Viernes 1 de octubre de 2004

La fijación de Kirchner en sacar adelante el canje de deuda interfiere en los planes de los gobernadores

Las provincias se distancian del Gobierno central

Por Americaeconomica.com

El presidente Kirchner y todo su gabinete está volcado en que sus planes para reestructurar la deuda en suspensión de pagos salgan adelante con éxito y sin varias un ápice su oferta. Este empeño le ha enfrentado a los acreedores y al FMI, una pelea que ha comenzado a afectar a las provincias. El gobernador peronista de la región de Mendoza, Julio Cobos, recibió con sorpresa la decisión de un juez de EEUU que bloqueó esta semana su oferta de reestructuración de la deuda a petición de Hans Hume, uno de los hombres del grupo de bonistas del Comité Global que más hostigan a la Administración argentina para conseguir una mejora en las condiciones del canje de bonos en default. Cobos ha anunciado que a pesar de todo seguirá adelante con sus planes. También por libre parece ir José Manuel de la Sota. El gobernador de la provincia de Córdoba parece que ha optado por negociar al margen del gobierno central con los organismos internacionales.

El juez neoyorquino Harold Baer decidió bloquear de forma preventiva el canje de deuda de la provincia de Mendoza a petición del fondo Greylock Capital Management que dirige Hans Humes, el mismo que se ha convertido en la pesadilla del Gobierno central a través del Comité Global, organización que aglutina a un nutrido grupo de tenedores de bonos argentinos en suspensión de pagos procedentes de EEUU y otros países.

Humes insiste en que la Administración Kirchner puede pagar más en el proceso de reestructuración. Este mismo argumento utiliza para justificar su rechazo al canje planteado por el gobernador Julio Cobos. En declaraciones a la prensa argentina, Hans Humes asegura que "Mendoza puede pagar el 100% de sus obligaciones por su riqueza productiva y su capacidad de recaudación".

La oferta de canje realizada en esta provincia se lanzó en el pasado mes de julio para reestructurar los bonos aconcagua (por valor de 250 millones de dólares), que son títulos emitidos en dólares con amortización inicial en 2007 y con un tipo de interés semestral del 10% anual. Los nuevos títulos que se prepararon para el canje no plantean una quita sobre el valor del bono original pero sí un alargamiento de los plazos hasta el 2018 y un cupón del 5,5% anual. Para concretar la propuesta la provincia estipuló que se debía alcanzar una aceptación del 70% de sus acreedores, pero finalmente tuvo que bajar este porcentaje hasta el 50% por la falta de aceptación de los bonistas.

El gobernador Julio Cobos ha anunciado que, a pesar de todo, seguirá adelante con su plan y efectuará el 20 de octubre el cupón establecido (12,5 millones de dólares). Los pagos se realizarán en Luxemburgo, donde cotiza el bono, o en Buenos Aires en el caso de que no se pueda realizar en Nueva York. Cobos confía en que el juez Baer suspenda su decisión tras la audiencia que se celebrará el próximo 8 de octubre.

El monumental enfado que tienen los acreedores de Argentina con Kirchner y, sobre todo la cercanía del lanzamiento del canje de la deuda en default, ha animado a los bonistas a utilizar todas sus armas para hacer valer sus argumentos. Por eso no han dudado en aprovechar la ocasión para presionar, en este caso a través de la provincia de Mendoza. Se trata de una advertencia de lo que puede pasar en caso de que el Gobierno central lanza el canje en las condiciones actuales.

El caso de Córdoba. No es la primera vez que las decisiones y problemas de la Administración central interfieren en los planes de las provincias. Anteriormente, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, optó por ir por libre a negociar con las organizaciones multilaterales mientras el Gobierno de Kirchner criticaba al FMI y pedía posponer las negociaciones para la firma de la tercera revisión del acuerdo rubricado con el organismo que dirige Rodrigo Rato. Críticas que, por cierto, se han vuelto a recrudecer esta semana. Unas horas antes de que Kirchner viajara a Washington para asistir a la asamblea anual del Fondo, el presidente se mostró molesto con los negativos comentarios de Rato sobre el proyecto para regular la explotación de los servicios públicos.

La relación de Kirchner con los organismos internacionales no conviene a los planes de algunas provincias. Por eso, el político peronista José Manuel de la Sota decidió desligarse de la Administración Central. A mediados de septiembre participó como coordinador en una Junta de Gobernadores realizada en Washington (EEUU) donde se reunió con empresarios estadounidenses y directivos del Banco Mundial (BM). Como resultado de estas gestiones, el BM podría prestar su ayuda financiera a la provincia para financiar obras públicas. Curiosamente esta misma semana el presidente del BM, James Wolfensohn, anunció que no desembolsará el pago de un crédito de 500 millones de dólares (403 millones de euros) ya otorgados a Argentina hasta que el FMI no apruebe la tercera revisión del acuerdo cuya negociación se retrasó hasta principios de 2005.

La demanda del FMI se apoya en el convencimiento de que los dirigentes provinciales, especialmente los peronistas, supuestamente más cerca del partido en el poder, tienen una tendencia crónica a la desobediencia financiera, una actitud que estaría ligada a su deseo de permanencia en el poder.

Además de esta circunstancia, existe otra que muestra de forma más contundente el progresivo alejamiento de los gobernadores del poder central. Durante la conmemoración del 28 aniversario del último golpe de estado de Argentina generó una crisis en el seno del Partido Justicialista (PJ) cuando el presidente Kirchner optó por vetar la participación en el acto a algunos gobernadores de su partido a petición de las Madres de la Plaza de Mayo, quienes se opusieron a la asistencia de los gobernadores menemistas. Entre los vetados se encontraba el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, quien había invitado al resto de dirigentes provinciales menemistas.

Este sector se indignó con la actitud de Kirchner. Solá aseguró que "estamos convencidos de que el presidente busca la reconciliación de los argentinos, pero lo que nos preocupa es que algunos se aprovechen de esta etapa de verdad y justicia para volver a sembrar divisiones en el país".

Problemas con los municipios. Los municipios también están revueltos. Mientras el Gobierno está volcado en su negociación internacional, los 570 municipios de todo el país se han unificado para reclamar la pesificación de sus deudas, pasivos que suman 480 millones de dólares (389 millones de euros), un dinero que es descontado a cada ayuntamiento mediante las cuotas de coparticipación establecidas con las provincias.

Los alcaldes piden que el Gobierno central se haga cargo de una parte de la diferencia surgida entre el precio actual del dólar y el valor que tenían cuando contrajeron las deudas con los organismos multilaterales (un dólar=un peso). De esta manera pretenden dar una alegría a sus cuentas financieras muy mermados por los mencionados descuentos ejecutados por los gobiernos provinciales.

Mientras esto ocurre en el frente interno, en el externo parece que las cosas comienzan a salir bien. La Comisión Nacional de Valores de EEUU (SEC) ya ha aprobado los documentos para el lanzamiento del canje. Sólo falta otro trámite, presentar los detalles de la oferta, para que comience el proceso. Algo que se hará la semana que viene. Los acreedores internacionales siguen rechazando el plan de reestructuración de Kirchner, pero esta semana el Gobierno ha logrado un acuerdo con las gestoras de pensiones privadas (AFJP) para que se adhieran a la propuesta, un triunfo que el Ejecutivo espera que haga reflexionar a otros bonistas domésticos, y también extranjeros. Las AFJP tienen en su cartera el 20% de los títulos en suspensión de pagos.

RGT PLT