Viernes 4 de febrero de 2005

La Fiscalía quiere sentar en el banquillo a los principales banqueros del país

Chávez sofoca una rebelión en la banca venezolana

Por Gema Velasco

A las entidades financieras venezolanas no les gusta la nueva Ley Especial del Deudor Hipotecario que ha aprobado por decreto el presidente Chávez. Esta semana varios de los más notables banqueros del país la han criticado abiertamente. Quizá demasiado. El mismo día que uno de estos hombres fue llamado a dar explicaciones sobre su "acto de rebeldía" en la Asamblea Nacional, la Fiscalía imputaba a siete banqueros por su presunta participación en irregularidades en la concesión de créditos indexados hipotecarios. ¿Presión, venganza o coincidencia? Sea como fuere, la estrategia ha dado resultado. Gobierno y banqueros vuelven a estar en perfecta sintonía. Al menos en apariencia.

La Ley Especial del Deudor Hipotecario (LEDH) la aprobó Chávez ante la incapacidad de los banqueros y el Gobierno para ponerse de acuerdo en la forma de financiar el plan de vivienda que ha puesto en marcha la Administración venezolana.

Según explican fuentes bancarias, hace unos meses Chávez se reunió con un grupo de banqueros para explicarles su plan para reactivar el mercado de la vivienda, un programa que para llevarse a cabo necesitaba que los bancos concedieran hipotecas.

Las entidades financieras propusieron que el Gobierno creara un fondo que se alimentaría con los excedentes de ingresos petroleros conseguidos gracias al repunte del crudo en los mercados internacionales y que se utilizaría para otorgar líneas preferenciales. Ese fondo sería administrado por los bancos. Pero no hubo acuerdo.

Y Chávez reaccionó imponiendo por decreto la LEDH, un texto que, entre otras cosas, obliga a los bancos a conceder una cuota obligatoria de hipotecas sobre la cartera total de préstamos (entre un 3% y un 5%) y a aplicar una tasa social del 11,35%. Ese es el máximo tipo de interés que los bancos podrían aplicar a los préstamos hipotecario concedidos a las personas que cumplan unos determinados requisitos de renta o patrimonio. Esa tasa se calcula cada seis meses.

Pero quedan todavía muchas cosas pendientes que tendrán un posterior desarrollo en el reglamento, como la creación del registro de las personas que son susceptibles de acogerse a la tasa social o el establecimiento concreto de los cupos que tendrán que cumplir los bancos. El presidente venezolano tampoco tiene intención de negociar ni consultar con los banqueros esta reglamentación, según fuentes bancarias venezolanas.

El enfado de la banca. A los bancos no les ha gustado nada la actitud de Chávez y algunos, los menos, lo dijeron en público. Fue el caso de Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco y un hombre que comenzó a hacer banca en los 90 y que ahora es uno de los principales banqueros del país.

Escotet calificó la legislación como "inconstitucional e inconveniente" y anunció que las entidades financieras interpondrán un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para invalidar algunos de los artículos de la Ley y que su entidad no concedería ni un préstamo más hasta que no se aclara la ley.

Sus palabras causaron pavor en el Gobierno e inmediatamente se le llamó para que diera explicaciones en la Comisión de Finanzas del Congreso. El presidente de esta comisión, Rodrigo Cabezas (MVR), ha asegurado a Americaeconomica.com, que exigieron una aclaración a Escotet porque consideraron que actuó de forma "arrogante, prepotente y es inaceptable que un banquero actúe de esta manera".

Y parece que Escotet dio marcha atrás. Según asegura el diputado Rodrigo Cabezas, Escotet explicó que los términos de sus declaraciones fueron inexactos y ratificó que acataba la ley, que aplicaría la tasa social y que seguiría otorgando créditos, incluso afirmó que había acelerado los préstamos en curso, unos 2.000 créditos hipotecarios en los últimos dos meses. Eso sí, sigue estudiando, junto a otros banqueros, la posibilidad de interponer una demanda en el TSJ contra varios artículos del texto. "Están en su derecho", afirma Cabezas.

