La diócesis de Tucson decidió declararse en quiebra al acogerse al capítulo 11 de la ley norteamericana de bancarrotas. Sus responsables han adoptado esta medida para buscar la protección de los tribunales y hacer frente a los costes de las indemnizaciones impuestas por los presuntos delitos de abusos sexuales.

El obispo, Gerald Kicanas afirmó que “es la mejor oportunidad para escuchar y compensar con justicia a quienes sufrieron el abuso por parte de algunos de los trabajadores de nuestra diócesis”.

El obispado ha llegado ya a un acuerdo extrajudicial con 11 demandantes a los que pagará 10 millones de dólares. Su deuda a largo plazo ronda los 4,65 millones. Además, a junio de 2004, su déficit se situaba en siete millones.

No obstante, la crisis podría ir en aumento. El obispado ha recibido 22 nuevas denuncias de 34 demandantes, una situación que provocaría un incremento de los costes de las indemnizaciones si finalmente hay sentencias contrarias.

Edita Asesores de Publicaciones S.L.