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Viernes
1 de octubre de 2004 El
Acuerdo General del Comercio de Servicios amenaza a los países pobres Hacia
la privatización de los servicios públicos Por
Paola Álvarez*
Faltan tan sólo tres meses para que se cierre la última ronda de
comercio mundial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que incluye
el fin de las negociaciones en torno al Acuerdo General del Comercio de Servicios,
(AGCS o GATS, en sus siglas en inglés). A estas alturas, las negociaciones
que rodean este acuerdo siguen siendo una incógnita para la sociedad civil,
desinformada e ignorada desde el principio. La privatización de los servicios
públicos y las nefastas consecuencias que puede tener sobre los países
en desarrollo y el medio ambiente son las principales amenazas de un acuerdo con
vocación de abrir al "mercadeo" internacional las pocas puertas
que quedaban cerradas.
El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios nació en 1995 con la Organización
Mundial del Comercio. Se trata de un acuerdo marco que incluye una serie de obligaciones
para todos los países miembro, pero cuyo mayor peligro reside en las ampliaciones
y acuerdos específicos que dentro de él puedan hacerse. Por eso,
a pesar de su antigüedad, no ha empezado a preocupar hasta hace un par de
años, en el momento en que las negociaciones empezaron a tomar fuerza.
El acuerdo que precede históricamente a la OMC, el GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) sólo abarcaba el comercio de mercancías,
comercio que el AGCS amplía al suministro de servicios y que, por tanto,
afecta aún más directamente a las personas que viven en los países
signatarios ya que se ven involucrados tanto en la prestación como en la
recepción de estos servicios, muchos de ellos tradicionalmente públicos
y gratuitos en Europa.
Fue en la reunión ministerial celebrada
en Doha, en noviembre del 2001, donde se decidió reavivar el acuerdo y
emprender un proceso de negociaciones que se conoció como "demandas
- oferta". El proceso establecía dos plazos. El primero, hasta junio
del 2002, para que cada miembro presentara las demandas de los servicios que quería
ver liberalizados en otros países; y el segundo, hasta marzo de 2003, para
presentar las ofertas de liberalización de sus propios servicios. Una vez
presentadas todas las propuestas, comenzaría el proceso de negociaciones
que está teniendo lugar actualmente y que terminará en enero de
2005.
El peligro en Europa
La oferta conjunta presentada
por la Unión Europea comienza con la siguiente declaración: "La
presente oferta no debe interpretarse en modo alguno como una propuesta de privatización
de empresas públicas, ni como una forma de impedir que la Comunidad y sus
Estados miembros regulen los servicios públicos para cumplir los objetivos
de sus políticas nacionales". Sin embargo, basta con leer el primer
apartado de compromisos horizontales sobre limitaciones al acceso a los mercados
para dudar de esta primera afirmación. La UE declara en su oferta en lo
relativo a la presencia comercial de empresas extranjeras para todos los sectores
que: "En todos los Estados miembros de la CE, los servicios considerados
servicios públicos a nivel nacional o local pueden estar sujetos a monopolio
público o a derechos exclusivos otorgados a empresarios privados"
. De esta forma se reserva el derecho de mantener los servicios públicos
en manos del estado, pero también deja abierta la posibilidad de injerencia
de capital privado en sectores como la salud, el medio ambiente o el transporte.
Los únicos servicios que quedan fuera del alcance del AGCS son
los bancos centrales, la justicia, la policía y la defensa nacional. A
pesar de que las negociaciones se han llevado de manera casi secreta, la OMC,
ante la presión de ONG, sindicatos, grupos antiglobalización e incluso
algunos gobiernos, ha hecho públicas muchas de las ofertas (que no de las
demandas) de sus estados miembro. En lo publicado se aprecia que, aunque en un
primer momento se establezcan restricciones a la injerencia de la empresa privada
en la mayoría de sectores públicos europeos (como Francia que impone
una limitación de las inversiones privadas en empresas de cotización
pública del 20%), la puerta queda abierta para posteriores ampliaciones
que, sin duda, irán llegando en nuevas rondas de negociación.
El peligro para los países en desarrollo
Pero como
siempre, y a pesar de la comprensible preocupación de muchos sectores de
la sociedad civil europea por perder ciertos derechos básicos como el acceso
a la educación o la sanidad, los más amenazados con los primeros
resultados del AGCS serán los países más pobres o en vías
de desarrollo.
