Viernes 14 de enero de 2005

Las primeras huelgas han finalizado pero continúan las protestas por el alza de los precios de los carburantes

El presidente de Bolivia empieza a superar la crisis

Por Vanesa Camargo

Bolivia acaba de superar los indicios de una revuelta popular al estilo de la que causó la dimisión del anterior presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, al menos temporalmente. El actual mandatario, Carlos Mesa, anunció que si la huelga que comenzó el pasado lunes llegaba a ser violenta, renunciaría a su cargo, pero de momento todo ha transcurrido de forma pacífica.

El Gobierno ha tenido que ceder en una de las principales reivindicaciones del pueblo: la anulación del contrato con la empresa transnacional que gestiona el agua potable. No así en lo que se refiere al aumento de los precios de los carburantes. Mesa reitera su postura de no revocar el decreto vigente desde el 30 de diciembre de 2004 y aunque las primeras movilizaciones han finalizado, las organizaciones sindicales han anunciado que a partir de hoy viernes se radicalizará el movimiento social.

Una marcha multitudinaria que llegó ayer jueves a La Paz, la capital boliviana, dio por concluida una huelga indefinida que había paralizado desde el lunes a la ciudad de El Alto, la más pobre de Bolivia. Los alteños habían conseguido que el Gobierno cediera un poco con el anuncio de Mesa de la ruptura del contrato con la compañía Aguas del Illimani, filial de la transnacional francesa Lyonnaise des Eaux, con el argumento de que la compañía cobra tarifas excesivas y no da servicio a los barrios pobres.

Sin embargo, otro movimiento en la provincia de Santa Cruz, considerada el motor económico del país, anunciaba casi al mismo tiempo la radicalización de su postura, tras haber concluido también un paro cívico de 48 horas y convocaba una huelga de hambre que aún continúa.

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) celebraba la expulsión de la empresa extranjera que “explotaba” al pueblo desde su llegada a Bolivia, en 1997. La marcha tomó durante varias horas el centro urbano de La Paz y los manifestantes dieron al presidente un nuevo plazo para que anule el “gasolinazo”, como se conoce ya al decreto que incrementa el precio de la gasolina un 10% y del diesel un 23%.

Según el presidente de Fejuve, Abel Maman, las demandas pendientes de El Alto serán analizadas inmediatamente por comisiones compuestas por funcionarios gubernamentales y dirigentes cívicos y laborales. Pero Maman ha asegurado que esto “sólo será una pausa” y que la huelga sería retomada si no se llega a un acuerdo entre las partes.

Pero la salida de Aguas del Illimani y la anulación del “gasolinazo” no son las únicas reivindicaciones de los huelguistas. También pretenden que Mesa se vaya de la Presidencia.

Así, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ha pedido al mandatario Carlos Mesa que adelante las elecciones presidenciales si no es capaz de asumir los cambios estructurales que su país necesita y calificó al mandatario como el "enemigo número uno de del pueblo boliviano".

Según la Constitución de Bolivia, Mesa debe terminar su mandato en 2006 o renunciar a su cargo, pero no tiene capacidad de convocar elecciones anticipadas. En el caso de que el presidente dimitiera, debería reemplazarlo el presidente del Congreso, el senador Hormando Vaca Díez, del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), que tampoco es del agrado de Morales. En su discurso, el diputado del MAS también arremetió contra el mirista, a quien llamó "corrupto" y "miembro de las mafias políticas".

El MAS es la principal fuerza política de oposición en Bolivia y también la primera que se sumó a la convocatoria de huelga que hicieron la semana pasada las centrales obreras y los movimientos cívicos del país.

Octubre de 2003, “la guerra del gas”. Hace ya 15 meses, una serie de enfrentamientos entre civiles y policía acabaron con un saldo de más de 60 muertos y varios centenares de heridos. El 17 de octubre de 2003, después de una multitudinaria concentración en La Paz por parte de todos los sectores civiles, Sánchez de Lozada se vio obligado a dimitir y huyó a Miami. Mesa, su vicepresidente en aquel entonces, le retiró su apoyo días antes de ser destituido.

Las revueltas populares que echaron al presidente explotaron por la cuestión de la exportación del gas boliviano como detonante. La política energética de Lozada consistía en vender gas a cualquier país, ya fuera México, EEUU, Paraguay o incluso Chile, el peor enemigo de Bolivia por su eterna negativa a concederle una salida soberana al Océano Pacífico. Por supuesto, las grandes beneficiadas de tales exportaciones eran las petroleras extranjeras, que disponían a su antojo de los recursos energéticos de Bolivia, la segunda mayor reserva de América Latina, después de Venezuela.

Todos los gremios laborales, colectivos sociales y partidos de izquierda iniciaron huelgas por la desconfianza en que los ingresos de las exportaciones de gas revertieran en todos los bolivianos. Y Carlos Mesa se erigió nuevo presidente en medio de la algarabía popular. Al comienzo de esta semana, parecía que la historia iba a volver a repetirse.

BLV PLT