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Viernes, 12 de marzo de 2004

 

La reputación política en México

Por Enrique Orozco
(México)

 

Escuchando al licenciado Diego Valadez, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una reunión dentro del recinto legislativo del Congreso de la Unión, con varios panelistas con experiencia en asuntos políticos nacionales y sin que faltaran los representantes de todos los partidos políticos, se discutieron varios temas de importancia nacional, como la reelección, cambios a la Constitución, el establecimiento del referéndum, del plebiscito, del sistema de financiamiento a partidos y, en general, de todo lo relacionado a las prácticas de la democracia. Y me llamó la atención el punto referente a la reputación de los políticos.

Derivado del tema sobre la reelección, Valadez hizo énfasis sobre la clase de políticos que tiene México. Y tomando en cuenta que jamás se ha dado cabida a la opinión de los ciudadanos, ya que las decisiones de los diputados se han tomado atendiendo a los intereses personales de grupos de poder, es interesante lo que revela una reciente encuesta cuyo resultado fue catastrófico para los diputados: en escala de 1 al 10, les dieron 4,23, situándolos en el último lugar, por detrás incluso de la policía, que salió de su tradicional última plaza al escalar un puesto gracias a sus 4,48 puntos.

La encuesta se basó en preguntar cuánta confianza se le tiene a diversos estamentos como el poder judicial y la Universidad Autónoma de México, que quedó en el primer lugar seguida del judicial.

Independientemente de que a la fecha, sigue la incógnita de para qué sirven los diputados en México y el trabajo que desempeñan, salta en primer lugar la interrogante, de si estos políticos pretenden reelegirse mediante métodos legaloides omitiendo la participación de la sociedad en plebiscitos, donde se pueda determinar un cambio o modificación a la Constitución y, en consecuencia, que se pueda llegar a las reelecciones con el consenso del pueblo, no por acomodos de leyes que les siga favoreciendo a los políticos. Se caerá en problemas más serios si no se hacen cambios donde efectivamente pueda ejercitarse el deseo o voluntad del pueblo.

Como ejemplo de lo anterior, Valadez se refirió a Sadam Husein quien realizó un referéndum para ver si lo quería la gente para seguir al frente del gobierno. Curiosamente obtuvo el 100% de los votos como resultado de la consulta popular. Es de entenderse que, si no están las condiciones dadas para ejercitar la democracia plenamente porque las leyes y reglas las manejan y controlan los mismos que se interesan en reelegirse, seguiríamos por muchos años más padeciendo la inutilidad de los diputados y de todos los regidores de ayuntamientos.

Por otra parte, el órgano electoral también debe de sufrir cambios de fondo pues el sistema de financiamiento a los partidos en las épocas electorales. Sirva de ejemplo lo ocurrido recientemente en California (EEUU) donde el partido republicano ganó las elecciones con Terminator de gobernador. En esos comicios se dio a conocer que el gasto total fue al parecer de nueve millones de dólares: el Estado les dio 1,5 millones y el resto vino de aportaciones de los ciudadanos, pues en ese país se permite la cooperación de personas, no de empresas. Como este ejemplo, debería de practicarse en México, donde el órgano electoral de a los partidos una parte de la financiación que necesitan para sus campañas electorales y que el resto lo busquen de los ciudadanos.

Claro que esto llevaría como obligación tener que convencer al pueblo de que participe y para ello tendrían que trabajar más en proselitismo electoral y garantizar con algo más que saliva el cumplimiento posterior de sus promesas a los electores. Por lo tanto, no se recomienda iniciar reformas para reelegirse sin antes sentar las bases sólidas y darle al pueblo su lugar mediante las propuestas que pretendan hacer y que sea el pueblo quien evalúe los pros y contras emitiendo su voluntad.

De otra manera, se podría llegar a actuar como en otros pueblos de América Latina, donde un nuevo presidente tiene que promover el cambio de todo el Congreso porque los diputados se amafian en su poder sin prestar ningún servicio al pueblo. Y sólo causan un daño interminable al país, buscando escalar nuevas posiciones sin representar al pueblo como seria su obligación.

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