Viernes, 6 de febrero de 2004

 

Víctor De Gennaro, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos

"No se puede admitir que exista hambre en un país hecho de pan"

Por Gema Velasco

El FMI obligó a Argentina a mantener un superávit fiscal del 3% del PIB. Pero el país ha conseguido ahorrar más. En concreto, a final de año, el Gobierno calcula que el excedente sumará 7.841 millones de pesos (2.274 millones de euros). ¿Qué hacer con ese dinero? La polémica ha sido intensa. El FMI quería que se destinara a mejorar la oferta de reestructuración de la deuda en señal de buena voluntad, pero Kirchner, en uno de esos arranques contra el organismo internacional, aseguró que los acreedores no verían ni un sólo peso de ese dinero. Todo se quedaría en casa.

Pero el gesto, que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, confirmó el jueves tras anunciar el destino que tendrá finalmente ese excedente, no convence a muchos. El secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Víctor de Gennaro, ha pedido a Kirchner que convoque una consulta popular para que el pueblo decida qué hacer con ese superávit. Un instrumento democrático que, según De Gennaro, también podría utilizarse para preguntar al pueblo su opinión sobre la puesta en marcha del 'macroproyecto' comercial que impulsa Washington, el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).


- El Gobierno argentino acaba de concretar en qué se empleará el superávit fiscal de este año. En principio parece que todo se quedará en Argentina, ¿creen necesario, a pesar de todo, la realización de una consulta popular para decidir qué destino dar a ese excedente?

- Ese dinero está fuera del Presupuesto nacional, por tanto su uso tiene que ser discutido en el Parlamento. Además, entendemos que la consulta popular es un elemento de construcción política y de profundización de la democracia real que otorga mayor protagonismo al pueblo y permite crear un contrapoder frente a los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, que utilizan la riqueza del país para manterner la pobreza y el hambre.

- ¿Qué otros asuntos deberían decidirse por consulta popular?

- Ese mecanismo se podría utilizar para conseguir que se aprobara un seguro de asignación universal de 40 pesos para todos los niños del país y otra para los jubilados de más de 85 años que en estos momentos no cobran nada. También debería consultarse al pueblo sobre la posibilidad de formar parte del ALCA. Nosotros rechazamos seguir subordinados como nación a un país como EEUU, una potencia que con Bush avanza hacia su militarización.

- Rechazan el ALCA, pero ¿qué les parece el acercamiento del Mercosur a Europa?

- Las negociaciones de integración de los pueblos son fundamentales. Hay que fortalecer tanto la del Mercosur como la de Latinoamérica en su conjunto, y desde esa perspectiva nos parece fundamental el acercamiento a Europa. Esa integración ayudaría a consolidar prácticas más autónomas, por eso la alentamos y creemos que la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo los vínculos de los trabajadores de ambos bloques.

- Ustedes también han propuesto abrir un debate sobre la posibilidad de renacionalizar los recursos estratégicos del país como el petróleo o el gas, una iniciativa similar a la que han planteado los sindicatos y otras organizaciones en países como Bolivia o Chile, ¿cree que Latinoamérica se ha cansado de la presencia de las grandes empresas extranjeras?

- No se trata de cansancio. Lo que pasa es que han fracasado las privatizaciones, o mejor dicho, la desnacionalización de los recursos estratégicos de los países. Digo desnacionalización porque, además de privatizarlos, han quedado en manos de empresas estatales de otros países. El fracaso de este modelo ha quedado demostrado. Las grandes compañías internacionales no están al servicio del desarrollo de la nación. No hay más que ver el chantaje que han realizado las eléctricas en Argentina.

Pero además de fracasar, en la población hay un sentimiento de indignación porque todos estos procesos, desde el endeudamiento externo hasta las mencionadas privatizaciones, se han realizado a partir del genocidio de las dictaduras militares o de la corrupción.

- ¿Qué opina de la gestión económica de Kirchner?

- No está a la altura del avance en las políticas de derechos humanos. Los poderosos grupos económicos siguen siendo los que hacen los grandes negocios a costa de la inmoralidad del hambre. No se puede admitir que exista hambre en un país hecho de pan.

- ¿Cree que un Gobierno de izquierdas como el de Lula en Brasil respondería mejor a los intereses de los argentinos?

- Argentina está en un proceso de avance. No sólo se discute el quién, sino el para qué. Los quiénes se van construyendo poco a poco, de hecho el propio Kirchner es producto de una década de resistencia frente al menemismo, un periodo que culminó en 2001 con grandes movilizaciones populares y la caída definitiva del pensamiento único basado en el avance militar.

En Brasil hay una perspectiva obvia de cambio encabezada por un trabajador, pero todavía existen muchas contradicciones en un país que también ha sufrido la concentración económica.

- ¿Considera correcta la forma en la que el Gobierno de Kirchner ha gestionado el proceso de reestructuración de la deuda?

- Es inadmisible que se haya privilegiado al FMI y al Banco Mundial. La quita del 75% que se quiere aplicar a los acreedores privados tendría que haberse impuesto primero a estos organismos internacionales que han sido cómplices del saqueo de Argentina. Pasearon a Menem por todo el mundo y pusieron como ejemplo a Domingo Cavallo, ambos personajes nefastos para el país. Y después de eso, hoy siguen siendo los que influyen en la gestión económica de Argentina. Hay 100 menores de cinco años que mueren cada día de hambre. Se trata de un genocidio fruto de las desigualdes surgidas tras la puesta en marcha de los programas de ajuste impuestos por el Fondo.

 

La CTA es uno de los dos sindicatos más poderosos de Argentina. En estos momentos tiene casi un millón de afiliados, mientras que en todo el país hay 12 millones de personas ocupadas en los centros urbanos. Aglutina a más de 240 organizaciones y está estructurada en cuatro federaciones (energía, industria, salud y tierra y vivienda). La Central nació en 1992 en respuesta a la Confederación General de Trabajadores (CGT), el principal sindicato del país en ese momento y dirigido por peronistas que apoyaron las decisiones del Gobierno de Menem y su política de privatizaciones. En la actualidad las distancias entre ambas organizaciones se mantienen. En esta ocasión tampoco han coordinado el plan de lucha que tiene como objetivo fundamental acabar con el hambre en Argentina.

A pesar de que la política social del Gobierno de Kirchner es considerada insuficiente por el CTA, algunos pasos se están dando para mejorar las condiciones sociales y laborales, algo que sin duda vendrá muy bien a Kirchner para remontar en las encuestas de popularidad. Según el último sondeo, el 48% de los ciudadanos de todo el país respaldan la gestión del Gobierno, 22 puntos menos que al inicio de su mandato en mayo de 2003.

Parte del dinero del excedente fiscal se destinará, según ha anunciado Lavagna, a aumentar el gasto social. Entre otras cosas, el Gobierno dedicará al incremento de las jubilaciones mínimas 1.079 millones de pesos (312 millones de euros) y otros 300 (87 millones de euros) contribuirán a financiar el plan de seguridad. Prácticamente el resto se dedicará a financiar el coste de la crisis energética.

Todo en casa como prometió Kirchner. Pero hay todavía muchos asuntos pendientes y mucho camino que recorrer para erradicar el hambre en uno de los países con mayores recursos alimenticios del mundo.

RGT PLT MCR

  RGFF

Edita Asesores de Publicaciones S.L.