Viernes 14 de enero de 2005

La hermana del presidente fue detenida esta semana por su implicación en el caso de las firmas falsas de Perú Posible

La sombra del fraude se acerca a Toledo

Por Carolina Caro

El juez Seúl Peña, que investiga el caso de las presuntas firmas falsas que presentó Perú Posible (PP), partido del Gobierno, al registro electoral, ordenó el martes pasado el arresto domiciliario de la hermana del presidente, Margarita Toledo, junto a 25 personas más, tras abrir un proceso penal contra ellos por su presunta implicación en el fraude. Alejandro Toledo no ha querido hacer declaraciones, pero sí lo han hecho miembros de su partido al afirmar que confían en la inocencia de Margarita a la que no apartarán de las actividades de PP.

El panorama político de Perú está agitado. Esta semana, a la sorpresiva dimisión del ministro de Interior, tras sufrir presiones por su actuación durante la toma de una comisaría por un grupo nacionalista, se une el hecho de que la hermana del presidente haya sido detenida.

El caso de las firmas falsas ha dado un paso importante estos días, ya que los principales testigos y acusados del supuesto fraude han comparecido ante el juez Peña. Los implicados son en su mayoría miembros de PP, pero entre ellos también aparecen ex funcionarios de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y familiares de Toledo: su hermana, su cuñado y algunos sobrinos.

La investigación se está desarrollando por un doble cauce, el de la vía penal y el de la vía parlamentaria. Fue el fiscal Arturo Chalco el que lo denunció ante un tribunal penal cuando el congresista de Unidad Nacional (UN) Rafael Rey, le presenta una muestra de firmas, que podrían ser falsas, con las que Perú Posible se había inscrito en el registro electoral. El Parlamento decidió entonces crear una comisión especial que esclareciera los hechos.

PP ha declarado que el fiscal Arturo Chalco actuó presionado cuando denunció el caso ante el tribunal anticorrupción porque sólo investigó las listas de su partido y no las de otros partidos como UN o Perú 2000, grupo de Fujimori.

El vicepresidente del Gobierno, David Waisman, ha manifestado que investigará personalmente los antecedentes del magistrado Chalco porque cree que no actúa con neutralidad. Por otra parte, afirmó que si se demuestra el fraude, dimitirá y se desvinculará de PP.

La Fiscal del Estado, Nelly Calderón, emitió un comunicado el pasado miércoles en el que defendía la actuación desinteresada de Chalco y pidió a Waisman que no interfiriera en las investigaciones.

La acusación cuenta con tres testigos principales que aseguran que varios miembros de PP, con la colaboración de la ONPE en época de Fujimori, iniciaron un entramado destinado a falsificar firmas de simpatizantes con el objetivo de reunir el mínimo de 600.000 rúbricas, necesarias para poder presentarse como partido a las elecciones de 2000. Además, afirman que fueron Margarita Toledo y su esposo, Edwin Suárez, quienes organizaron toda la operación.

Los hechos adquirieron tintes casi de ficción cuando Carmen Burga, una de las tres testigos, huyó del país en extrañas circunstancias después de grabar un vídeo en el que se retractaba de sus declaraciones. Burga volvió esta semana a Perú, con un cambio estético considerable, y concedió una entrevista a una periodista peruana. En ella, Burga afirma que fue obligada a salir del país y que los miembros de PP, Jesús Alvarado y Freddy Otárola, le obligaron a grabar ese vídeo.

Fuentes cercanas a Perú Posible han declarado a Americaeconomica.com que el testimonio de Burga no goza de credibilidad. PP emitiría, según estas fuentes, un comunicado oficial sobre la comparecencia de esta testigo a lo largo de la tarde del viernes. Al cierre de esta edición el partido todavía no se ha pronunciado.

No está clara todavía la participación del presidente en la supuesta fábrica de firmas. Algunos testigos afirman que él conocía toda la operación, pero el tribunal penal no puede juzgarle porque la Constitución no lo permite. Sólo la comisión especial tiene el poder de inhabilitarle del cargo, si se demuestra que tuvo algo que ver con el caso. Toledo no lo tendría fácil si finalmente las pruebas confirman que los miembros de su familia ejercieron el fraude.

Según las últimas encuestas, la mayoría de los peruanos cree que Toledo conocía los detalles de esta operación y se muestra decepcionada con su presidente tras saber que la ONPE del fujimorismo fue la que habría ayudado a PP a inscribirse en el registro electoral y que posibilitó después su elección como mandatario en 2001, con la promesa de limpiar la corrupción del país.

El viernes, Carmen Burga y Margarita Toledo comparecen ante la comisión especial para dar su testimonio a los cinco parlamentarios que llevan el caso, un representante de cada partido. Su presidente, Édgar Villanueva, declaró a Americaeconomica.com que están iniciando los trámites para pedir a Alejandro Toledo que comparezca ante la comisión para que dé su versión de los hechos.

Se presentan, por tanto, tiempos difíciles para Toledo, a poco más de un año para las elecciones generales. El presidente puede perder el apoyo popular, pero, según la opinión de algunos expertos, en pleno año electoral es difícil que el mandatario llegue a ser destituido.

PRR PLT