Viernes 1de octubre de 2004

El Poder Judicial se enfrenta a dos años de alta conflictividad

Cisma en la magistratura española

Por Ana Pastor y Cristina García

Se avecinan malos tiempos para la estabilidad del Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ), de aquí hasta que el órgano de gobierno de los jueces se remodele totalmente algo que toca, aunque se alerta que podría haber retrasos, en noviembre de 2005.

La reforma impulsada por el Gobierno para dinamitar el último reducto institucional del PP ha provocado una verdadera tormenta en este órgano que en la actualidad está fuertemente dividido y en el que el pulso que, un día sí y otro también mantienen jueces conservadores y progresistas, copa las primeras páginas de los periódicos.

La mayoría conservadora ya ha alertado que el funcionamiento del CGPJ se bloqueará y se producirán tensiones ente la dificultad de que los vocales se pongan de acuerdo ante cualquier nombramiento.

Y es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 24 de septiembre un anterproyecto de ley, que se tramitará por vía de urgencia, para que los nombramientos de de la cúpula judifical requieran mayorías cualificadas de tres quintos, lo que supone de hecho que el sector mayoritario conservador del Consejo, que fue designado cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta, no pueda nombrar por si solo a ningún magistrado del Tribunal Supremo ni a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Para hacerse una idea de cómo están las cosas hay que subrayar que el CGPJ está formado por 20 vocales y el presidente, de los que 11 pertenecen a la corriente conservadora y que en la actualidad para elegir cargos judiciales se necesitan 11 votos y tras la reforma serán obligatorias 13, con lo que lo que sucede es que la actual mayoría en el Consejo se convierte en insuficientes para decidir únicamente dichos nombramientos en la Justicia y les obliga a pactar on el grupo minoritario.

¿Por qué está el PP tan enfadado? Las reacciones del PP fueron airadas, y ese enfado monumental, al que puso voz especialmente su portavoz Eduardo Zaplana, ha hecho peguntarse a personas de la Judicatura que más más les da a los dirigentes populares que se use una mayoría simple o cualificada si los vocales propuestos por ellos son realmente independientes de Génova. La cuestión, según estas fuentes, es que realmente el CGPJ está politizado y se advierte que esta reforma no para depolitizarlo sino para restar influencia al PP. A pesar de ello, se considera que las cosas pueden mejorar en la medida que se aumentan las posibilidades de las minorías en la toma de decisiones.

El sector conservador acusa al PP de haber mantenido la politización en el CGPJ. El sector conservador del CGPJ augura un periodo de tensión y bloqueo tras la reforma impulsada por el Ejecutivo, pero culpa al PP del desgobierno actual del Consejo por haber incumplido su compromiso electoral de que fueran los jueces quienes eligieran a los vocales.
Aunque el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, trató ayer de rebajar la polémica y manifestó que cualquier sistema de elegir a los altos cargos de la Judicatura es bueno, lo cierto es que el sector conservador sigue considerando que la reforma del Gobierno, que exige un mayor número de votos para nombrar a los jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, provocará bloqueos y retrasos en los nombramientos y que queden plazas sin cubrir.

Uno de ellos es José Luis Requero, quien además responsabiliza de la inestabilidad del CGPJ al Gobierno de José María Aznar, por “incumplir su compromiso electoral” de cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ, y volver a la fórmula que se utilizó desde 1980 a 1985 que permitía que doce de los vocales fueran elegidos por el voto directo de los propios jueces.
Requero considera que este incumplimiento “fue uno de los grandes errores del PP” y considera que el hecho de que los jueces decidan la composición del CGPJ “podría ser el bálsamo” que necesita este órgano

Discrepancia entre las principales asociaciones judiciales. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez Robledano, ha calificado de “inaudita en toda la historia de la democracia de España o de cualquier país” la propuesta de reforma para el nombramiento de los altos cargos judiciales que realiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque supone “la alteración de las reglas del juego” que imperan desde la puesta en marcha del actual CGPJ, al que aún le quedan dos años de mandato antes de su renovación.

El nombramiento por mayoría cualificada de los altos cargo judiciales “no tienen porque fomentar el consenso como ha señalado el PSOE”, ha dicho Suárez Robledano, también puede ocurrir todo lo contrario, “que se paralice el proceso de elección”, esto supondría la reducción del número de magistrados en el Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia “ y el único responsable de que esto sucediese sería el Gobierno que ha impulsado la reforma”.

Contraria a esta idea se muestra la portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), Teresa Conde-Pumpido, quien ha aplaudido la propuesta del Ejecutivo socialista de modificar el sistema de mayoría simple por la mayoría cualificada porque, de ser así, implicará “un mayor debate y un mayor consenso” en la elección de los altos cargos de la magistratura. Conde-Pumpido también ha destacado el nuevo modelo como “una regla más democrática” y ha asegurado que “ya se está pidiendo lo mismo para los jueces del Tribunal Constitucional”.

Críticas a las reformas sucesivas del Código Penal. Las reiteradas reformas que el Partido Popular han sido también objeto de criticas por parte de sectores conservadores de la Magistratura. A pesar de que reconocen que no se oponen a cambios que sirvan para mejorar esta importante norma, afirman que tantas modificaciones crean “zozobra” entre los encargados de aplicarlas y no dudaron en calificar los sucesivas reformas de “tremendas”.

Sin embargo, muestran una tranquilidad relativa respecto a lo que pasará en el futuro, ya que no temen q ue el nuevo Gobierno siga la estela de su antecesor y se dedique a echar atrás todas las reformas del PP.
Salvo en el caso de la impulsada contra el ‘plan Ibarretxe’, ya que el ministro, Juan Fernando López Aguilar, se ha comprometido públicamente con el PNV para eliminar la parte de la ley que convertía en delito la convocatoria de un referéndum.

ESP PLT