Viernes 4 de febrero de 2005

Europa, relegada a un papel secundario en las iniciativas políticas respecto al país andino

Colombia, ¿moneda de cambio en las relaciones UE-EEUU?

Por Mabel González Bustelo*

La reunión de donantes internacionales hacia Colombia, celebrada en Cartagena de Indias el 2 y 3 de febrero, es un nuevo reto para que la Unión Europea (UE) defina una estrategia propia hacia aquel país, diferenciada de la de EEUU. En estos momentos, el principal punto de debate es el proceso de desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que negocia con el Gobierno de Álvaro Uribe.

Se trata de un elemento clave en la estrategia del presidente colombiano para movilizar apoyo internacional y ha sido respaldado, con reticencias, por EEUU, pero ha causado gran preocupación por la posibilidad que signifique impunidad para grupos e individuos responsables de graves violaciones de los derechos humanos. La UE mantuvo una postura distante y no comprometió su apoyo.

Pero algunos Gobiernos europeos sí lo han hecho posteriormente, y desde algunos sectores se teme que ceda en su posición tradicional hacia el conflicto colombiano con el fin de buscar un acercamiento a Washington, tras las tensiones y desacuerdos suscitados por la invasión de Irak y ante la reelección de George W. Bush. Desde este punto de vista, Colombia no sería lo bastante importante como para abrir un nuevo "frente" en las relaciones trasatlánticas.

La estrategia de Álvaro Uribe para recabar apoyo internacional se basa en presentar los éxitos de su política de "seguridad democrática" y los avances logrados en la derrota y desmovilización de los grupos armados y en la construcción del Estado de derecho en Colombia. Dentro de ello, la desmovilización de los combatientes de las AUC (3.000 lo hicieron el año pasado) es una baza clave, pues significaría reintegrar a la vida civil a uno de los actores del conflicto con más responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, e instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han expresado su preocupación por la ausencia de un marco legal que garantice a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, lo que puede consagrar la impunidad.

Además los paramilitares no están dispuestos a entregar los bienes obtenidos durante años de enriquecimiento ilícito basado en el uso de la fuerza y en la expropiación de bienes, así como por su participación directa en el negocio del narcotráfico.

"Guerra global antiterrorista". Uribe encontró un apoyo decidido de la Administración estadounidense para sus políticas de fuerza. Tras el 11-S, Washington enmarcó el conflicto colombiano en su "guerra global antiterrorista" y éste pasó a ser considerado un problema de terrorismo, dejando en un segundo lugar otros factores. Esta estrategia es compartida por el Gobierno de Uribe que considera que Colombia no sufre un conflicto armado, sino que se trata de un Gobierno legítimo que lucha contra narcoterroristas. Colombia es ya el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense, tras Israel y Egipto, con más de 3.500 millones de dólares desde el año 2000. Esta tendencia continuará porque Colombia es un país clave para Washington y porque es la respuesta al alineamiento de Uribe con sus posturas (fue el único Gobierno latinoamericano que apoyó la invasión de Irak y ha eximido a los ciudadanos estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en su territorio).

Washington ha expresado preocupación porque la desmovilización de los paramilitares, tal como está planteada, puede significar impunidad para poderosos narcotraficantes y socavaría de esta forma la legitimidad política de su política antidrogas. Sin embargo, y aunque no se lograron avances en ese sentido, en 2004 aportó dos millones de dólares para este proceso. Este año serán más de tres, condicionados a un marco legal adecuado y al compromiso de los miembros de las AUC de respetar el cese de hostilidades y no volver a desarrollar actividades ilícitas. Estas garantías no están a la vista y, si esto no se exige con la debida contundencia, los fondos podrían contribuir a agravar la situación.

Derechos humanos. Todo esto ha supuesto problemas para la Unión Europea. Uribe pretende lograr en Europa apoyo político y económico y que se dejen de cuestionar los efectos de sus políticas para la situación de los derechos humanos. La postura de la UE, desde hace años, y así lo manifestó en numerosos documentos, era que la salida al conflicto colombiano sólo sería posible mediante el diálogo político y la negociación. Esto se tradujo, por ejemplo, en un apoyo decidido al proceso de paz que llevó a cabo el anterior presidente, Andrés Pastrana, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, las propias contradicciones internas de la UE y la dificultad de lograr una postura común han restado eficacia a sus esfuerzos. Mientras el Parlamento Europeo ha sido la instancia comunitaria más crítica con el Gobierno colombiano, y el anterior comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, mantuvo la postura de exigir respeto de los derechos humanos y cumplimiento de las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la oficina de Javier Solana ha dado más respaldo a Uribe.

