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Viernes
4 de junio de 2004
EEUU
considera a los movimientos populares latinoaméricanos un
posible foco de terrorismo
¡Cuidado
con los indios!
Por
Alejandro
Aldana S.*
Mientras millones de espectadores observaban a través de
las pantallas de televisión, como se derrumbaba el World
Trade Center, un buen número era consciente que más
allá de las famosas Torres Gemelas se caía también
la percepción histórica sobre el sofisticado aparato
de seguridad de la única súper potencia de nuestros
días.
El impacto de
los atentados del 11 de septiembre no se hizo esperar. Cuantiosas
inversiones se destinaron a realizar mecanismos de seguridad mucho
más seguros en fronteras y medios de transporte. El tema
de la seguridad se convirtió en el centro de la agenda pública.
Frente a esta
situación de terror generalizado comenzamos a observar acciones
desesperadas y sobre todo autoritarias de algunos países;
el discurso se tornaba cada vez más acusatorio y persecutorio.
Para el investigador Ignacio Cano, las altas tasas de violencia
y criminalidad de Latinoamérica, las luchas emprendidas por
diversos grupos o conglomerados sociales y el avanzado movimiento
de los pueblos indígenas, se convierten en factores que nos
permiten entender por qué la opinión pública
estadounidense, al igual que el gobierno de Bush, identifiquen a
los países latinoamericanos con focos de terrorismo o posible
terrorismo.
Las intensas
campañas mediáticas llevadas a cabo en medios masivos
de comunicación han provocado en algunos sectores de la sociedad
latinoamericana y en el peor de los casos, en determinados espacios
gubernamentales, el aval en acciones que vulneran los derechos humanos,
permitiendo por acción u omisión practicas como la
tortura, la violencia policial, la militarización y, en países
como México, la discusión sobre la legitimidad de
las luchas campesinas y los movimientos de los Pueblos Indígenas
se observan como un serio peligro para la seguridad nacional.
El riesgo que
se corre es que se considere el derecho internacional humanitario
y los derechos humanos como prerrogativas, marcos jurídicos,
que únicamente tienen sentido de existir en los llamados
países "avanzados", que no tienen el lastre de
la violencia social y la presencia de Pueblos Indígenas que
ponen en peligro la estabilidad nacional, la seguridad de los países
y la vida armoniosa que sustenta el consabido Estado de Derecho.
A este respecto
Jesús Q. Alemancia, del Centro de Estudios y Acción
Social Panameño, realiza una reflexión interesante
de cómo los gobiernos integrados al fenómeno de la
globalización conceptualizan como un peligro a la seguridad
no sólo nacional si no hemisférica.
El gobierno
de los EE.UU. a través de su Consejo Nacional de Inteligencia,
organismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), hizo publica
su posición ante este fenómeno, en su informe "Tendencias
Globales 2015". En dicho documento la CIA considera que América
Latina tiene un reto que enfrentar, y éste no es más
que los movimientos indígenas de resistencia. El resultado
del análisis realizado en el documento es que: "Tales
movimientos se incrementarán, facilitados por redes transnacionales
de activistas de derechos indígenas, apoyados por grupos
internacionales de derechos humanos y ecologistas bien financiados",
y agrega, "Las tensiones se intensificarán en un área
desde México a través de la región del Amazonas...".
Ante estas posiciones
es claro observar que las perspectivas para los derechos humanos
no son favorables.
Como un dato
adicional podemos señalar el balance realizado por el Centro
de Estudios e Investigaciones Militares de las fuerzas Armadas de
Chile, que en 1999 sacaba a la luz el documento "El conflicto
Mapuche y su Impacto en la Seguridad Nacional". Las conclusiones
del informe son contundentes: los mapuches son un problema de seguridad
porque, en "primer lugar, afectan al orden interno y a la tranquilidad
pública del país, a través de diversos llamados
que los dirigentes del movimiento han efectuado a transgredir el
ordenamiento jurídico. En segundo término, porque
durante su desarrollo se ha pretendido, no sólo limitar,
sino también vulnerar el derecho de propiedad consagrado
por la Constitución. En tercer lugar, porque han existido
claras manifestaciones de extrapolar el conflicto local al plano
nacional, incluso con la participación de elementos foráneos,
como son los voluntarios internacionales y organismos extranjeros
que tienen interés en la reivindicación de minorías
a lo largo del orbe".
La historia
reciente del movimiento indígena continental, y su alto nivel
de incidencia en la opinión pública internacional,
ha despertado un sin número de posiciones alarmistas, que
pretenden impedir el desarrollo de estas luchas, en especial durante
la última década del siglo XX (el levantamiento armado
zapatista en Chiapas, las grandes movilizaciones indígenas
en Ecuador, los procesos políticos abiertos por los indígenas
en Colombia en medio de una guerra interna, los conflictos por recursos
naturales en la costa atlántica de Nicaragua, la resistencia
aymara en Bolivia frente a la política antidrogas del Presidente
Banzer).
El Comité
de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha-París
han constatado la sistemática violencia y represión
contra los Pueblos Indígenas de varias regiones de México.
La lucha de los Pueblos Indígenas mexicanos por la autonomía
se ha convertido en un conflicto de ámbitos legales, positividad
de derechos, sistemas normativos propios y legitimidad. Para estos
Pueblos la autonomía constituye un proyecto histórico,
una expresión de resistencia, hacer valer sus propias decisiones
a partir de una organización propia, basada en su cosmovisión.
Sin embargo,
la construcción de la autonomía se enfrenta en México
a las políticas neoliberales impulsadas por el propio gobierno
federal y de las entidades federativas, quienes imponen a los pueblos,
violando el derecho a ser Consultados como lo estipula el Convenio
169 de la OIT, proyectos como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica,
así como nuevos megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá
(PPP) y el del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Estos proyectos representan para los pueblos de México
una verdadera oleada de saqueo y destrucción de los recursos
naturales, la violación constante de sus derechos socio-culturales,
bloqueando así cualquier tipo de organización autónoma.
Frente a estas
situaciones y la complejidad del tejido social y sus dinámicas,
es necesario que los programas y proyectos de seguridad hemisférica
entre los Estados y los ciudadanos estén sustentados en el
goce de los derechos humanos. Para los Pueblos Indígenas
se convierte en prioridad el reconocimiento de sus derechos colectivos
en normas internacionales, así como en las Constituciones
de los países, los cuales prevean leyes reglamentarias o
instrumentales que garanticen su efectiva aplicabilidad.
Para ello es
muy importante la participación de la Sociedad Civil. La
Coalición Internacional de Organismos de Derechos Humanos
es un espacio de articulación de organizaciones civiles,
principalmente del continente americano, que en un primer momento
trabajamos con el objetivo de fortalecer el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. A través de este trabajo específico,
se fueron ampliando los ámbitos de incidencia de las organizaciones,
pues el tema de la garantía y defensa de los derechos humanos
se fue ampliando a otros espacios de la propia OEA.
Es de suma importancia
que en el proceso de construcción del nuevo concepto de seguridad,
la participación de la sociedad civil en su conjunto sea
un elemento fundamental, aportando las experiencias acumuladas en
otros espacios de participación, las cuales es necesario
implementar para poder tener un claro nivel de incidencia en los
temas que como sociedad nos afectan
* Abogado
y escritor. Miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas A.C
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