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Viernes
5 de marzo de 2004
Horst
Köehler deja el Fondo en manos de Anne Krueger
Argentina
se defiende de las presiones del FMI
Por
Michela Romani
Las cuentas
que el Gobierno argentino ha presentado a los técnicos del
Fondo Monetario Internacional (FMI) están en orden. Sin embargo,
parece ser que el organismo multilateral quiera tener en cuenta
otro aspecto de la "cuestión argentina" antes de
dar el visto bueno a la segunda revisión del acuerdo stand-by:
la renegociación de la deuda externa en default. Podría
ser un problema, ya que el Gobierno de Néstor Kirchner no
parece tener intención de secundar las crecientes presiones
internacionales para mejorar su oferta a los acreedores.
No caben muchas
dudas de que las metas macroeconómicas que Buenos Aires y
el Fondo pactaron el pasado septiembre se han alcanzado. El superávit
fiscal primario (que no incluye los intereses de la deuda) alcanzó
el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), Argentina cerró
2003 con un ahorro fiscal de 8.688 millones de pesos (2.450 millones
de euros), 900 millones de pesos (254 millones de euros) más
de lo que exigía el FMI. Y en enero, mes que el directorio
del Fondo toma en cuenta para la segunda revisión del pacto,
los resultados fueron aún mejores: el superávit primario
fue de 1.588 millones de pesos (448 millones de euros), casi 500
millones de pesos (141 millones de euros) más de lo que el
Gobierno se había comprometido a ahorrar durante todo el
primer trimestre de 2004.
Además,
Argentina registró un crecimiento económico espectacular.
El PIB del país austral aumentó un 8,4%. En todo el
mundo, mejor que Argentina sólo lo hizo China cuya economía
se expandió hasta un 9,1%.
El incremento
del Indice de Precios de Consumo (IPC) se situó al cierre
del año pasado en el 3,7%, y para 2005 el Banco Central (BCRA)
estima un repunte inflacionario que podría llegar hasta el
6%, en previsión de que la Administración "descongele"
las tarifas de algunos de los servicios públicos privatizados.
Esas tarifas
son otro tema sobre el que Kirchner, aunque con mucha cautela, ha
flexibilizado su posición. El pasado mes de febrero, cuando
el presidente argentino estuvo en Madrid, se presentó ante
los empresarios españoles, dueños de muchas de las
concesionarias de servicios en el país austral, con un talante
mucho más conciliador que el que exhibió en julio
de 2003.
Es decir que
Buenos Aires se presenta ante el Fondo con las tareas hechas. Pero
ahora el FMI quiere más. Quiere que Argentina dé satisfacción
a los acreedores privados de su deuda exterior en suspensión
de pagos desde hace tres años.
Así que
a los comentarios de John Thornton, responsable del Fondo para el
Hemisferio Occidental, quien habló de cuentas en orden del
país suramericano, hay que contraponer las declaraciones
del portavoz del organismo, Thomas Dawson, quien desde Washington
ha dicho a Kirchner que la postura que su Gobierno mantenga con
los acreedores será tenida en cuenta durante la segunda revisión.
Hay mucho en
juego. En primer lugar, Argentina necesita tener la seguridad de
que el Fondo Monetario le desembolsará los 13.300 millones
de dólares (10.904 millones de euros) a tres años
que le prometió el pasado septiembre. Los llamados créditos
al desarrollo que el país necesita para reafirmarse en la
senda de la recuperación. El crecimiento del año pasado
no debe hacer olvidar la situación que el país vivió
hace sólo un par de años, cuando las imágenes
de los niños muertos por desnutrición alertaron al
mundo sobre la entidad real de la crisis que vivía una de
las principales economías de Latinoamérica. Pero hay
incluso más.
El próximo
9 de marzo vence el plazo para que la nación austral pague
al FMI una deuda de 3.100 millones de dólares (2.542 millones
de euros). Y el presidente Kirchner parece decidido a no meter mano
en la caja del Estado hasta que el Fondo no haya dado "una
clara señal" de que aprobará la segunda revisión
del acuerdo stand-by. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández,
lo dejó claro ayer jueves cuando pidió expresamente
que el jefe del organismo de crédito multilateral, Horst
Koehler, recomiende al directorio la aprobación de las metas
macroeconómicas argentinas. Fernández planteó
esta exigencia como una condición previa al pago de la deuda
por parte de Buenos Aires. Si Koehler no hablara, podría
ser el default.
