Viernes 17 de septiembre de 2004

A tres meses de las elecciones municipales, el MNR está en plena crisis interna

Lozada regresa al escenario político boliviano

Por Vanesa Camargo

El ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, sigue interfiriendo en la política boliviana, o al menos así lo ha denunciado el ex líder del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Javier Campero Paz, quién ha renunciado esta semana a su cargo. Campero Paz intentaba reestructurar el MNR de cara a las próximas elecciones municipales de diciembre y cambiar su estatuto orgánico para despojarle de toda la carga negativa que lleva arrastrando desde la destitución de Lozada.

Sin embargo, la división interna del partido entre seguidores y adversarios del ex presidente es cada vez mayor y Campero ha terminado por dimitir advirtiendo que Lozada dirige a sus incondicionales desde EEUU, país donde continúa exiliado. Los parlamentarios María Teresa Paz y Joaquín Monasterios respaldaron a Campero y añadieron a la argumentación de su líder que Lozada pretende usar al partido para impedir el juicio en su contra.

Las declaraciones del ahora ex líder del MNR surgen sólo unos días después de que Sánchez de Lozada volviese a aparecer en la escena boliviana. En un programa de televisión, el ex mandatario recordó los hechos que provocaron su destitución para declararse inocente de cualquier responsabilidad y pedir una investigación a "todos los actores que intervinieron" en la denominada Guerra del Gas que tuvo lugar en octubre de 2003. Muchos han visto en las palabras de Lozada el inicio de una campaña para culpabilizar y desprestigiar a quien fuera su vicepresidente, el actual mandatario boliviano, Carlos Mesa, quien le retiró su apoyo días antes de ser destituido.

Las revueltas populares que echaron al presidente explotaron hace un año con la cuestión de la exportación del gas boliviano como detonante. La política energética de Lozada consistía en vender gas a cualquier país, ya fuera México, EEUU, Paraguay o incluso Chile, el peor enemigo de Bolivia por su eterna negativa a concederle una salida soberana al Océano Pacífico. Por supuesto, las grandes beneficiadas de tales exportaciones eran las petroleras extranjeras, que disponían a su antojo de los recursos energéticos de Bolivia, la segunda mayor reserva de América Latina, después de Venezuela.

Todos los gremios laborales, colectivos sociales y partidos de izquierda vieron en esta política toda una estructura socioeconómica de exclusión e injusticia. Comenzaron las huelgas por la desconfianza en que los ingresos de las exportaciones de gas revertieran en todos los bolivianos. Una serie de enfrentamientos entre civiles y policía acabaron con un saldo de más de 60 muertos y varios centenares de heridos. Y el 17 de octubre de 2003, después de una multitudinaria concentración en La Paz por parte de todos los sectores civiles, Sánchez de Lozada se vio obligado a dimitir y huyó a Miami.

Carlos Mesa se erigió nuevo presidente en medio de la algarabía popular. Mesa prometió un referéndum que decidiera el destino de los hidrocarburos, asumió la necesidad de lanzar una Asamblea Constituyente y solicitó a los legisladores sopesar la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas. Todo lo que el pueblo le pedía.

Ahora, Bolivia reclama cada semana que se celebre de una vez por todas el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado del asesinato de más de 60 personas en la Guerra del Gas. Y la sombra de las elecciones anticipadas reaparece con más fuerza sobre Mesa. Las acusaciones de Lozada y una oposición con gran incidencia en el pueblo boliviano, el Movimiento Al Socialismo (MAS), comienzan a desestabilizar al Gobierno, que incluso se ha puesto en contra a las petroleras que operan en el país. Estas, a través de su órgano representante, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, ha amenazado con salir de Bolivia en el caso de que se apruebe el nuevo Proyecto de Ley de Hidrocarburos propuesto por el Ejecutivo y que ahora se debate en el Congreso.

BLV PLT