La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Botín por el ‘caso de las cesiones de crédito’

La juez de la Audiencia Nacional de España Teresa Palacios ha decidido abrir juicio oral contra Emilio Botín, el ex consejero del Banco Santander Rodrigo Echenique, y los ex directivos José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso Clavel por el llamado ‘caso de las cesiones de crédito’. Además, la magistrada sentará en el banquillo a 28 clientes de la entidad por adquirir este producto financiero.

La juez Palacios, que reclama a los procesados una responsabilidad conjunta de 84,9 millones de euros, les acusa de un delito continuado de falsedad en documentos oficiales, tres delitos continuados en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública. Las investigaciones comenzaron cuando hubo sospechas de que podía haber titulares ficticios en los listados que el banco proporcionó a Hacienda.

En verano de 2002, la juez Palacios desestimó un recurso del fiscal Eduardo Fungairiño que pedía el archivo de la causa. Una petición de archivo que pidieron también el abogado del Estado y los letrados de Emilio Botín. La magistrada reconoció que las cesiones eran lícitas desde el punto de vista mercantil pero dictaminó que la fiscalidad especial del producto era lo que le daba sentido y recordó que se dejó de comercializar en julio de 1989 tras un decreto ley que la sometió a retención tributaria.

Un año después, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó a la magistrada a abrir el citado juicio oral si bien rebajó de 138 a 38 los delitos fiscales cometidos al comercializar las cesiones de crédito.

El banco ha emitido un comunicado en el que "reitera la absoluta legalidad de todas sus actuaciones en los hechos investigados" y recuerda que la decisión de la jueza Palacios se basa únicamente en la petición de una acusación popular "carente de legitimación". Además, el Santander recuerda que tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal pidieron reiteratamente el sobreseimiento. Finalmente, la entidad subraya que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoció el 23 de junio de 2003 que la comercialización de las "cesiones de crédito" se desarrolló "dentro de la más estricta legalidad".

Sin repercusión bursátil. La noticia fue acogida con mucha tranquilidad por los mercados. Las acciones del Santander, que durante la sesión se movieron en un estrecho margen de once céntimos, sufrieron un descenso de dos céntimos desde su máximo intradía (8,23 euros). Cerca del cierre, las acciones habían remontado cotizando a 8,25 euros.

Las Cesiones. El origen de la causa que llevará a Emilio Botín a sentarse en el banquillo de los imputados se sitúa a finales de los años 80. Entre 1987 y 1991 el Banco Santander logró captar cerca de 430.000 millones de las antiguas pesetas (2.584 millones de euros) a través de las llamadas “cesiones de créditos”.
A partir de la década de los 90, la Justicia comenzó a investigar este producto financiero por considerar que permitía a los clientes eludir el fisco.

Presuntamente, las cerca de 45.000 operaciones que realizó el Santander con este producto supusieron un fraude a Hacienda de cerca de 8.000 millones de pesetas (48 millones de euros). La implicación de los directivos del banco se debe a que el Santander habría ayudado a sus clientes a proporcionar identidades falsas para engañar a Hacienda.

Otras entidades financieras. El Banco Santander no fue el único en comercializar las cesiones de crédito. Este tipo de productos financieros surgió a finales de la década de los ochenta por imitación de unos pagarés públicos opacos con los que el Gobierno socialista pretendía hacer aflorar por entonces parte del dinero negro.

Otras entidades financieras españolas como Bankinter y La Caixa también comercializaron las cesiones de crédito. De todas maneras, el banco que preside Emilio Botín colaboró desde el principio con la Justicia en la liquidación del presunto fraude.

Los juristas debaten la “pena de banquillo”. Desde algunos sectores jurídicos se señala que podría ser de constitucionalidad dudosa el hecho de que, según la legislación actual, los autos de apertura de juicio oral no sean recurribles. Consideran que aunque un acusado pueda ser declarado inocente, durante el juicio sufre lo que denominan “pena de banquillo”, especialmente ahora cuando los medios de comunicación constituyen un poderoso altavoz que puede arruinar la reputación de personas que quizá no han cometido ningún delito.

Por eso consideran que estos autos deberían estar sujetos también al control de instancias superiores. Y señalan que ya ha habido diversos recursos al respecto presentados ante el Tribunal Constitucional.

Además, Emilio Botín tiene otra causa pendiente; la relativa a las prejubilaciones de José María Amusátegui y Angel Corcóstegui.

En ambos procesos, los jueces de lo penal, según estas mismas fuentes, han optado por hacer acusaciones individuales obviando el hecho de que en las sociedades anónimas, las decisiones se toman siempre en un órgano colegiado: el consejo de administración. En la junta de Santander en junio, los consejeros manifestaron este hecho y reclamaron que habían participado ellos mismos de la decisión.

Una curiosa instrucción. Fuentes de la abogacía señalan con cierta perplejidad que después de un larguísimo periodo de instrucción por parte de la Justicia, el número de acusados haya descendido paulatinamente durante el proceso. De hecho, casi cien de ellos se habrían visto beneficiados por el paso del tiempo que habría hecho prescribir alguno de estos delitos. Pero el producto en cuestión se distribuyó a miles de clientes que han quedado exentos finalmente de ser juzgadas. Incluso, algunos observadores han llegado a hablar de “poca seriedad” durante todo el proceso.

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