El Gobierno del presidente Carlos Mesa ha decidido revisar los 78 contratos de riesgo compartidos firmados con las petroleras transnacionales que operan en Bolivia. Según declaró el ministro boliviano de Hidrocarburos, Guillermo Toledo, la Administración de Mesa tiene la certeza de que algunas cláusulas de esos convenios fueron incumplidas por las petroleras.

Hasta el momento, se ha comprobado que varias empresas petroleras no cumplieron con su compromiso de perforar nuevos pozos exploratorios en las zonas que explotan al amparo de un decreto supremo emitido por el Gobierno del ex presidente Jorge Quiroga Ramírez (1991-92), que les eximió de realizar esa inversión que supera los 900 millones de dólares.

Toledo asegura que si se comprueba que han existido más irregularidades, se procederá a la anulación de los contratos.

Sobre la refundación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (TPFB), el ministro aseguró que ha comenzado a transformarse en una empresa que participará en la comercialización, industrialización y transporte, en sociedad con empresas extranjeras.

Otras fuentes oficiales adelantaron que la nueva YPFB ejercerá control sobre el sector hidrocarburos y, bajo el modelo de sus similares de Brasil, México y Venezuela, tendrá estructura de sociedad anónima y podrá tener accionistas mayoritarios privados.

Según fuentes gubernamentales, una de las opciones que ofrecerá la nueva Ley de Hidrocarburos será que las empresas que no inviertan en la exploración petrolera, deberán invertir en operaciones del "dowstream" (comercialización, industrialización, ampliación de redes y transporte).

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