El triunfo del "sí" en la consulta popular que vivió Bolivia el pasado domingo deberá ser aprobado por el Congreso del país, donde el presidente boliviano y artífice del referéndum, Carlos Mesa, carece de representación. Una vez conocidos los resultados del referéndum, Mesa envió ayer su Proyecto de Ley de Hidrocarburos ante el Congreso Nacional, una ley que, según el mandatario, "resoponde exactamente a la naturaleza, estructura y espíritu" del cuestionario planteado en las urnas.

El apoyo del pueblo a la política energética de Mesa debe ser sometido a la interpretación de ocho partidos en el Congreso, que darán a conocer sus conclusiones el próximo 4 de agosto. El peligro radica en cómo interpretarán ahora el Gobierno y los partidos la voluntad ciudadana que respondió "sí" a la "recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano".

Ante la desventaja que supondrá para Mesa el no tener ningún diputado en el Parlamento, el mandatario insistió en que el carácter vinculante y obligatorio del referéndum forzará a los congresistas a dar el visto bueno a su proyecto de Ley de Hidrocarburos.

Además, Mesa ya ha conseguido llevar a buen puerto varias leyes que él mismo planteó a los legisladores, entre ellas, la reforma de la Constitución que permitió la realización de un referéndum a propuesta del Poder Ejecutivo.

Pero la carencia de parlamentarios no es el único obstáculo para la política energética de Mesa, que sigue contando con la oposición de los sectores sindicales y campesinos. Estos sectores consideran que las preguntas planteadas en la consulta eran "una trampa" porque sólo favorecían a las multinacionales petroleras.

El Comité de Defensa del Patrimonio Nacional de la Soberanía y Dignidad de Bolivia (Codepanal) también ha anunciado una campaña para recoger 260.000 firmas para convocar un nuevo referéndum que consulte de verdad si se deben o no nacionalizar los recursos energéticos de Bolivia.

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