Viernes de abril 23 de 2004

Las empresas internacionales pagan la caída de la popularidad de los presidentes de Latinoamérica

Impuestos para mejorar la imagen

Por Gema Velasco

Kirchner, Toledo, Lagos, Fox, Mesa..., hasta el mismísimo Lula da Silva, el mandatario con más tirón en Latinoamérica, está perdiendo popularidad entre sus conciudadanos. Y encima poco pueden hacer por ganar puntos porque el FMI mantiene a todos los gobiernos del subcontinente encorsetados en sus famosas recetas de ahorro fiscal. Tienen que obtener dinero para financiar algunos de los programas electorales que les concedieron el triunfo en las urnas. Pero, ¿de dónde? Las empresas internacionales parece que son las que van a pagar parte de la remontada de esta nueva hornada de presidentes. Los impuestos son el arma recaudatoria elegida.

Casi todos los países han optado últimamente por incrementar los impuestos o crear otros nuevos que graven actividades en las que las compañías extranjeras tienen una presencia destacada. Es una fórmula impopular entre los inversores internacionales, pero no tanto entre la población ya que en la mayoría de los casos el anuncio del incremento de los impuestos va acompañado o precedido de una retahíla de críticas a la actitud de las compañías foráneas.

Los discursos contra el capital extranjero, y en algunos casos particularmente contra el español, se suceden, se rentabilizan y se alientan desde muchos sectores de la sociedad. Los ataques se centran sobre todo en la falta de inversión en infraestructuras, en su poco afán por financiar el tejido productivo (en el caso de los bancos), y en su nula intención de contribuir al desarrollo de los mercados bursátiles latinoamericanos: en cuanto pueden se van. Ahí está, por ejemplo, el reciente caso del banco español BBVA que sacó a su filial mexicana Bancomer de la Bolsa de Valores doméstica, y posteriormente hizo lo mismo con su subsidiaria argentina.

Las empresas más castigadas actualmente por la necesidad recaudatoria de los gobiernos del subcontinente son las energéticas, algo que ocurre además en plena crisis del sector en naciones como Argentina, Chile, o República Dominicana.

En el país austral la española Repsol YPF se llevó un gran susto cuando a finales de marzo comenzaron a escucharse con insistencia rumores sobre un posible aumento de los impuestos a las exportaciones. Pero finalmente Kirchner parece que ha dado marcha atrás ante la gravedad de la crisis energética que sufre Argentina, y de paso ha aprovechado para dar un pequeño disgusto a Washington. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció esta misma semana que el superávit primario excedente (el que sobre pasa a la meta pactada con el FMI del 3% del PIB) no se destinará a mejorar la oferta de reestructuración de la deuda, tal y como le gustaría a EEUU, si no a solucionar problemas internos. Entre ellos se mencionó la posibilidad de reducir los impuestos a la exportación.

La situación en el país de La Pampa es tan extrema que el propio presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, ha pedido en Buenos Aires que se racionalice el consumo de gas natural. Y advirtió de que la actual tasa de incremento de la demanda (23% entre diciembre y febrero) entraña inevitables problemas de abastecimiento. Aun así, Cortina asegura que Repsol aumentó un 18% su oferta frente a otras empresas que sólo lo hicieron un 2%. Es su forma de defenderse de las críticas lanzadas desde el Ejecutivo por la falta de inversiones realizadas por las empresas del sector.

Peor están las cosas en Bolivia. El Gobierno de Carlos Mesa ha repartido contra todos. Recientemente aprobó su Ley de Hidrocarburos, un texto que, entre otras cosas, introduce el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) lo que obligará a las petroleras a pagar el 50% de regalías al Estado, además de los impuestos vigentes. Esta iniciativa afectará a los 80 contratos ya firmados entre las compañías del sector y el Estado. El enfado entre las empresas afectadas ha sido mayúsculo. Tanto que el Gobierno está planteándose flexibilizar un poco el ICH para evitar más conflictos.

Entre las compañías afectadas se encuentra, de nuevo, la española Repsol YPF, la brasileña Petrobras, PanAmerican Energy, de capital argentino y de EEUU, y la estadounidense Esso.

Pero Mesa no se ha limitado a exprimir a las petroleras. Sus deseos de recaudación también se han concentrado en otros sectores más vulnerables. El gobierno ha aumentado los impuestos que pagan los comerciantes y el precio de la gasolina. La población ha reaccionado con violencia y se ha echado a la calle para protestar por esta situación. El asunto es grave. No hace ni seis meses que Mesa tomó el poder en sustitución de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que salir del país a toda prisa por el rechazo popular que generó su decisión de exportar gas natural a través de Chile, país con el que Bolivia mantiene un histórico conflicto geográfico.