La Declaración de Londres, de julio de 2003, firmada también por la UE, apoya a Uribe en sus políticas de desarrollo institucional, lucha contra los grupos armados y el narcotráfico, a la vez que reclama avanzar en la protección de los derechos humanos y las recomendaciones de la ONU. La evaluación de esos avances es la clave para la adopción de nuevos compromisos financieros en Cartagena o para decidir apoyar el proceso de desmovilización de las AUC.

Tras la conjunción de Uribe en Colombia con Bush en Washington, la UE se ha visto relegada a un papel secundario en las iniciativas políticas en relación con Colombia. A la vez, y obligada a un equilibrio que consiga no deteriorar más las relaciones con Washington, ha adoptado ciertos aspectos del discurso de "terrorismo" e incluyó a los miembros de las organizaciones armadas colombianas en su listado de organizaciones terroristas. En cuanto a la desmovilización paramilitar, algunos documentos y la postura de determinados Estados miembros han suscitado preocupación porque suponen un cambio cualitativo. Suecia, Alemania y Holanda decidieron apoyar la Misión de Verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso e intentan convencer a otros socios comunitarios de que lo hagan. Esto se debería a que Uribe presenta el proceso de desmovilización como un hecho consumado, al anuncio de nuevos apoyos desde la comunidad internacional (incluyendo el de EEUU), y a los esfuerzos del Gobierno colombiano por persuadir a los miembros de la UE. La UE sigue condenando la impunidad, pero ha sugerido que podría dar su apoyo político y económico si se cumplen algunas condiciones básicas.

El pasado 13 de diciembre, el Consejo de Ministros de la UE adoptó un texto de conclusiones sobre Colombia que será la pauta de la PESC en los próximos meses. El texto fue interpretado desde el Gobierno colombiano como un espaldarazo a sus políticas, ya que el documento apoya "los esfuerzos por restablecer el imperio de la ley y su lucha contra el terrorismo y las drogas, sus esfuerzos por reformar la economía e incrementar la cohesión social y la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno". Sin embargo, también incluye referencias expresas en cuanto a derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y procesos de paz. Desde sectores de la sociedad civil colombiana se interpretó como un síntoma de que la UE carece de una visión de conjunto de la situación colombiana y de una estrategia frente a la reconfiguración del modelo de Estado que allí se está produciendo.

La actual coyuntura internacional no debe llevar a la UE a cambiar su postura frente a Colombia para contentar a EEUU. La necesidad de un acercamiento con Washington no debería ser excusa para respaldar políticas de violencia o antidemocráticas, especialmente en un país clave en la seguridad andina y con la crisis humanitaria más grave del continente. Además, su influencia política crece cuando mantiene una estrategia diferenciada de la de Washington y la crisis con respecto a Irak demostró que es posible desmarcarse sin que ello suponga una ruptura sino un ejercicio de responsabilidad. Esto es válido también para Colombia.

Por eso desde la UE debe rechazarse cualquier posibilidad de impunidad y exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en esta materia, supeditando su ayuda y apoyo político a las garantías de que el proceso culminará con la verdad, justicia y reparación. Asimismo, son imprescindibles estrategias claras para que se respete el alto el fuego y cese de hostilidades, garantías de que los desmovilizados no vuelvan a integrarse en grupos armados, devolución de bienes apropiados de forma ilegal y el fin de los lazos entre elementos del Estado y grupos paramilitares. Éste sería el primer paso para comenzar a definir una estrategia global de paz. El Gobierno español, por su parte, tiene aquí una oportunidad de poner en práctica su apuesta por políticas de multilateralismo y paz, defendiendo dentro de la UE una estrategia hacia Colombia basada en promover el diálogo, la negociación y el respeto de los derechos humanos.

*Analista del Centro de Investigación para la Paz (CIP)
Agencia de Información Solidaria (AIS)