La Ley General Tributaria española ha entrado hoy en vigor en medio de unas duras críticas de los inspectores fiscales. Consideran que la nueva normativa presenta “varias lagunas” que contribuirán indirectamente al mantenimiento de la actual bolsa de fraude fiscal en España.

Uno de los grandes objetivos con los que se había formulado la nueva Ley General Tributaria, que sustituye al anterior texto de 1963, era precisamente la lucha contra el fraude. Sin embargo, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (Apife) denuncia que, entre otras deficiencias, los nuevos plazos de procedimiento “favorecen al contribuyente ficticio que oculta sus rentas y patrimonios y le dota de mayores garantías que al que puntualmente presenta sus declaraciones tributarias”.

La asociación de inspectores, que cifra el fraude existente en España en más de un 20% del PIB, rechaza el establecer diferencias entre los contribuyentes según su objetivo fiscal.

Apife considera además muy mejorable la regulación de las actas con acuerdo, la eliminación de los intereses en las sanciones y el uso del interés legal en los aplazamientos.

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