Viernes 13 de agosto de 2004

El proyecto de Ley de Hidrocarburos tardará tiempo en aprobarse

Las leyes en Bolivia levantan pasiones

Por Vanesa Camargo

Todos los partidos políticos de Bolivia quieren proponer su alternativa al proyecto de Ley de Hidrocarburos planteado por el presidente Carlos Mesa. Hasta el momento, el Congreso de Bolivia tendrá que analizar y considerar al menos ocho proyectos de Ley de Hidrocarburos, según la prensa local. Y ante el gran desacuerdo parlamentario, el propio Congreso boliviano declaraba que interpretaría “a su manera” los resultados del Referéndum del Gas del pasado 18 de julio de cara al debate prioritario en la agenda parlamentaria. Mientras, las petroleras mostraban su disconformidad con la subida de impuestos que estipula el Gobierno de Bolivia y mediante un comunicado de prensa, hacían público un contundente rechazo a la posible nueva ley.

La propuesta del presidente Carlos Mesa, denominada "Anteproyecto de Ley de Ejecución y Cumplimiento del Referéndum del 18 de julio de 2004 sobre la Política Energética de Bolivia", ha sido la opción más criticada por el pueblo boliviano y por las petroleras. Este documento propone incrementar hasta el 50% los impuestos a las transnacionales que operan en Bolivia. La oposición argumenta que el texto redactado por el Gobierno de Mesa no plantea, en definitiva, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, ni la revisión ni la anulación de los contratos con las petroleras que no cumplan los convenios.

Los primeros en presentar otras opciones han sido el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR). Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, ha anunciado su proyecto de ley para el próximo 17 de agosto, y plantea que el incremento del 50% no sea de impuestos, sino de regalías (royalties, derecho que las transnacionales pagan al Gobierno a cambio del permiso para explotar los recursos naturales).

Además de los partidos políticos, distintas agrupaciones civiles como el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), la Coordinadora del Gas boliviana y organizaciones campesinas e indígenas como el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) han presentado sus propias propuestas para que sean consideradas por los legisladores. Se centran en que la subida de impuestos a las petroleras no recoge lo que el pueblo boliviano pedía en el Referéndum y en sus artículos establecen la nacionalización de los recursos energéticos y la anulación de los contratos de riesgo compartidos que el Gobierno mantiene con las transnacionales, además de la refundación de la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como una forma de adecuar realmente las respuestas de la consulta popular a la legislación sobre recursos naturales.

Las petroleras y los impuestos. Según declaró a Americaeconomica.com Ronald Fessy Málaga, de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), entidad que engloba a todas las empresas petroleras que operan en Bolivia, el presidente Mesa había consensuado su proyecto con las transnacionales, pero faltaría saber hasta dónde.

La aprobación de la ley es urgente, de hecho, es prioridad en la agenda parlamentaria. Lo que ocurre es que, debido a la peculiaridad de la política boliviana, cada partido querrá aportar su proyecto de ley (algunos ya lo han hecho público), por lo que el desacuerdo en el Congreso está ralentizando en gran medida el proceso.

Pero lo que realmente preocupa a las petroleras no es la lentitud para aprobar una nueva ley, porque no es bueno precipitarse. El problema es que el planteamiento inicial de Carlos Mesa establece un Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) que llegaría al 50% de los beneficios de las empresas como recaudación para el Estado. El MAS y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) no contemplan la subida de impuestos, sino el incremento en las regalías, también hasta el 50% de los beneficios. Y las petroleras no están dispuestas a perder sus ingresos extra.

Además, la CBH denunció que la propuesta de Carlos Mesa, con tan sólo 32 artículos “parece más bien una ley de emergencia para recaudar dinero pronto”. Una simple comparación: la ley vigente, aprobada por el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, tiene 86 artículos. La lluvia de propuestas alternativas por parte de partidos políticos y organizaciones civiles se debe también a que éstos han visto las intenciones de Mesa y demandan una ley más larga que no se limite solamente al tema recaudatorio y en la que los artículos no se refieran sólo a impuestos.

En este sentido, ha sido el propio presidente Mesa quien aseguró que “si se aprueba como está planteada la ley a Bolivia ingresarán adicionalmente, sin vender una sola molécula de gas más del que hoy esta vendiendo, 90 millones de dólares (73 millones de euros) y en el mes siguiente, sólo en el mes siguiente, después de la aprobación de la ley, 8,5 millones de dólares adicionales (casi siete millones de euros)”.

En caso de aprobarse el proyecto de ley que propone el Ejecutivo boliviano, la CBH no supo explicar cómo afectaría a las compañías petroleras. Los impuestos se gravarán en función del tamaño de los campos que se explotan y esto afecta más o menos de acuerdo a cada compañía.

Ante este panorama, las petroleras se mueven en la incertidumbre. Según declaraba el presidente de Repsol YPF, Julio Gavito, en una entrevista: “No se puede migrar a una ley si con la nueva se van a perder las inversiones y se reducen drásticamente las rentabilidades”. Gavito insistió en que Repsol comprende las dificultades de Bolivia, pero se solucionan mejor hablando que con decretos o con amenazas difundidas por la prensa y Repsol está dispuesto a hablar. De estas palabras se deduce que no hubo mucho acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las transnacionales a la hora de elaborar el proyecto de ley.

BLV NPM PLT