|
Viernes
14 de enero de 2005
El
presidente Hugo Chávez logra sumar apoyos entre la oposición
y los empresarios
Guerra
al Latifundio en Venezuela
Por
Americaeconomica.com
El
presidente venezolano, Hugo Chávez, ha iniciado una batalla
sin cuartel contra los terratenientes del país. El mandatario
quiere eliminar los latifundios y repartir las tierras ociosas
entre los campesinos. Pero su iniciativa ha generado muchas
reticencias entre sectores que temen que esta guerra derive en procesos
expropiatorios. Aunque también tiene muchos aliados. Entre
ellos, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, la cabeza visible
de la oposición, que ha sorprendido a sus electores anunciando
que aplicará el decreto presidencial contra el latifundio.
La
decisión de Manuel Rosales de unirse a la lucha de Chávez
contra el latifundio ha cogido desprevenidos a los ciudadanos de
Zulia que le votaron y las fuerzas opositoras aunque desde algunos
ámbitos se señala que a Rosales no le ha quedado más
remedio que adoptar una postura conciliadora con el Gobierno para
sobrevivir (políticamente).
Rosales,
según señalan algunos analistas políticos,
ha sido, en cualquier caso, prudente, ya que ha esperado a que Chávez
emitiera el decreto sobre la Ley de Tierras para actuar. Este texto
legal fue firmado por el presidente venezolano el pasado 10 de enero
para establecer la "reorganización de la tenencia y
uso" de las tierras agrícolas con el objetivo de "eliminar"
el latifundio en el país.
El
gobernador de Zulia ha anunciado que emitirá un decreto regional
para crear un consejo de desarrollo rural formado por varios organismos
que será el encargado de estudiar la situación de
los terrenos improductivos en este estado.
Según
Rosales se garantizará el estado de Derecho, "habrá
negociaciones y diálogo para que lo que es tierra ociosa
se integre al proceso de producción". Además,
ha asegurado que habrá coherencia y respeto a la propiedad
privada.
Pero
a pesar de todo, los productores agrarios de Zulia se han enfadado.
Este gremio considera que al apoyar la intervención de las
propiedades y vincularse al reordenamiento de tierras, Rosales no
está siendo consecuente con el estado ni con los productores
que han generado riqueza y empleo en la región.
Sin
embargo, no es el único gobernador opositor que, en esta
ocasión, caminará junto a Chávez. También
ha anunciado que se sumará al decreto presidencial el de
Nueva Esparta, Morel Rodríguez.
Los
empresarios. También los empresarios han entendido
la guerra de Chávez. La presidenta de Fedecámaras,
Albis Muñoz, se ha pronunciado a favor de la eliminación
de las tierras improductivas aunque admite que le preocupa la forma
en que se pretende librar esa guerra.
Albis
Muñoz asegura que los empresarios son los primeros que quieren
que se combata el latifundio pero que en el sector preocupa la manera
en la que se está gestionando esa lucha. En concreto, están
inquietos por el hecho de que los gobernadores de varias provincias
ya han publicado decretos sin ningún tipo de coordinación.
"Vemos que hay cierta anarquía pues cada uno hace una
interpretación de la Ley de Tierras", afirma la representante
de los empresarios. En
este sentido, Muñoz considera acertado el hecho de que el
Gobierno haya publicado un decreto sobre el asunto con el fin de
unificar criterios y haya creado una comisión que se encargará
del tema y que presidirá el ministro de Agricultura y Tierras,
Antonio Albarrán. Esa comisión especial se denomina
Comisión Agrícola Nacional y será la encargada
de coordinar los esfuerzos de la Administración para erradicar
los latifundios improductivos. Este organismo ha entregado ya al
vicepresidente, José Vicente Rangel, un informe con el plan
de intervención de tierras ociosas públicas y privadas.
El documento define el marco jurídico que se aplicará
para llevar a cabo esta operación y es la base de la nueva
Ley de Tierras que estará lista en una semana.
Decretos
zamoranos. La preocupación de la presidenta de Fedecámaras
se refiere concretamente a la actitud de los gobernadores de Cojedes,
Monagas y Yaracuy que en el mes de diciembre publicaron sus respectivos
decretos para revisar una serie de fincas con el objetivo de determinar
si debían ser rescatadas por el Estado.
Estos
decretos, conocidos como "decretos zamoranos" enfadaron
a la oposición y a varias organizaciones, tanto civiles como
agrarias. El ex presidente de la Confederación Venezolana
de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Hiram Gaviria,
afirmó que son inconstitucionales porque el poder provincial
no está facultado para legislar en materia de ordenación
del territorio ni administración de tierras baldías.
Estas
iniciativas particulares y las del Gobierno se basan en la Ley de
Tierras que Chávez resucitó en el año 2001
y que debe aplicarse a las propiedades de más de 10.000 hectáreas
ociosas a través de acuerdos con los propietarios o expropiaciones.
Según cálculos oficiales, las tierras improductivas
en Venezuela abarcan casi un millón de hectáreas.
El presidente del INTI, Eliécer Otaiza, asegura que en Venezuela
hay 500 terrenos ociosos y 56 latifundios, entendidos como tales,
según se define en la Ley de Tierras, los terrenos de más
de 5.000 hectáreas improductivas.
Los
terratenientes. Entre las compañías extranjeras
también se ha instalado la inquietud después de que
el ministro de Agricultura, Arnaldo Márquez, afirmase que
las tierras que utiliza la firma británica Vestey (en el
estado de Cojedes) debían ser entregadas al Gobierno para
que sean repartidas entre los pobres porque se trata de tierras
del Instituto Agrario Nacional y del Instituto Nacional de Tierra
(INTI). La granja en cuestión se llama El Charcote, tiene
13.000 hectáreas y es una de las mayores productoras locales
de carne.
El
Grupo Vestey lleva en Venezuela más de 100 años. Pero
ahora su permanencia peligra. El embajador del país latinoamericano
en Londres, Alfredo Toro, asegura que El Charcote forma parte de
un grupo de tierras que están siendo desaprovechadas y que,
además, los títulos de propiedad no están en
regla.
Hay
otras familias tradicionales de terratenientes en Venezuela que
ante esta situación han optado por callar. Según el
diarion venezolano online Descifrado.com, las familias
Branger, Boulton y Blohm han sido identificadas como objetivos del
Gobierno, pero sus asesores legales les han recomendado que guarden
silencio y que no promuevan enfrentamientos ni debates públicos
con el Gobierno para evitar que el presidente Chávez arremeta
directamente contra ellos.
Mientras
tanto, desde el Gobierno se insiste en que no hay ánimo confiscatorio
en su lucha contra el latifundio. Según un comunicado hecho
público por la Vicepresidencia hace unos días, no
se trata de "subvertir el orden constitucional ni el Estado
de Derecho, sino que, por el contrario, lo afirma y lo desarrolla".
Además, en el texto se asegura que "en nuestro país
está demostrado que donde hay menos latifundio, hay más
productividad de la tierra y donde hay más justicia social
en la distribución de ésta hay más paz".
VNZ
MCR
|
