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Miércoles
19 de enero de 2005 El Gobierno español ha llegado a un acuerdo con las autoridades de Ecuador para que los inmigrantes ecuatorianos en España no tengan que sellar su certificado de penales en el consulado. El acuerdo se produce después de las denuncias de varios inmigrantes a los que se les cobraba elevadas sumas de dinero por conseguir el sello y que tenían que esperar colas de 24 horas en la puerta del organismo para ser atendidos. La nueva legislación española para los inmigrantes, que entrará en vigor el próximo 7 de febrero, exige que los ciudadanos extranjeros residentes en el país pidan el certificado de delitos penales en su país de origen y que luego lo sellen en el consulado. Ante las denuncias presentadas por organizaciones de inmigrantes, el Gobierno español ha decidido eliminar este último paso. El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en declaraciones a una cadena de televisión, ha manifestado que exigirá a las autoridades ecuatorianas que establezcan mecanismos que impidan el fraude y la falsificación de este certificado. El cambio en la legislación se produjo cuando un inmigrante ecuatoriano fue detenido por ser el presunto asesino de una joven en España. A través de las investigaciones, la policía española supo que el delincuente había eliminado de su certificado de penales ocho acusaciones de asesinato en Ecuador. CDR ESP PLT |
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