La mayoría de estos países ya han tenido
que liberalizar muchos de sus servicios a cambio de acuerdos y créditos
(por qué no llamarlo por su nombre, chantajes) con el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, así que con el AGCS la situación
sólo puede ir a peor. La OMC asegura que se tomarán medidas para
el acceso de los países pobres a más mercados y canales de distribución
y se buscará la participación creciente de los mismos en las redes
de información. Según ellos, estas medidas y el principio obligatorio
de la nación más favorecida fomentará el desarrollo y la
prosperidad en estos países. Esto es, a todas luces, falso.
Para
comprobarlo no hace falta tener acceso directo a las negociaciones, basta con
saber, por ejemplo, que de las 109 demandas que se sabe que presentó la
Unión Europea en junio de 2002, 94 iban dirigidas a países en desarrollo.
Muchas de las demandas que hace la UE se refieren a sectores que ella no deja
abiertos a la inversión de otros, como el suministro de agua potable, los
servicios de protección del medio ambiente o la sanidad. Un
informe elaborado por la World Ecology, Economy and Development (WEED) a petición
de la fundación alemana Heinrich Böll, explica cómo el AGCS
puede convertirse en una prolongación de los chantajes del BM y el FMI:
los requerimientos de la UE a países en vías de desarrollo afectan
además justamente aquellas áreas en las que los gobiernos aplican
explícitamente políticas de estabilización y protección
de la economía nacional, como el turismo en la India o el comercio minorista
en Tailandia. Asimismo
se reclama la liberalización del agua potable también allí
donde funcionan estructuras muy buenas, como en Porto Alegre, Brasil, o en Santa
Cruz, Bolivia (...) A cambio de los eventuales compromisos del norte, los países
en desarrollo se ven obligados a asumir numerosas obligaciones de liberalización
en el sector servicios. (La divisa es: "¿Quieres un mayor acceso al
mercado agrícola europeo? ¡Pues abre primero tu red de suministro
de agua a los grupos económicos europeos!").
Irreversible
De todos los problemas que presenta el acuerdo, quizá el más
preocupante es su naturaleza irreversible en la práctica (la teoría
está bien elaborada para no dar esa impresión). Una vez liberalizado
un servicio determinado, un país puede revocar esta decisión a los
3 años si observa que el impacto en su economía es negativo. El
problema es que a cambio debe liberalizar otro área y las empresas de los
países afectados deben aprobar el cambio o recurrir a los tribunales de
arbitraje. Si este tribunal estimase que la decisión perjudica a las empresas,
el país debería hacer frente a las multas que se le impusieran (algo
que apenas se puede permitir un país del norte, por no hablar de los países
en desarrollo).
Las voces críticas llevan años pidiendo
informes del impacto que el AGCS puede tener en las economías, en la calidad
de los servicios, en los precios... y la OMC sigue negociando en secreto (el caso
de la Unión Europea es increíble, sólo la Comisión
tiene acceso a las negociaciones. Ni el Parlamento, ni los gobiernos de los países...)
Nos queda poco para conocer los primeros resultados y no hay muchas esperanzas
de que vayan a ser menos negativos de lo que se cree. Este artículo sólo
incluye las que, en mi modesta opinión, son las principales amenazas o
al menos las más inmediatas, pero hay muchas más. Las
restricciones a las subvenciones (que afectarán a las ONG y los servicios
estatales), la influencia de los lobbys (los magnates de la industria de servicios
que sí son consultados y que pretenden eliminar las pocas barreras que
Europa quiere mantener), el aumento de la marginación regional y social,
la reducción de la protección medioambiental...
Suena
demagógico, pero el AGCS es verdaderamente una amenaza "global".
Los grupos de poder de la OMC intentan mantenernos cada vez más
al margen de sus negociaciones. Primero Seattle y después
Cancún les han enseñado que cada vez es más
difícil alcanzar acuerdos con países que se '"envalentonan"
ante el apoyo social.
De momento, vamos a seguir al margen de las decisiones, pero que
no nos tomen por tontos; el AGCS no busca ni el bienestar de la
población ni la mejora de los servicios públicos ni
el desarrollo de los países pobres, sólo la liberalización
de más mercados y el enriquecimiento de los amos del mundo.
INT
DTC
* Paola Álvarez
Periodista
Agencia de Información
Solidaria
infoais@telefonica.net
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