Viernes, 16 de julio de 2004

 

AMÉRICA EN FOCO

Bolivia: prueba de fuego

Por Juan Varde
(La Paz)

 

El Gobierno del presidente Mesa ingresa en una etapa crucial, no sólo a efectos de jerarquizar en alguna manera su magra gestión, sino la trascendencia que el futuro boliviano amerita.

Signada por el referéndum energético, la sociedad se ha dividido entre quienes apoyan y los que se oponen a la nacionalización de las concesiones petroleras y gasíferas del país.

El clima previo a la consulta se caracteriza por la catarata de críticas a su formulación y la inestable opinión de las figuras más importantes de la vida política, lo que está escondiendo discusiones, mientras se esfuma la imagen de los líderes de la protesta popular que en octubre de 2003 produjo la renuncia del entonces presidente, el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, por su política respecto del gas y petróleo.

El presidente Mesa propuso cinco preguntas en cuyas respuestas, los casi cinco millones de bolivianos determinarán su apoyo a la actual ley de hidrocarburos, si se recupera la propiedad del gas en boca de pozo o si se refunda la empresa estatal para que participe en la producción de esos recursos.

Asimismo, los bolivianos se pronunciarán sobre la política de Mesa sobre el gas como recurso estratégico para negociar, específicamente con Chile, una salida al Pacífico.
Definirán, por último, si la exportación de gas estará supeditada a la cobertura de las necesidades locales, al fomento de la industrialización, al cobro de mayores impuestos, y el destinar lo recaudado a obras sociales.

El mandatario se ha negado a incluir en el cuestionario la posibilidad de nacionalizar los recursos, por temor a espantar las inversiones privadas, que desde octubre han caído a su nivel más bajo en una década (poco más de 100 millones de dólares) y terminar de acabar la menguada seguridad jurídica del Estado.

Desde su convocatoria, en abril pasado, la consulta ha debido sobrellevar numerosos contratiempos, el más reciente de los cuales fue la abstención, tras desatarse un áspero debate en torno de si el voto es obligatorio o no. Finalmente el Tribunal Constitucional confirmó la obligatoriedad de la participación ciudadana.

Sin embargo, aún cuando ha sido allanado el camino legal, un nubarrón amenaza al referendo, la desinformación o desconfianza de los votantes y la posibilidad de disturbios callejeros.

Mientras tanto, el enigma del día después se pasea silenciosamente.

BLV PLT NPM

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