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Viernes 5 de marzo de 2004

 

Horst Köehler deja el Fondo en manos de Anne Krueger

Argentina se defiende de las presiones del FMI

Por Michela Romani

Las cuentas que el Gobierno argentino ha presentado a los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) están en orden. Sin embargo, parece ser que el organismo multilateral quiera tener en cuenta otro aspecto de la "cuestión argentina" antes de dar el visto bueno a la segunda revisión del acuerdo stand-by: la renegociación de la deuda externa en default. Podría ser un problema, ya que el Gobierno de Néstor Kirchner no parece tener intención de secundar las crecientes presiones internacionales para mejorar su oferta a los acreedores.

No caben muchas dudas de que las metas macroeconómicas que Buenos Aires y el Fondo pactaron el pasado septiembre se han alcanzado. El superávit fiscal primario (que no incluye los intereses de la deuda) alcanzó el 3% del Producto Interior Bruto (PIB), Argentina cerró 2003 con un ahorro fiscal de 8.688 millones de pesos (2.450 millones de euros), 900 millones de pesos (254 millones de euros) más de lo que exigía el FMI. Y en enero, mes que el directorio del Fondo toma en cuenta para la segunda revisión del pacto, los resultados fueron aún mejores: el superávit primario fue de 1.588 millones de pesos (448 millones de euros), casi 500 millones de pesos (141 millones de euros) más de lo que el Gobierno se había comprometido a ahorrar durante todo el primer trimestre de 2004.

Además, Argentina registró un crecimiento económico espectacular. El PIB del país austral aumentó un 8,4%. En todo el mundo, mejor que Argentina sólo lo hizo China cuya economía se expandió hasta un 9,1%.

El incremento del Indice de Precios de Consumo (IPC) se situó al cierre del año pasado en el 3,7%, y para 2005 el Banco Central (BCRA) estima un repunte inflacionario que podría llegar hasta el 6%, en previsión de que la Administración "descongele" las tarifas de algunos de los servicios públicos privatizados.

Esas tarifas son otro tema sobre el que Kirchner, aunque con mucha cautela, ha flexibilizado su posición. El pasado mes de febrero, cuando el presidente argentino estuvo en Madrid, se presentó ante los empresarios españoles, dueños de muchas de las concesionarias de servicios en el país austral, con un talante mucho más conciliador que el que exhibió en julio de 2003.

Es decir que Buenos Aires se presenta ante el Fondo con las tareas hechas. Pero ahora el FMI quiere más. Quiere que Argentina dé satisfacción a los acreedores privados de su deuda exterior en suspensión de pagos desde hace tres años.

Así que a los comentarios de John Thornton, responsable del Fondo para el Hemisferio Occidental, quien habló de cuentas en orden del país suramericano, hay que contraponer las declaraciones del portavoz del organismo, Thomas Dawson, quien desde Washington ha dicho a Kirchner que la postura que su Gobierno mantenga con los acreedores será tenida en cuenta durante la segunda revisión.

Hay mucho en juego. En primer lugar, Argentina necesita tener la seguridad de que el Fondo Monetario le desembolsará los 13.300 millones de dólares (10.904 millones de euros) a tres años que le prometió el pasado septiembre. Los llamados créditos al desarrollo que el país necesita para reafirmarse en la senda de la recuperación. El crecimiento del año pasado no debe hacer olvidar la situación que el país vivió hace sólo un par de años, cuando las imágenes de los niños muertos por desnutrición alertaron al mundo sobre la entidad real de la crisis que vivía una de las principales economías de Latinoamérica. Pero hay incluso más.

El próximo 9 de marzo vence el plazo para que la nación austral pague al FMI una deuda de 3.100 millones de dólares (2.542 millones de euros). Y el presidente Kirchner parece decidido a no meter mano en la caja del Estado hasta que el Fondo no haya dado "una clara señal" de que aprobará la segunda revisión del acuerdo stand-by. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, lo dejó claro ayer jueves cuando pidió expresamente que el jefe del organismo de crédito multilateral, Horst Koehler, recomiende al directorio la aprobación de las metas macroeconómicas argentinas. Fernández planteó esta exigencia como una condición previa al pago de la deuda por parte de Buenos Aires. Si Koehler no hablara, podría ser el default.

