está obligado a anunciar medidas políticas para que la población crea que el estado ingresa más dinero” afirman estas fuentes que recuerdan la presión a la que está sometida el Gobierno ante el riesgo de que se viva una nueva revuelta popular como la vivida a finales del pasado año y que supuso la salida del anterior presidente Sánchez de Lozada.

En principio, Repsol YPF no tiene miedo. Sus ejecutivos tienen el convencimiento de que la actual presión fiscal que sufre el sector energético es similar a la anunciada ahora por el Gabinete. Bolivia mantiene una serie de impuestos cuya suma ronda el 50%, aunque, están en función de la producción.

En este marco, Repsol no se vería afectada porque sus actuales campos no están todavía funcionando a pleno rendimiento. En estos momentos, Repsol YPF paga unos impuestos del 18% en concepto de regalías.

Además, la firma española descarta la posible nacionalización. “Las restricciones a la propiedad privada de los campos de gas o petróleo solo afectarán a empresas como Exxon o Shell que quieran entrar en Bolivia y no a las que ya están” señalan fuentes cercanas a Repsol.

De todas formas, hay todavía muchas incógnitas. La dirección de Repsol, encabezada por Alfonso Cortina y Ramón Blanco, espera ya la celebración del referendum sobre las exportaciones de gas natural previsto para el 18 de marzo.

Mientras, algunos observadores son bastante pesimistas. Para ellos, Repsol YPF sólo va a poder cumplir una parte de su proyecto de exportar gas natural desde Latinoamérica a EEUU.

Estos analistas recuerdan que Repsol YPF ha buscado alternativas a la posible 'congelación' de las exportaciones de gas boliviano. Así, en diciembre firmó con Shell un contrato de suministro para llevar este combustible desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica estadounidense.

No obstante, otros observadores advierten del peligro que puede suponer para Bolivia un posible freno de las inversiones por parte de las empresas energéticas. Así, por ejemplo, el plan del gasoducto Pacific LNG que impulsa Repsol junto a Pan American y British Gas, podría absorber unas inversiones de 6.000 millones de dólares. Y todo para llevar el gas desde Bolivia a Perú o Chile, y desde allí, una vez licuado, hasta EEUU. Ahora, nada es descartable.