En Venezuela también las petroleras alimentarán las cuentas del Estado. Pero en esta ocasión, la iniciativa no afectará a compañías extranjeras. El objetivo principal es estrujar al máximo a la empresa estatal Pdvsa, de la que se dice que es la "caja b" del Gobierno de Chávez. El mandatario latinoamericano ha anunciado que cambiará la ley impositiva para conseguir que esta petrolera aporte un 50% más a los ingresos del estado.

El Gobierno chileno de Ricardo Lagos tampoco está en su mejor momento. Su nombre es bastante impopular entre las empresas, especialmente entre las mineras, que son el gran bastión del país puesto que su principal fuente de ingresos son las exportaciones de cobre.

Lagos quiere cobrar a las empresas mineras un impuesto de hasta el 3% sobre las ventas brutas de mineral (cobre, oro y plata). La decisión ha sentado mal en el sector y también ha generado un gran ruido político, aunque de momento las críticas al Ejecutivo sólo se escuchan en los pasillos. La oposición está a la espera de que se detalle el proyecto y se especifique el destino de la recaudación.

Desde el Gobierno nadie quiere hablar de impuestos. Prefieren calificar a este nuevo gravamen como "contraprestación" por la explotación de recursos naturales no renovables, y que pertenecen al Estado. A los empresarios del sector, en cualquier caso, no les ha gustado la idea. Aseguran que esta nueva iniciativa desincentivará la exploración y pasará factura a la economía del país puesto que Chile podría perder su ventaja competitiva en el mercado de exportación de cobre.

Desde el Grupo Luksic, un gran conglomerado industrial liderado por una de las familias chilenas más influyentes del país, tanto politica como económicamente, se asegura que la creación de esta nueva carga es inconstitucional porque no respeta los principios de no discriminación en el trato económico e igualdad ante la Ley Tributaria.

Actualmente sólo dos de las 10 empresas mineras privadas más grandes que existen en Chile pagan impuestos: "La Escondida", propiedad de la australiana BHP Billiton, y "Los Pelambres", del grupo Luksic. También lo hace la compañía estatal Codelco.

El sector financiero también esta constantemente atacado por los impuestos, igual que son constantes las críticas a los bancos por no contribuir a través de su política crediticia al desarrollo de la región. Las peleas por este asunto son especialmente ruidosas en México. Pero también han comenzado a producirse en otros país, como Argentina.

Esta misma semana, el gobernador del Banco Central de Argentina (BCRA), Alfonso Prat Gay, aseguró que está muy "insatisfecho" con los bancos por su poca actividad a la hora de conceder préstamos.

Y aquí de nuevo aparece el problema fiscal. Prat Gay asegura que uno de los motivos que explican esta actitud es el denominado "impuesto al cheque" (1,2%), un tributo que según denuncia Ricardo López Murphy, líder del partido Recrear Argentino y competidor de Kirchner en las anteriores elecciones generales, no existe en ninguna otra parte del mundo.

Pero el gravamen que sí existe en otros países y que, de hecho está generalizado en Latinoamérica, es el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Esta carga ha sido muy criticada entre los banqueros y generó gran polémica hace unos meses cuando Perú lo incorporó a sus normas impositivas.

La presión de la banca internacional obligó al Gobierno de Alejandro Toledo a disminuirlo hasta el 0,1%, al igual que lo hizo recientemente en Brasil. Pero se negó a eliminarlo tal y como le ha pedido incluso el FMI. Lógico. Toledo tiene problemas. Su popularidad ha bajado radicalmente. Según las últimas encuestas cuenta con tan sólo el 8% del apoyo de la población. Como respuesta ha anunciado que aumentará el gasto social. El problema es cómo va a financiar esa promesa. El ITF seguro que le ayudará.

Las relaciones entre las empresas extranjeras y los países latinoamericanos parece que son muy complejos. Pero últimamente casi siempre funcionan con el mismo esquema: los gobiernos se quejan de que no contribuyen al desarrollo de la región, las compañías lo niegan. Luego las administraciones, agobiadas por los deberes impuestos por el FMI, intentan sacarles el máximo partido recaudatorio. Se produce entonces una pelea, y como consecuencia, casi siempre las posturas iniciales de los ejecutivos latinoamericanos se flexibilizan. Parece claro quién necesita más a quién.

RGN NPM BYS MCR