Koehler habló ayer, inmediatamente después de presentar su dimisión como director del FMI, para postularse a la Presidencia de Alemania. El ya ex gerente del organismo se declaró "cautelosamente optimista" sobre el futuro del país austral, pero destacó su esperanza de que las negociaciones sobre la deuda sigan adelante de "manera suave".

Ahora, hasta que no se elija al sucesor del político alemán, la dirección del organismo multilateral será tarea de Anne Krueger, una estadounidense muy bien vista en lla Casa Blanca y que se conoce por su posición siempre muy dura con Argentina.

Al Fondo no le gusta que el país austral intente imponerle condiciones. La prensa local se hacía eco de fuentes del directorio que habrían manifestado que el país austral tiene que pagar "haya o no haya una señal de Koehler".

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue quien dio una de las mejores síntesis de la situación actual. Según afirmó, Argentina cumplió con los compromisos adquiridos y el FMI "sólo puede tomar una decisión: aprobar la segunda revisión". Sin embargo añadió que: "ahora todo depende de una decisión política de los accionistas del organismo financiero".

Una decisión que depende de muchas ramificaciones políticas. Porque entre los accionistas del Fondo hay países como Italia, Alemania y Japón, cuyos ciudadanos están directamente implicados en la renegociación de los 88.000 millones de dólares (72.149 millones de euros) que Argentina busca refinanciar mediante la emisión de nuevos títulos a un 25% del valor nominal de los que están en suspensión de pagos. Los posesores de bonos, reunidos en varias asociaciones nacionales e internacionales, son en mucho casos pequeños inversores.

Quizás algunos de estos ahorradores se dejaron engañar por los bancos que les tentaban con la alta rentabilidad que ofrecía invertir en la deuda argentina. Y no les explicaban que cuando un emisor está dispuesto a pagar elevados intereses para acceder a la financiación es porque hay riesgos de impagos. Esta es por ejemplo la postura que defiende el Comité de Acreedores de Argentina de Italia.

Engañados o no, ahora estos ahorradores se niegan a aceptar la propuesta de quita del 75% que les ofrece Lavagna. Quieren su dinero y presionan a sus respectivos Gobiernos para que les defienda ante Argentina. No es de extrañar que Italia y Japón, junto con Gran Bretaña, se abstuvieron en el momento de votar la anterior revisión del convenio del Fondo con el país austral.

Cada uno defiende sus intereses. Y Kirchner también. El presidente no está dispuesto a pagar más porque considera que los argentinos tienen derecho a utilizar la recuperación económica que vive el país para mejorar sus condiciones de vida y sentar las bases para un futuro mejor.

En apoyo de Buenos Aires ha acudido el presidente brasileño, José Inacio Lula da Silva, quien ha contactado telefónicamente con su homólogo estadounidense, George Bush, para pedirle que respalde ante el Fondo las gestiones del Gobierno de Néstor Kirchner para la reestructuración de la deuda.

Lula pidió a Bush que, cuando se evalúen las propuestas de la Administración argentina a sus acreedores, se tengan en cuenta los logros alcanzados por Kirchner, en primer lugar en lo que se refiere al crecimiento económico del país austral. El presidente brasileño, quien prometió su ayuda al mandatario argentino la pasada semana en Caracas (Venezuela) durante la reunión del Grupo de los 15 (G-15), también habló con el presidente del Gobierno español, José María Aznar,y el canciller alemán, Gerhard Schröder.

Mientras, Roberto Lavagna ha declarado que los mismos organismos de créditos no han dejado a Argentina la opción de elegir sobre la reestructuración de su deuda. "El Grupo de los Siete (G-7) hizo un pedido específico, que Argentina aceptó, para que haya un pago neto de créditos a las agencias multilaterales. En los últimos 22 meses les pagamos 7.000 millones de dólares", dijo el ministro de Economía argentino. Como consecuencia, según Lavagna, la oferta de reestructuración de deuda a los acreedores privados no es una elección política, sino una "cuestión matemática": no hay dinero para ofrecer más.

RGT USA MCR

 

   

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