Unas horas más tarde se producían otras declaraciones curiosas. El presidente del Banco de Venezuela (filial del español Banco Santander), Michel Goguikian, tras una reunión con el vicepresidente del país, José Vicente Rangel, aseguró que la entidad que dirige ha comenzado ya a aplicar la tasa social prevista por la LEDH para los préstamos concedidos para la adquisición de vivienda principal y que era favorable a mantener el diálogo entre la banca y el Gobierno.

El cambio de actitud. Sin duda se trata de un radical cambio de actitud. ¿Qué lo provocó? Quizá influyó el hecho de que ese mismo día la Fiscalía imputara a siete grandes banqueros del país por presuntas irregularidades en la concesión de créditos indexados hipotecarios entre enero de 1996 y julio de 2001. Entre los acusados están Juan Carlos Escotet y Michel Goguikian, quien el día en que se conoció la noticia aseguró desconocer la notificación de la Fiscalía y, además, aseguró que su entidad jamás había comercializado créditos indexados.

Y también se encuentran Gustavo Marturet (Banco Mercantil), Andrés Azpurua (Provivienda), Lautaro Aguilar (Corp Banca), José Pla (Banco Provincial, filial del español BBVA) e Ignacio Salvatierra, que fue presidente de la junta directiva de la antigua Unibanca. Están, por tanto, en la lista negra de la Justicia venezolana todos los grandes bancos del país, nacionales y extranjeros.

Algunas fuentes bancarias reconocen que desenterrar en este momento este asunto podría responder a una intención del Gobierno para presionar a la banca para que relaje su postura ante la LEDH. Y lo cierto es que hay algo raro en la decisión de la Fiscalía.

Hace unos meses comenzó el debate en torno a los créditos indexados, préstamos cuyos tipos de interés se iban reajustando mensualmente en función de la evolución de determinados índices, principalmente el que mide el incremento salarial o la inflación. Pero los elevados tipos de interés y el incremento de los precios provocó que las tasas que cobrababan los bancos fueran demasiado elevadas de forma que los clientes pagaban intereses pero no amortizaban el capital, lo que, según fuentes del Gobierno, provocó la "descapitalización de las familias y la pérdida del patrimonio por las medidas tomadas por los bancos ante la imposibilidad de los prestatarios de pagar el crédito".

Los clientes se quejaron y el diputado Darío Vivas (MVR) -curiosamente el mismo que ha elaborado el proyecto de LEDH- presentó una denuncia en los tribunales. Esa es la que ahora el fiscal ha aceptado, argumentando que los créditos indexados no son legales.

Básicamente que en la práctica los problemas originados por los préstamos indexados se han solucionado ya que los bancos tienen obligatoriamente que aplicar la LEDH y, por tanto, no hace falta que este conflicto llegue a los tribunales.

A destiempo. Incluso están de acuerdo en este extremo algunas fuentes próximas a Chávez que han preferido mantener el anonimato. "Si la ley (la LEDH) está protegiendo a las familias ya que obliga a los banqueros a recalcular los créditos e incluso a devolver lo cobrado de más, yo creo que desde el punto de vista penal el problema está superado. Las familias están reparadas y los tribunales son innecesarios", afirma esta fuente que, además, agrega que la decisión de la Fiscalía "se ha producido a destiempo", ya que hace ya dos años que lleva rondando este asunto.

Desde el Gobierno también se asegura a este diario que hay buen ambiente con los bancos venezolanos, "están ayudando y no hay confrontación".

Estas palabras y las que recientemente han manifestado en público algunos banqueros parecen indicar que todos están contentos. En el caso de que Chávez haya intentado presionar a las entidades parece que el resultado ha sido espectacular. Quizá incluso se haya producido algún tipo de acercamiento, todavía secreto, entre ambos bandos.

Las quejas. En cualquier caso, es obvio que los banqueros han decidido, al menos de momento, templar sus declaraciones. Aunque sólo sea en público.

Fuentes bancarias han asegurado a Americaeconomica.com que la ley no les gusta pero "somos conscientes de que no hay marcha atrás y hay que intentar llevar la fiesta en paz, es una restricción que tenemos que soportar".

Además, en contra de lo que declaró Escotet en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sí parece que el sector ha frenado la concesión de créditos hipotecarios. Según ha asegurado a este diario un analista bancario independiente, "el planteamiento de la banca jamás fue el de incumplir el texto legal, lo que se está solicitando es que se resuelvan los asuntos pendientes para poder aplicar la ley, lo que en la práctica ha ocasionado que los créditos se paralizaran".

