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Jueves, 1 de julio
de 2004 El presidente de Telefónica, César Alierta, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez del llamado 'caso Tabacalera', Santiago Torres, por entender que comete “fraude de ley procesal” al dictar resoluciones pese a ser requerido de inhibición. La denuncia, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, y que ya ha sido remitida al CGPJ, señala que a pesar de que la Audiencia Nacional decretó que el caso es de su propia competencia, el juez Torres, titular del Juzgado de Instrucción Número 32, acordó tomar declaración a varios testigos. Los abogados defensores de César Alierta y de su sobrino, Luis Javier Placer, solicitaron al juez que acordase la suspensión, habida cuenta de que Alierta y Placer tenían que acudir a diligencias señaladas con anterioridad por otros juzgados. “Pese a acreditar dicha circunstancia de manera fehaciente”, señala el texto de la denuncia presentada ante el CGPJ, el juez denegó el aplazamiento y tomó declaración a varios testigos en ausencia de sus abogados defensores, quienes pese a su protesta formal, se vieron impedidos de estar presentes y de defender a sus clientes en el citado acto procesal. Una vez que la Audiencia Nacional requirió al Juzgado de Instrucción Número 32 para que le remitiese la causa al considerar que era competente, Torres “usó un procedimiento aplicable al supuesto que nos ocupa en virtud del cual recabó informes del Ministerio Fiscal y de la acusación popular en el trámite previo a pronunciarse sobre dicho requerimiento”. Falta
de respeto a los cauces. La defensa recuerda que la norma obliga
a seguir un determinado cauce, ordenando de modo taxativo e imperativo
que si los jueces de instrucción no se ponen de acuerdo sobre
su competencia, deben remitir sin dilación y sin más trámite
sus decisiones al Tribunal Supremo. “El Alto Tribunal debe escuchar
al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, y al no haber observado
este procedimiento, el juez Santiago Torres ha actuado en fraude de
ley procesal, permitiendo la incorporación de informes no previstos
en la Ley”, señala la propia denuncia. La denuncia se ha producido después de que el juez impusiese a César Alierta, su mujer y su sobrino una fianza de 4,95 millones de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria por si tuviera que hacer frente a una hipotética condena por la posible comisión de un delito de información privilegiada cuando presidía Tabacalera. Esta fianza tiene carácter solidario, de manera que debe ser abonada en metálico o mediante un aval. Un proceso judicial contradictorio. Expertos jurídicos consultados por el diario madrileño El Boletín han mostrado su perplejidad por la actuación del juez Torres, que pone de manifiesto una disparidad de criterios excesiva entre magistrados. Estos recuerdan que el juez de instrucción anterior sobreseyó el caso y que la Audiencia Provincial solo pidió completar la instrucción en aspectos técnicos y que además existía un conflicto de competencias sin resolver porque la Audiencia Nacional se había declarado competente, con lo cual cualquier ciudadano puede sentirse indefenso. Un juez que vino de Marbella. Santiago Torres ha sido un juez marcado por la polémica a lo largo de los últimos años. Salió a la luz pública a principios de 1999 cuando, desde la Audiencia Provincial de Málaga, decretó el ingreso en prisión del fallecido Jesús Gil, ex presidente del club de fútbol Atlético de Madrid y ex alcalde de Marbella, dentro de la instrucción del llamado ‘caso de las camisetas’. El ex presidente del Atlético de Madrid pasó tres noches en la cárcel, saliendo finalmente tras sufrir una arritmia. No obstante, pese a las acusaciones, Gil solo fue condenado a una pena de inhabilitación de 28 años y de prisión de seis meses. Posteriormente, Torres pidió el traslado a Madrid, pese a que el nuevo puesto significaba un descenso en el escalafón judicial. Del juez Santiago Torres se dice que mantiene relaciones con la prensa madrileña y el director del diario El Mundo, y también hay quien le vincula con el anterior fiscal Anticorrupción de Barcelona, Jiménez Villarejo, y con algunos de los casos que llevó. Su búsqueda de transcendencia popular iniciada en su persecución de los Gil le hizo aparecer por primera vez en los papeles en un caso relacionado con dos caballos olímpicos en Atlanta (EEUU) que eran propiedad del ex presidente del Atlético. Torres, incluso, llegó a pedir los vídeos del citado acontecimiento deportivo a Televisión Española. Trataba de demostrar que la publicidad de Marbella no había sido exhibida durante la competición. Un acusador poco limpio. José María Davó, abogado de Auge, la asociación que ha impulsado todo el proceso jurídico, también ha estado envuelto en extraños casos. Incluso ha llegado a ser acusado en ocasiones de practicar chantajes. Tras muchos meses de presión judicial sobre el presidente de Telefónica, Davó admitió en unas declaraciones a la revista Epoca a principios del mes de febrero que el ‘caso Tabacalera’ acabaría el día en el que César Alierta pusiese encima de la mesa 100 millones de pesetas (unos 600.000 euros). José María Davó dijo también que en este proceso estaba contando con la “inestimable” ayuda del diario El Mundo, asegurando que uno de sus subdirectores, Casimiro García Abadillo, le llamaba continuamente para darle información. El abogado también insinuaba que desde este periódico se le estaba animando para que aguantase hasta el final. La CNMV, sin posibilidad de sancionar. Otra de las peculiaridades del caso Tabacalera está relacionada con el convencimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) de que toda la operativa bursátil en la que se basa el asunto no es sancionable con el actual reglamento. En una cuestión que afecta muy directamente al supervisor de los mercados españoles, la CNMV ha mantenido esta opinión desde el principio y la ha dejado patente al ser consultada. Resulta
curioso, cuando menos, que puedan existir sospechas de un posible delito,
cuando las normas por las que se rige una actuación determinada
no contemplan esta posibilidad, según la autoridad encargada
de hacerla respetar. |
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