Viernes 14 de enero de 2005


El presidente Hugo Chávez logra sumar apoyos entre la oposición y los empresarios

Guerra al Latifundio en Venezuela

Por Americaeconomica.com

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha iniciado una batalla sin cuartel contra los terratenientes del país. El mandatario quiere eliminar los latifundios y repartir las tierras ociosas entre los campesinos. Pero su iniciativa ha generado muchas reticencias entre sectores que temen que esta guerra derive en procesos expropiatorios. Aunque también tiene muchos aliados. Entre ellos, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, la cabeza visible de la oposición, que ha sorprendido a sus electores anunciando que aplicará el decreto presidencial contra el latifundio.

La decisión de Manuel Rosales de unirse a la lucha de Chávez contra el latifundio ha cogido desprevenidos a los ciudadanos de Zulia que le votaron y las fuerzas opositoras aunque desde algunos ámbitos se señala que a Rosales no le ha quedado más remedio que adoptar una postura conciliadora con el Gobierno para sobrevivir (políticamente).

Rosales, según señalan algunos analistas políticos, ha sido, en cualquier caso, prudente, ya que ha esperado a que Chávez emitiera el decreto sobre la Ley de Tierras para actuar. Este texto legal fue firmado por el presidente venezolano el pasado 10 de enero para establecer la "reorganización de la tenencia y uso" de las tierras agrícolas con el objetivo de "eliminar" el latifundio en el país.

El gobernador de Zulia ha anunciado que emitirá un decreto regional para crear un consejo de desarrollo rural formado por varios organismos que será el encargado de estudiar la situación de los terrenos improductivos en este estado.

Según Rosales se garantizará el estado de Derecho, "habrá negociaciones y diálogo para que lo que es tierra ociosa se integre al proceso de producción". Además, ha asegurado que habrá coherencia y respeto a la propiedad privada.

Pero a pesar de todo, los productores agrarios de Zulia se han enfadado. Este gremio considera que al apoyar la intervención de las propiedades y vincularse al reordenamiento de tierras, Rosales no está siendo consecuente con el estado ni con los productores que han generado riqueza y empleo en la región.

Sin embargo, no es el único gobernador opositor que, en esta ocasión, caminará junto a Chávez. También ha anunciado que se sumará al decreto presidencial el de Nueva Esparta, Morel Rodríguez.

Los empresarios. También los empresarios han entendido la guerra de Chávez. La presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, se ha pronunciado a favor de la eliminación de las tierras improductivas aunque admite que le preocupa la forma en que se pretende librar esa guerra.

Albis Muñoz asegura que los empresarios son los primeros que quieren que se combata el latifundio pero que en el sector preocupa la manera en la que se está gestionando esa lucha. En concreto, están inquietos por el hecho de que los gobernadores de varias provincias ya han publicado decretos sin ningún tipo de coordinación. "Vemos que hay cierta anarquía pues cada uno hace una interpretación de la Ley de Tierras", afirma la representante de los empresarios.

En este sentido, Muñoz considera acertado el hecho de que el Gobierno haya publicado un decreto sobre el asunto con el fin de unificar criterios y haya creado una comisión que se encargará del tema y que presidirá el ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán. Esa comisión especial se denomina Comisión Agrícola Nacional y será la encargada de coordinar los esfuerzos de la Administración para erradicar los latifundios improductivos. Este organismo ha entregado ya al vicepresidente, José Vicente Rangel, un informe con el plan de intervención de tierras ociosas públicas y privadas. El documento define el marco jurídico que se aplicará para llevar a cabo esta operación y es la base de la nueva Ley de Tierras que estará lista en una semana.

Decretos zamoranos. La preocupación de la presidenta de Fedecámaras se refiere concretamente a la actitud de los gobernadores de Cojedes, Monagas y Yaracuy que en el mes de diciembre publicaron sus respectivos decretos para revisar una serie de fincas con el objetivo de determinar si debían ser rescatadas por el Estado.

Estos decretos, conocidos como "decretos zamoranos" enfadaron a la oposición y a varias organizaciones, tanto civiles como agrarias. El ex presidente de la Confederación Venezolana de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Hiram Gaviria, afirmó que son inconstitucionales porque el poder provincial no está facultado para legislar en materia de ordenación del territorio ni administración de tierras baldías.

Estas iniciativas particulares y las del Gobierno se basan en la Ley de Tierras que Chávez resucitó en el año 2001 y que debe aplicarse a las propiedades de más de 10.000 hectáreas ociosas a través de acuerdos con los propietarios o expropiaciones. Según cálculos oficiales, las tierras improductivas en Venezuela abarcan casi un millón de hectáreas. El presidente del INTI, Eliécer Otaiza, asegura que en Venezuela hay 500 terrenos ociosos y 56 latifundios, entendidos como tales, según se define en la Ley de Tierras, los terrenos de más de 5.000 hectáreas improductivas.

Los terratenientes. Entre las compañías extranjeras también se ha instalado la inquietud después de que el ministro de Agricultura, Arnaldo Márquez, afirmase que las tierras que utiliza la firma británica Vestey (en el estado de Cojedes) debían ser entregadas al Gobierno para que sean repartidas entre los pobres porque se trata de tierras del Instituto Agrario Nacional y del Instituto Nacional de Tierra (INTI). La granja en cuestión se llama El Charcote, tiene 13.000 hectáreas y es una de las mayores productoras locales de carne.

El Grupo Vestey lleva en Venezuela más de 100 años. Pero ahora su permanencia peligra. El embajador del país latinoamericano en Londres, Alfredo Toro, asegura que El Charcote forma parte de un grupo de tierras que están siendo desaprovechadas y que, además, los títulos de propiedad no están en regla.

Hay otras familias tradicionales de terratenientes en Venezuela que ante esta situación han optado por callar. Según el diarion venezolano online Descifrado.com, las familias Branger, Boulton y Blohm han sido identificadas como objetivos del Gobierno, pero sus asesores legales les han recomendado que guarden silencio y que no promuevan enfrentamientos ni debates públicos con el Gobierno para evitar que el presidente Chávez arremeta directamente contra ellos.

Mientras tanto, desde el Gobierno se insiste en que no hay ánimo confiscatorio en su lucha contra el latifundio. Según un comunicado hecho público por la Vicepresidencia hace unos días, no se trata de "subvertir el orden constitucional ni el Estado de Derecho, sino que, por el contrario, lo afirma y lo desarrolla". Además, en el texto se asegura que "en nuestro país está demostrado que donde hay menos latifundio, hay más productividad de la tierra y donde hay más justicia social en la distribución de ésta hay más paz".

VNZ MCR

 
   

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