Viernes 28 de enero de 2005

La provincia de Santa Cruz designará esta tarde un Gobierno regional

Bolivia, ¿autonómica?

Por Vanesa Camargo

“En Bolivia estamos acostumbrados a esta situación, se soluciona un problema y aparece otro, al final, las aspiraciones sociales siempre se juntan con las políticas”. Esta es la opinión de un ciudadano cualquiera de La Paz, capital de Bolivia, sobre lo que, según la prensa, es la mayor crisis del país altiplánico desde que su presidente, Carlos Mesa, accedió al poder. La plaza del Cristo de la Concordia, en la ciudad de Santa Cruz, será hoy testigo de un paso histórico de la ciudadanía boliviana: la proclamación de un Gobierno regional al que Mesa no le ha quedado otra opción que dar el visto bueno.

Santa Cruz. Las tres de la tarde (hora local). Unos 300.000 ciudadanos, según los organizadores, están convocados a una cita con la autonomía en la provincia más rica de Bolivia, donde se ubican las principales reservas de gas. El Comité Cívico de esta región puso día y hora para crear una asamblea popular de la que saldrá, según lo previsto, una administración regional. El Gobierno de Mesa anuncio ayer que daría legitimidad al proyecto autonómico, cuando anunció que la ciudad podría nombrar a sus “prefectos”, aunque no a su gobernador. Tan sólo un día antes, el mandatario había calificado la convocatoria cruceña de “anticonstitucional” e “ilegítima”.

El encargado de negocios de Bolivia en España, Julio Aliaga, comentó a Americaeconomica.com la situación actual de la región. Santa Cruz exige una mayor autonomía de gestión. Desde hace décadas, Bolivia ha pasado de ser un Estado centralista a tener una gran descentralización económica. “Pero las organizaciones sociales quieren también la descentralización política”. Tras la asunción de la Presidencia por Carlos Mesa y la celebración de un referéndum del gas, el pasado 18 de julio, que intentó definir la política energética del Gobierno y la propiedad estatal de los recursos del país, el mandatario acordó con el pueblo una Asamblea Constituyente para establecer los cambios tan deseados por la región. Después de medio año, los dirigentes cívicos han decidido acelerar los pasos de la autonomía regional y adjudicarse por su cuenta el nombramiento de las autoridades.

Según, Aliaga, desde ayer jueves, las negociaciones entre Gobierno y organizaciones cívicas han empezado a dar sus frutos, por la cuenta que le tiene a Mesa, ya que “daba la impresión que los enfrentamientos se iban a hacer cada vez más graves”. Hoy se prevé un “cabildo” en Santa Cruz, “donde se supone que debía ser nombrado una especie de Parlamento, y el primer deber de ese Parlamento sería nombrar un Gobernador, pero eso no sucederá”.

Al ser preguntado por las empresas españolas que operan en Bolivia, Aliaga, respondió que no se han visto directamente afectadas, pero sí existe una inseguridad por parte de los inversores ya que el país vive una situación difícil. Sin embargo, “el Gobierno de Bolivia está haciendo un gran esfuerzo para que nada grave suceda”.

Las propias compañías españolas ven el panorama con los mismos ojos. A pesar de que ni Repsol, ni Red Eléctrica, ni Iberdrola quisieron hacer declaraciones oficiales a Americaeconomica.com, todas ellas coincidieron en que las movilizaciones sociales que han surgido en Bolivia no les afectan de ninguna forma y tan sólo han percibido cierto “miedo de los inversores de invertir en el país”. Pero afirman que Mesa ha dado garantías para la inversión extranjera y para que todo lo que suceda esté dentro del marco jurídico.

Al cierre de esta edición aún no había nada decidido, pero ya se conocían dos dimisiones por las dos partes implicadas en esta historia. En el Gobierno, el ministro de Participación Popular, Robert Barbery. En Santa Cruz, el Gobernador Carlos Hugo Molina, 14 meses después de haber sido designado por Mesa y tras haber declarado que él mismo ha “gestionado un instrumento que permitirá a Santa Cruz y a Bolivia tener autonomía más allá de los discursos”.

BLV PLT