Viernes 20 de agosto de 2004

Si continúa la ocupación campesina podría escasear el suminstro energético boliviano

Los sin tierra, al mando de los campos petrolíferos bolivianos

Por Americaeconomica.com

Desde que el pasado lunes un grupo de agricultores de la organización Central Unica de Trabajadores Campesinos del Norte tomaran el control del campo petrolífero de "Humberto Suárez", situado al noroeste de la ciudad boliviana de Santa Cruz, las ocupaciones de haciendas petrolíferas y el descontento de los trabajadores del sector han ido en aumento. El martes, unos 300 campesinos se hicieron con el control de otros dos campos para exigir que la propiedad de esas tierras, privatizadas en 1996, vuelva a manos del Gobierno. A pesar de que estos tres campos ya están bajo control policial y funcionan con absoluta normalidad, otras movilizaciones campesinas han resurgido por todo el país.

El miércoles, tras dos días de ocupación, los labriegos abandonaron los tres pozos pertenecientes a la petrolera Chaco, subsidiaria de la British Petroleum, una vez que se suscribió un acuerdo entre los campesinos y el Gobierno boliviano para establecer el calendario de titulación de esas tierras.

Una vez terminado el conflicto, la dirección de Chaco dispuso el jueves, después de haber comprobado que las instalaciones se encontraban en buen estado, el retorno de sus trabajadores a las plantas petrolíferas y la apertura de las válvulas por donde fluye el petróleo. Se calcula que Chaco perdió más de medio millón de dólares (404,3 euros) con la ocupación de esos tres campos, que producen diariamente 2.000 barriles de crudo.

Sin embargo, a pesar de que en la zona de Santa Cruz la situación ha vuelto a la normalidad, los campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST) han anunciado el reinicio de la toma de haciendas por todo el país y una marcha a la capital (La Paz) prevista para el 25 de agosto, junto a la Coordinadora del Gas y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con el fin de demandar la nacionalización de los hidrocarburos.

Pero esta no es la única protesta que se está llevando a cabo desde el MST. Una docena de campesinos se encuentra en la sede de la Central Obrera Boliviana en huelga de hambre para exigir la liberación del dirigente de la organización, Gabriel Pinto Thola, que actualmente está en prisión preventiva acusado del asesinato del ex alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, el 15 de junio.

Los sin tierra parecen no se darse por vencidos. En la ciudad de Villamontes, los campesinos mantienen desde hace 10 días un conflicto con el Gobierno boliviano como consecuencia del cierre de las válvulas del gasoducto que abastece a Argentina y Brasil y por el bloqueo de la carretera que se dirige a Paraguay y Argentina. Exigen la construcción de una nueva vía con un crédito que Brasil ha ofrecido a Bolivia valorado en 220 millones de dólares (177,89 millones de euros).

Los campesinos han afirmado que continuarán con la ocupación de la carretera hasta que los representantes de la región ofrezcan un Decreto Supremo que garantice que esos recursos se utilizarán en el asfaltado de la carretera. En Villamontes ya hay escasez de energía eléctrica y se ha comenzado a racionar su distribución. Si las medidas de presión continúan, se prevé que el racionamiento pueda llegar al 30%.

El Gobierno boliviano está intentando resolver el conflicto con el envío a la zona de Villamontes del viceministro de Coordinación Gubernamental, Carlos Agreda, para que negocie con los líderes del MST. Además, por orden del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, las Fuerzas Armadas y la Policía han cercado los campos petrolíferos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija para evitar que las propiedades sean ocupadas por los campesinos.

Los sin tierra también se movilizan en Paraguay. Unos 2.000 campesinos sin tierra han protagonizado una marcha de protesta por el centro de Asunción, la capital de Paraguay, en contra de una ley de privatización actualmente en la Cámara de Senadores justo en instantes en que están ocurriendo invasiones masivas a propiedades privadas en el interior del país. "No permitiremos que los últimos bienes del Estado sean enajenados sólo para responder a requerimientos de organismos internaciones neoliberales", aseguró Odilón Espínola, secretario de la Federación Nacional de Campesinos.

El dirigente manifestó que "la compañía de teléfonos (Copaco), la industria nacional del cemento y la compañía de agua potable no deben pasar a manos privadas porque perjudicaría a millones de paraguayos pobres que necesitan de esos servicios a menor precio y hasta subsidiados".

Raúl Soljannic, presidente del gremio de propietarios de haciendas ha señalado que "hace 60 años que los gobiernos de turno vienen regalando tierras a los campesinos que, apenas la reciben, la vuelven a vender paras seguir la cadena de reclamos; ellos no producen, sólo piden y piden".

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