Este experto considera, además, que la LEDH podría ser contraproducente porque se calcula que en Venezuela hay 1,6 millones de familias que buscan una vivienda y la nueva legislación impulsará las solicitudes de estos inmuebles lo que "ante la falta de viviendas es posible que provoque un incremento de los precios en el sector inmobiliario". En este sentido, esta misma semana, el ministro de la Vivienda, Julio Montes, aseguró que espera poder satisfacer las necesidades de vivienda de 200.000 familias cada año hasta 2021.

El coste para los bancos. La nueva legislación también pasará factura a las cuentas de los bancos puesto que la ley establece una tasa preferencial muy por debajo de la tasa promedio activa. Según datos recientes el Banco Central de Venezuela (BCV), este tipo de interés medio en el segundo semestre de 2004 fue del 17,48%. Sobre este porcentase se calculó la tasa social, ahora fijada en el 11,35%, y que será revisada cada seis meses estableciendo el máximo que se podrá cobrar en el 18%, en el caso de que las tasas activas superen el 40%.

Según los expertos consultados, el hecho de que la tasa preferencial sea bastante inferior a la media del mercado es de esperar "que se traduzca en un repunte en los tipos de interés que se aplican al resto de créditos para compensar su efecto". Quizá estaba pensando en esto el banquero que ha asegurado a este diario que se intentarán compensar los costes de esta nueva legislación con los beneficios obtenidos en otros negocios, fuentes que también afirman que la percepción en el sector es que "el Gobierno piensa que los bancos ganan mucho dinero y quiere que cumplan con el interés social y, de paso, que ganen menos".

Otros analistas también destacan el hecho de que las entidades financieras, debido a las trabas jurídicas para ejecutar una vivienda principal en caso de impago, "tendrán que establecer especial cuidado en la aprobación de los préstamos hipotecarios".

Hay más problemas. Los banqueros han insistido hasta la saciedad que uno de los problemas que tienen para atender las peticiones del Gobierno para que presten al sector productivo es el hecho de que los depósitos son prácticamente en su totalidad a corto plazo debido a que los ahorradores no se fían de las entidades financieras y el grado de bancarización es todavía muy bajo por lo que si se presta a largo plazo se produce una peligrosa asimetría en el balance.

Además, en Venezuela los ciudadanos están acostumbrados a los sustos económicos (y políticos) y a la volatilidad del tipo de cambio y de los tipos de interés por lo que prefieren guardar el dinero bajo el colchón antes que colocarlo en instrumentos de largo plazo.

Estas reticencias son las que impulsaron al Gobierno de Chávez a obligar a los bancos a otorgar obligatoriamente el 16% de su cartera crediticia a préstamos agrarios y el 3% a microcréditos. Con la nueva ley tendrán, además, que destinar un porcentaje concreto a hipotecas con lo que "cerca de un tercio de la cartera crediticia estará dirigida por el Estado".

Según explican algunos analistas "esto no resolverá el problema de los préstamos para la vivienda. La solución requiere que se logren las condiciones para que se desarrolle un mercado de instrumentos de mediano y largo plazo y que se logre una sostenibilidad del crecimiento económico que permita mantener estables en el futuro los tipos de interés y un control de la inflación que frene el deterioro del salario y del poder adquisitivo".

Además, consideran que el Gobierno debe estimular el sector privado, concretamente al sector de la construcción, para que se incentive la puesta en marcha de nuevas viviendas.

En cualquier caso, y a pesar de estos problemas que denuncia la banca, parece que las entidades financieras han optado por llevarse bien con el Gobierno y asumir el desgaste que supone acatar las decisiones de Chávez. Como dijo un banquero a este diario cuando se desenterró hace unos meses el asunto de los préstamos indexados "las presiones son recurrentes (por parte del Gobierno), pero los bancos han sido capaces de crear un lobby para minimizar los costes”.

En cuestión de horas la tregua que parecía haberse roto entre el Gobierno y los banqueros ha vuelto de nuevo a restablecerse. O eso parece.

VNZ BYS