Koehler habló
ayer, inmediatamente después de presentar su dimisión
como director del FMI, para postularse a la Presidencia de Alemania.
El ya ex gerente del organismo se declaró "cautelosamente
optimista" sobre el futuro del país austral, pero destacó
su esperanza de que las negociaciones sobre la deuda sigan adelante
de "manera suave".
Ahora, hasta
que no se elija al sucesor del político alemán, la
dirección del organismo multilateral será tarea de
Anne Krueger, una estadounidense muy bien vista en lla Casa Blanca
y que se conoce por su posición siempre muy dura con Argentina.
Al Fondo no
le gusta que el país austral intente imponerle condiciones.
La prensa local se hacía eco de fuentes del directorio que
habrían manifestado que el país austral tiene que
pagar "haya o no haya una señal de Koehler".
El ministro
de Economía, Roberto Lavagna, fue quien dio una de las mejores
síntesis de la situación actual. Según afirmó,
Argentina cumplió con los compromisos adquiridos y el FMI
"sólo puede tomar una decisión: aprobar la segunda
revisión". Sin embargo añadió que: "ahora
todo depende de una decisión política de los accionistas
del organismo financiero".
Una decisión
que depende de muchas ramificaciones políticas. Porque entre
los accionistas del Fondo hay países como Italia, Alemania
y Japón, cuyos ciudadanos están directamente implicados
en la renegociación de los 88.000 millones de dólares
(72.149 millones de euros) que Argentina busca refinanciar mediante
la emisión de nuevos títulos a un 25% del valor nominal
de los que están en suspensión de pagos. Los posesores
de bonos, reunidos en varias asociaciones nacionales e internacionales,
son en mucho casos pequeños inversores.
Quizás
algunos de estos ahorradores se dejaron engañar por los bancos
que les tentaban con la alta rentabilidad que ofrecía invertir
en la deuda argentina. Y no les explicaban que cuando un emisor
está dispuesto a pagar elevados intereses para acceder a
la financiación es porque hay riesgos de impagos. Esta es
por ejemplo la postura que defiende el Comité de Acreedores
de Argentina de Italia.
Engañados
o no, ahora estos ahorradores se niegan a aceptar la propuesta de
quita del 75% que les ofrece Lavagna. Quieren su dinero y presionan
a sus respectivos Gobiernos para que les defienda ante Argentina.
No es de extrañar que Italia y Japón, junto con Gran
Bretaña, se abstuvieron en el momento de votar la anterior
revisión del convenio del Fondo con el país austral.
Cada uno defiende
sus intereses. Y Kirchner también. El presidente no está
dispuesto a pagar más porque considera que los argentinos
tienen derecho a utilizar la recuperación económica
que vive el país para mejorar sus condiciones de vida y sentar
las bases para un futuro mejor.
En apoyo de
Buenos Aires ha acudido el presidente brasileño, José
Inacio Lula da Silva, quien ha contactado telefónicamente
con su homólogo estadounidense, George Bush, para pedirle
que respalde ante el Fondo las gestiones del Gobierno de Néstor
Kirchner para la reestructuración de la deuda.
Lula pidió
a Bush que, cuando se evalúen las propuestas de la Administración
argentina a sus acreedores, se tengan en cuenta los logros alcanzados
por Kirchner, en primer lugar en lo que se refiere al crecimiento
económico del país austral. El
presidente brasileño, quien prometió su ayuda al mandatario
argentino la pasada semana en Caracas (Venezuela) durante la reunión
del Grupo de los 15 (G-15), también habló con el presidente
del Gobierno español, José María Aznar,y el
canciller alemán, Gerhard Schröder.
Mientras,
Roberto Lavagna ha declarado que los mismos organismos de créditos
no han dejado a Argentina la opción de elegir sobre la reestructuración
de su deuda. "El Grupo de los Siete (G-7) hizo un pedido específico,
que Argentina aceptó, para que haya un pago neto de créditos
a las agencias multilaterales. En los últimos 22 meses les
pagamos 7.000 millones de dólares", dijo el ministro
de Economía argentino. Como consecuencia, según Lavagna,
la oferta de reestructuración de deuda a los acreedores privados
no es una elección política, sino una "cuestión
matemática": no hay dinero para ofrecer más.
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