El mandatario peruano, Alejandro Toledo, continúa su lucha por preservar su imagen pública y ha demandado al congresista Rafael Rey, del partido opositor Unidad Nacional (UN), quien le llamó "delincuente" y le acusó de ser el "cabecilla" de una organización que supuestamente falsificó firmas para inscribir al partido que actualmente gobierna en el país, el Perú Posible (PP).

El presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, anunció el pasado 25 de agosto que Toledo iba a querellarse con el parlamentario por haberlo difamado "de una manera que daña su imagen y con el intento de perjudicarlo a él y al gobierno que conduce", sin embargo, la querella no ha podido ser interpuesta hasta ahora porque la defensa del congresista pidió que se entregara como prueba el vídeo en el que Rey acusaba al mandatario.

Ayer se formalizó la denuncia, que en las próximas 24 horas será derivada a un juzgado de lo penal que decidirá en un plazo de 15 días si abre o no un proceso contra el legislador de UN.

Toledo solicita una indemnización de 2,9 millones de dólares (2,4 millones de euros), que, si gana la querella, serán destinados a obras sociales, concretamente a la educación de hijos de limpiadores de zapatos.

Según una encuesta publicada hoy por la empresa Apoyo, Toledo presenta un 83% de desaprobación, el poder Judicial el 78% y el Legislativo el 72%.

PRR PLT

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