Viernes 16 de julio de 2004

 

Hoy comienza una huelga de 72 horas en contra del Referéndum del Gas del próximo domingo

El gas que hace estallar a Bolivia

Por Vanesa Camargo

Quedan dos días para el Referéndum Vinculante del Gas y todo apunta a una nueva revuelta en Bolivia, similar a la que ocurrió en octubre de 2003 y que terminó por derrocar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Movidos por la indignación ante la política energética del actual mandatario, Carlos Mesa (que fuera vicepresidente de Lozada), quien afirma que no tiene intención de expropiar ni confiscar los terrenos concedidos a las transnacionales petroleras que operan en el país, los grupos sindicales bolivianos comienzan hoy una huelga de 72 horas. Sin embargo, Mesa está convencido de ganar la consulta y reitera a la población que debe contestar con un “Sí” rotundo a las cinco preguntas que compondrán el referéndum.

A través de una papeleta con esas cinco preguntas, los ciudadanos bolivianos decidirán el próximo domingo el futuro de los recursos energéticos de su país. Esta será la primera consulta popular en 73 años, un plebiscito con tres objetivos fundamentales, según Mesa: respaldar la modificación del régimen del sector hidrocarburos, autorizar la exportación de gas y usar las reservas energéticas como instrumento de negociación con Chile para que Bolivia recupere una salida al mar.

Pero las preguntas en cuestión han suscitado una fuerte convulsión y disconformidad en los sectores sociales. La prensa local se ha llenado de análisis de expertos que desgranan los cinco puntos para demostrar la supuesta trampa que esconden. Las posturas se han radicalizado y la Plaza Murillo, frente al Palacio del Gobierno en La Paz, se llenó ayer de militares como medida cautelar ante los rumores de golpe de Estado que comenzaron a surgir. El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, llamó al pueblo a defender la democracia.

La situación más crítica se vivió el miércoles, cuando el gas destinado a Argentina fue cortado por los campesinos bolivianos como protesta. Horas más tarde fue restablecida la exportación, tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno boliviano, según informó un dirigente cívico, Guido Vaca. Pero continúan las amenazas de boicot y las llamadas a anular el voto por parte de los principales opositores al referéndum, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUT) porque consideran que la política de Mesa no contempla ningún tipo de expropiación a las transnacionales. El propio presidente declara que su propósito es aumentar la participación del Estado en la comercialización del gas a alrededor del 50%.

No está claro si los resultados del referéndum se aplicarán a los 78 contratos ya firmados por el Gobierno con las transnacionales, o si estos seguirán como están y las modificaciones se aplicarán a futuros contratos. Porque el mandatario boliviano asegura que respetará los acuerdos vigentes sea cual sea el resultado de la votación. Aquí hay que tener en cuenta que una de las principales empresas petroleras en Bolivia es la brasileña Petrobras y actualmente hay grandes intereses entre Brasil y Bolivia reflejados en importantes proyectos como la construcción de un polo petroquímico en la frontera entre ambos países.

Mientras el Gobierno y las Fuerzas Armadas desmentían los rumores sobre un posible golpe de Estado, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) enviada a Bolivia así como militares y policías comenzaron a funcionar. La OEA velará por la legalidad del acto en las urnas y las fuerzas del orden tratarán de evitar cualquier tipo de sabotaje.

Hace nueve meses, la misma disputa le costó el cargo al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en una revuelta popular, motivada por los planes del Gobierno de exportar gas a EEUU por puertos chilenos. Unas 56 personas murieron. El entonces vicepresidente Mesa sucedió en la Presidencia del país a Sánchez de Lozada con todo el respaldo social y prometió el referéndum para que los bolivianos decidieran democráticamente la nacionalización o no del gas del país.

Mesa, convencido del éxito de su campaña informativa, aseguró que los sondeos realizados hasta el momento revelan que el 80% de la población acudirá a votar y que el "60% de los bolivianos votarán a favor de permitir la inversión extranjera en el sector energético, para que después Bolivia se convierta en un interlocutor económico en materia energética".

Pero el verdadero debate público comenzará el lunes, cuando unos y otros hagan sus interpretaciones sobre los resultados del referéndum, aunque Mesa reitere que no admitirá ningún tipo de interpretación y que "lo que salga de la consulta del gas es obligatorio".

BLV PLT NPM

   

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