Viernes 10 de septiembre de 2004

 

La Corte chilena parece dar siempre la razón a la defensa, que ha conseguido retirar del caso al juez Guzmán

Pinochet vuelve a eludir a la Justicia

Por María Moral

Una vez más, el ex dictador chileno Augusto Pinochet ha conseguido esquivar a la Justicia. El esperado interrogatorio que debía mantener esta semana con el juez Guzmán Tapia, que lleva el caso de la "Operación Cóndor", ha sido aplazado de nuevo. Fue al final de la jornada del miércoles, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago admitió una acusación contra el juez por "animadversión" contra el general retirado. La consecuencia inmediata ha sido que el juez Guzmán quedase inhabilitado para llevar el caso y que el interrogatorio sea aplazado otra vez.

Esta no es la primera vez que la defensa del ex dictador se sale con la suya. En el año 2000, toda la comunidad internacional observó con impotencia cómo era aceptado el recurso de amparo que presentó la defensa para frenar el proceso abierto contra a Pinochet por la autoría intelectual del secuestro y homicidio de las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Pero lo que más indignó a la opinión pública fue que un grupo de médicos declarase a Pinochet incapaz de afrontar un juicio por demencia senil, más aún cuando, después de numerosos intentos por parte de España y Bélgica para procesarle, el ex dictador voló a Chile en marzo del año 2000, donde fue recibido como un héroe.

El ahora inhabilitado juez Guzmán Tapia revocó la inmunidad de Pinochet un año después y ordenó que fuese procesado por 75 asesinatos. Tras 42 días de arresto domiciliario se le otorgó la libertad bajo fianza y la Sala de la Corte de Apelaciones de Chile rebajó a Pinochet los cargos, pasando de autor a encubridor. En julio de 2002 Pinochet se acogió al Estatuto de ex Presidentes, gracias al cual se concedía de nuevo la inmunidad al no procesado.

Desde entonces, los familiares de las víctimas de la "Operación Cóndor" han intentado, sin conseguirlo, que Pinochet sea encarcelado. El pasado 24 de agosto el ex dictador chileno fue despojado por fin de su inmunidad. El Tribunal Supremo de Chile aprobó entonces el recurso de la defensa por el que se apelaba al delicado estado de salud de Pinochet para argumentar su imposibilidad de defenderse ante los tribunales y le exoneraba de responsabilidades por la "Operación Cóndor". Esta resolución se emitía al tiempo que una comisión del Senado de EEUU investigaba a Pinochet por tener cuentas secretas en el banco Riggs de Washington, con depósitos de entre cuatro y ocho millones de dólares (3,3 y 6,6 millones de euros).

Cuando ya se creía que era una realidad que el ex dictador fuese interrogado por el juez Guzmán para tomarle declaración, no sólo se aplazó el juicio, sino que además, la Corte de Apelaciones de Santiago ha aceptado una denuncia contra el juez, que ha sido inhabilitado para llevar el caso.

Parecía que Pinochet por fin tenía la intención de declarar voluntariamente por el caso "Operación Cóndor", cuando el pasado lunes 30 de agosto la defensa anunció que estaba evaluando la celebración de un encuentro entre el inculpado y el juez Guzmán. En esa entrevista, se daba al magistrado la oportunidad de comprobar personalmente el estado de salud del ex dictador.

Sin embargo, esas buenas intenciones no han sido más que una parte de la nueva estrategia de la defensa. Así quedó demostrado cuando, después de fijar la fecha del encuentro para el pasado 6 de septiembre, el magistrado que encabeza la defensa, Pablo Rodríguez, anunció que iba a presentar inmediatamente un recurso para que se aplazase la entrevista y exigir la realización previa de exámenes médicos.

El juez Guzmán había establecido que los chequeos se hiciesen después de la entrevista, por lo que confirmó que, si Rodríguez retrasaba la celebración del interrogatorio, declararía que se había cometido "obstrucción de la justicia".

De nuevo, el abogado de Pinochet consiguió aplazar la entrevista, además de solicitar la retirada de Guzmán del caso "Operación Cóndor". El encuentro quedó finalmente fijado para el 9 de septiembre. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago volvió a dar la espalda al magistrado y decidió aprobar la acusación de la defensa por supuesta "animadversión" del juez contra el general retirado.

Hasta que la Corte no emita su veredicto por la denuncia contra Guzmán, el magistrado ha sido retirado del caso y sustituido por la jueza Gabriela Pérez. Ella es ahora quien tiene el poder para decidir si habrá o no un encuentro entre la Justicia y Pinochet y, en su caso, quien concrete la fecha de celebración del mismo.

Nuevas víctimas del caso Riggs. Esta semana, John D. Hawke, máximo responsable de la autoridad regulatoria bancaria de EEUU, presentó su dimisión a pesar de que todavía le quedaba más de un mes para que concluyera su mandato. Hawke ha recibido numerosas críticas en las últimas semanas por no haber vigilado al Riggs Bank, investigado por haber participado en el presunto lavado de dinero de las petroleras y por haber dado cobijo en sus cuentas, además de a la fortuna de Augusto Pinochet, a la del actual presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. De hecho, el Riggs es considerado como uno de los responsables.

Hawke, que ha negado tener conexión con el caso Riggs, fue nombrado para el cargo por Bill Clinton si bien se ha mantenido en el puesto con George W. Bush. Lo cierto es que la investigación sigue por parte del Departamento de Justicia, el fiscal de Nueva York y el comité del Senado.

CHL PLT

   

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