Viernes 28 de mayo de 2004

El incendio del centro penitenciario de San Pedro de Sula causó 103 muertos y 25 heridos

El odio a las pandillas se extiende por Honduras

Por Marien Aguilar y Paula Valencia

Una gran campaña de comunicación está creando un ambiente de odio hacia las llamadas "maras" (pandillas de delincuentes). Así es como los expertos en Derechos Humanos describen la situación que vive Honduras desde que el pasado lunes 17 de mayo se produjera un incendio que causó la muerte de 103 de los prisioneros de la cárcel de San Pedro Saula, al norte del país, provocando una de las peores catástrofes de esta categoría de la historia del país. Una vez más se ha desatado el polémico debate sobre los derechos humanos del país, ya que muchos de los reos han denunciado que los carceleros no les abrieron las puertas y que, de haberlo hecho, la catástrofe se podía haber evitado. Además, la cárcel ha quedado en evidencia ante todo el país por las condiciones de vida del recinto, que quedaron de manifiesto por las quejas de los presos.

Como señalan algunos analistas, las cárceles hondureñas son "bombas de tiempo", no hace falta más que esperar para que, tarde o temprano, exploten por uno u otro lado. Las pésimas condiciones en que conviven los presos son pésimas, están hacinados, conviviendo en una celda el doble de personas de las que deberían. Así, por poner sólo un ejemplo, la cárcel de San Pedro Sula tiene capacidad para 800 presos, y actualmente están internados 2.200, lo que indica una superpoblación carcelaria de casi el 100%.

Este fenómeno comenzó desde que se reformó el Código Penal para dar cabida a una nueva ley sobre pandillas, fenómeno muy extendido en Honduras. La Ley Antimaras (antipandillas) establece la retención, entre cuatro y 12 años, de aquellos que podrían cometer un delito y no de los que realmente lo han cometido. De ahí que las cárceles hondureñas se hayan llenado de "pandilleros" que han sido arrestados, pero no sometidos a juicio, y eso teniendo en cuenta la falta de instalaciones adecuadas que hay, lo que provoca que haya hacinamientos. Las pandillas están considerada como la mayor causa de delincuencia del país, por eso las autoridades las quieren evitar a toda costa. En Honduras operan más de 500 pandillas, que en total suman más de 100.000 miembros que operan en todo el país.

Con la Ley Antimaras, el Estado, lejos de acabar con las pandillas, está fortaleciéndolas dentro de las cárceles, aumentando su identidad "como pandilla" y creando nexos irreconciliables entres sus miembros. Además, la cultura de estas mafias dentro de las cárceles aumenta vertiginosamente.

El pabellón incendiado el lunes albergaba a 182 prisioneros, de los cuales sólo salieron con vida 78. Según fuentes oficiales, el incendio fue causado por una avería eléctrica, pero los encarcelados allí presentes afirman contundentemente que los guardias provocaron el incendio para posteriormente impedir su salida de las celdas, es decir, creen que fue algo premeditado.

Las asociaciones de Derechos Humanos de Honduras han condenado este suceso, que califican como una negligencia de las autoridades, surgida en medio de una fuerte campaña implícita contra los jóvenes pandilleros del país y que los medios de comunicación se encargan de favorecer. En concreto, el director de la asociación Jóvenes Hondureños Adelante, Juntos Avancemos (JHA, JA), Ernesto Bardales, declaró a Americaeconomica.com que "nuestro Gobierno es irresponsable porque define medidas políticas para un fenómeno que no puede definir" (...) "no hay una política clara criminal".

En este sentido, Bardales aseguró que los Derechos Humanos de los pandilleros no están garantizados en Honduras, ya que no existen programas de rehabilitación e inserción específicos para estos jóvenes, que son encarcelados, muchas veces sin cargos explícitos y "amontonados en las cárceles para quitarles de en medio".

Otro incidente similar ocurrió en abril del año pasado en el penal El Porvenir. Murieron 69 personas, la mayor parte de ellos pandilleros, y se culpó de su muerte a los funcionarios de la cárcel. Sin embargo, hoy por hoy, mientras la investigación aún no se ha cerrado, estos carceleros siguen en sus puestos. Según un informe de la organización humanitaria Casa Alianza, durante la legislatura del actual presidente, Ricardo Maduro, se han registrado 64 muertes de reclusos menores de 23 años.

Respecto a la última tragedia, el portavoz del Ministerio de Seguridad de Honduras, el subsecretario Leonel Sauceda, confirmó a Americaeconomica.com que la investigación sobre el incendio está en manos del Ministerio Público, a través de una Comisión nombrada por el presidente Ricardo Maduro. Sauceda dijo que "es esta Comisión quien finalmente dirá si ha habido negligencia o no".

En cuanto a la situación de los presos, Sauceda comentó que sí existen programas de rehabilitación de presos y de inserción en la sociedad, muchos de ellos gestionados en colaboración de la Iglesia y la Administración Pública, y declaró que "a todo interno en centros penitenciarios se le respetan sus derechos y garantías personales, y si éstas no son las mejores es debido a la falta de presupuestos".

Por su parte, el Ministerio Público anunció que llevará a cabo la investigación de 23 centros penales del país para determinar sus condiciones de seguridad y el grado de implicación de los funcionarios de prisiones en las muertes de reclusos. Aida Romero, fiscal especial de Derechos Humanos, declaró que "vamos a comenzar una investigación para establecer cuáles son los móviles de estos hechos" y "vamos a llamar a las autoridades penitenciarias para preguntarles qué han hecho o qué han dejado de hacer para evitar que estos hechos sucedan". Por su parte, Maduro suspendió una gira que había comenzado por Europa para acudir a su país y ser testigo de las investigaciones que se llevarán a cabo.

La Ley Antimaras no es otra cosa que parte de la reforma del artículo del Código Penal hondureño, por la cual, se aumenta la pena entre un 100% y un 200%, pero no define los conceptos de "mara" y "pandilla", ni tipifica los delitos que se les atribuyen a estos grupos juveniles. Con estas modificaciones, el Gobierno, lejos de eliminar las pandillas, incrementa la identidad de sus miembros como parte de este colectivo. Se están creando en las cárceles colonias de "mareros" que se están fortaleciendo y recrudenciendo.

HDR PLT